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Mercenarios

por El Expediente
julio 11, 2021
en Opinión
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¿Quién dio la orden?
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Por: Jazmín Balaguer

El Magnicidio del Presidente Jovenal Moïse, que involucra a mercenarios colombianos, hace necesaria una revisión del contexto que rodea este crimen, así como el de ese oficio, no siempre ilegal, que despierta grandes dudas.

A mayor reputación de un ejército en el mundo, por su alto entrenamiento, efectividad y experiencia en terreno, más demanda tendrán sus hombres para ser reclutados por ejércitos extranjeros, con el objetivo de llevar a cabo trabajos del alto riesgo, principalmente en conflictos y guerras internas o regionales, a cambio de dinero. Muchos de ellos, también son contratados para participar en crímenes de gran complejidad, por sectores corruptos, o por el crimen transnacional.

Óptimamente, se buscan uniformados de las unidades élite, que son las de misiones no convencionales por aire, mar y tierra, como eliminar blancos estratégicos, reconocimientos especiales, guerra asimétrica, espionaje, defensa interna en el extranjero, contraterrorismo, rescate de rehenes fuera de fronteras, entre otros. Entre ellas están:
-La Fuerza de Guerra Naval Especial de España
-El Grupo Alfa ruso. Unidad antiterrorista creada por la KGB

-El Sayeret Matkal, de las Fuerzas de Defensa de Israel

-El Servicio Aéreo Especial británico (SAS)

-Los equipos de Mar, Aire y Tierra de la Armada de EE.UU. (US Navy SEAL)

Nuestras Fuerzas Armadas se han posicionado a nivel global, por lo cual asesoran a ejércitos y policías de diferentes países, que nos ha llevado a establecer números acuerdos de cooperación en seguridad, y ganarnos un lugar en la OTAN. Nuestro conocimiento en inteligencia, y lucha contra uno de los más grandes fenómenos de macrocriminalidad en el mundo, es de exportación. Lamentablemente, cuando alguien es tan bueno haciendo el bien, lo puede ser, para hacer el mal. Esa visibilidad ha llevado, a que nuestros uniformados activos o en retiro, principalmente de unidades como contraguerrilla, sean altamente cotizados.

Lo anterior, entre otras razones, hace que lo sucedió en Haití donde involucra a una veintena de ellos, genere mucha suspicacia.

Ese país del caribe, es el más pobre del continente americano, con una calidad de vida y de ingresos 6 veces inferior a Colombia. Con un convulsionado sector político y social, que lo ha marcado una larga dictadura, golpes de estado, rampante corrupción, muy débil institucionalidad, y una grave situación de seguridad con casi 70 bandas criminales, delincuenciales, guerrillas, y una sociedad armada, sumergida en la violencia, secuestros, asesinatos e impunidad. A esto se suma, la cuestionada elección de Moïse en 2015, que le generó tal impopularidad y protestas en contra, que lo mantuvieron encerrado los últimos meses en su residencia, desde donde denunciaba un intento de golpe de estado, y un plan para asesinarlo, lo que finalmente ocurrió.

Colombia brinda a Haití, hace muchos años, asistencia en diversos temas, entre ellos, de asesoría para el fortalecimiento de la seguridad. Una de las fuertes hipótesis que maneja Puerto Príncipe, es que los exmilitares habían sido contratados por el propio gobierno para combatir a las guerrillas, lo cual no se encuentra dentro de ningún marco de cooperación bilateral, se hace a título personal.

No es normal, ni en un país como el de esta isla, llegar a atentar contra su Presidente, sin estar involucrado su esquema de seguridad más cercano. Suena lógico, que el Gobierno o una parte de el, posiblemente ante el riesgo inminente que el mandatario fuera depuesto, producto de lo arrinconado que ya se encontraba, quisiera aprovechar el apoyo que recibía de Estados Unidos, por intereses de estabilización, para que una vez asesinado, y ante el empeoramiento del estallido social, se involucrara con tropas como en el pasado, y permitiera la continuidad de ese mismo sector político.
Sin embargo, sería muy torpe contratar mercenarios que hagan una operación donde desaparezcan sin rastro, dejándolos a ellos expuestos y en riesgo. Por lo que concentrar la atención internacional sobre esos exmilitares, sería útil para ganar tiempo, mientras se muestran resultados, para tratar de apaciguar los ánimos internamente.

Eso explicaría, porque fueron tan fácilmente capturados, relativamente cerca a la residencia del Presidente, porque fueron asesinados varios, entre ellos, el enlace para el contrato; donde era evidente que no tenían ninguna logística, apoyo, ni plan para huir, cuando son cuestiones elementales en el Bloque de Búsqueda al que pertenecían, de una fuerza pública, altamente superior a la haitiana.

Si cayeron en una trampa, y fue el Gobierno, estamos frente a una razón de Estado, lo que haría muy difícil su extradición, o garantizarles un debido proceso en ese territorio.

El Estado Colombiano tendrá que hacer grandes esfuerzos diplomáticos directos y a través de la comunidad internacional, para tratar de evitar esa situación. Mientras eso sucede, y en el escenario, en que uno o varios de ellos, fueran los autores materiales, no compromete ni a la institución ni al Estado, tampoco depende de la Doctrina, ni de su condición socioeconómica. Es un mal, que padecen los más importantes ejércitos del mundo, en las más fuertes democracias.

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