En 1996, un economista de apenas 35 años tomó una decisión que pocos funcionarios están dispuestos a tomar: renunciar. Miguel Gómez Martínez era vicecontralor general de la República, nombrado apenas dos años antes por David Turbay Turbay, cuando el país se hundió en el escándalo del Proceso 8.000, el que terminaría por llevar a su propio jefe a la cárcel. Gómez no esperó a ver cómo se desenredaba el hilo: presentó su renuncia y se apartó del cargo antes de que la crisis lo alcanzara.
Tres décadas después, ese mismo instinto de saber cuándo actuar con firmeza es, según quienes lo conocen, la razón por la que Abelardo de la Espriella lo escogió para gobernar las finanzas de un país que hoy enfrenta su propia crisis fiscal.
Gómez Martínez nació en Bogotá en 1961, en el corazón de una de las familias que más ha marcado la historia política y económica de Colombia en el último siglo. Es nieto del expresidente Laureano Gómez, hijo del político conservador Enrique Gómez Hurtado y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, fundador de la Universidad Sergio Arboleda y del Movimiento de Salvación Nacional, asesinado en 1995.
Con ese apellido pesando sobre los hombros, construyó su propia trayectoria: economista del prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, con maestrías en Economía Internacional y Ciencia Política, y —un dato que rara vez aparece en los perfiles publicados hasta ahora— oficial profesional de la reserva de la Armada Nacional con el grado de teniente de navío, una faceta militar que contrasta con su imagen de economista de gabinete.
Su hoja de vida es, en realidad, un mapa de casi cuatro décadas moviéndose entre el sector público, el gremial, la diplomacia y la academia sin detenerse nunca del todo en uno solo. Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda con apenas 25 años, presidente ejecutivo de Asocolflores en dos ocasiones distintas, asesor económico de Juan Manuel Santos cuando este era ministro de Comercio Exterior, presidente de Bancóldex durante el gobierno de Andrés Pastrana, embajador de Colombia en París nombrado por Álvaro Uribe, director de la Cámara de Comercio Colombo Americana, representante a la Cámara por Bogotá, presidente de Fasecolda y, en dos periodos distintos, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, además de más de 25 años como profesor de macroeconomía en el CESA.
Hay un hilo en esa trayectoria que ningún otro medio ha desarrollado con suficiente detalle y que explica, mejor que cualquier discurso de campaña, por qué llegó a este cargo: su relación con José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo.
Los caminos de ambos se cruzan una y otra vez a lo largo de los años —los dos fueron presidentes de Bancóldex, los dos fueron decanos de Economía en el Rosario, Restrepo incluso llegó a ser rector de esa misma universidad—, pero el vínculo es más antiguo y más personal de lo que sugiere esa simple coincidencia de cargos: en su primer paso por la decanatura del Rosario, Restrepo fue monitor de Gómez, es decir, su asistente académico.
Restrepo también fue quien, años después, lo volvió a llevar al CESA como profesor cuando asumió la rectoría de esa institución. Fue, según reportó La Silla Vacía, el propio Restrepo quien recomendó a Gómez para el Ministerio de Hacienda. Lo que hoy se presenta como un nombramiento técnico es, en el fondo, la historia de dos economistas que llevan compartiendo pasillos, cargos y confianza mutua desde hace más de veinte años.
Ese entramado familiar y personal —su hermano Enrique preside Salvación Nacional, el partido que le dio el coaval a De la Espriella; su sobrino Nicolás Gómez asumirá como secretario privado del presidente— ha generado lecturas encontradas sobre si su llegada representa una ruptura real con las élites tradicionales o una continuidad de ellas bajo un nuevo empaque.
Pero más allá de esa discusión política, lo que Gómez trae a la mesa es algo que pocos ministros de Hacienda en la historia reciente del país han tenido: haber estado, literalmente, en todos los costados de la mesa —vigilando el gasto público desde la Contraloría, prestando dinero a las empresas desde Bancóldex, representando a Colombia en Europa desde una embajada, y enseñándoles economía a generaciones enteras desde el salón de clase—. Ahora le toca reunir todas esas miradas en una sola: la de quien decide, desde el Palacio de Nariño, cómo se administra la plata de todos los colombianos en medio de una de las coyunturas fiscales más exigentes de los últimos años.
