Por: Andrés Villota
En el año 2014, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), fijó el precio y ordenó recomprar un paquete de acciones de propiedad de la EEB, equivalente al 31,92% de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), por $909 millones de dólares (incluidos todos los gastos) que su antecesor, Samuel Moreno Rojas, en el año 2010, había vendido a Citi Venture Capital International (CVCI) por, solamente, $400 millones de dólares.
Las operaciones cortas sobre acciones, consisten en vender “caro” un paquete de acciones y luego comprarlo “barato” en mercados a la baja; este tipo de operaciones se utiliza para especular y obtener utilidades.
Un repo sobre acciones hubiera sido infinitamente más barato que la operación corta, pero eso solo demuestra que la ignorancia puede ser muy peligrosa cuando las decisiones sobre la administración de los recursos de una empresa pública, las toman burócratas ignorantes e incompetentes como Samuel Moreno Rojas y su Secretario de Hacienda y Gustavo Petro.
La operación corta que cerró Gustavo Petro generó una pérdida de $505 millones de dólares ($2,25 billones de pesos colombianos) que, en una empresa privada, a Gustavo Petro lo hubieran echado, lo hubieran puesto a pagar hasta el último centavo de la pérdida y lo hubieran metido a la cárcel.
En una empresa privada, priman los intereses de los grupos de interés y los miembros de la junta directiva están para evitar esas iniciativas irracionales, peligrosas para la estabilidad y la viabilidad de la empresa como la decisión tomada por Gustavo Petro en EEB.
El precio de la acción del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), la misma EEB que recompro las acciones de TGI y que cambió de nombre en el año 2017, ha bajado en caída libre desde que la petrista alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López, tuvo la brillante idea de nombrar de presidente del GEB a Juan Ricardo Ortega, el Secretario de Hacienda de Samuel Moreno Rojas, un burócrata que no tiene la más remota experiencia o conocimiento para administrar una empresa del sector real de la economía.
La única experiencia de Juan Ricardo Ortega administrando algo y manejando dinero, se limita a cuando fue el Secretario de Hacienda de Bogotá, durante la administración corrupta de Samuel Moreno Rojas, que hoy se encuentra preso por actos de corrupción durante su alcaldía.
A Samuel Moreno Rojas lo metió en la cárcel, Gustavo Petro, un ex miembro del grupo terrorista M-19, grupo de forajidos creado por Luis Alberto Morantes Jaimes, alias “Jacobo Arenas” (que le encantaba tomar Dom Pérignon en el monte) con la disculpa que le habían robado las elecciones al dictador Gustavo Rojas Pinilla, abuelo de Samuel Moreno Rojas, el jefe de Juan Ricardo Ortega que hoy es el CEO de GEB.
Juan Ricardo Ortega, aunque estudió en Yale, es tan incompetente para dirigir una empresa que no se ha dado cuenta que es por culpa de él que el precio de la acción de GEB ha caído un -25% desde que Claudia Nayibe López lo sentó en el puesto del CEO.
Debería llamar a su amigo, el profesor Juan Carlos Echeverry, para que le cuente, siendo el CEO de Ecopetrol, cómo hizo caer la acción a mínimos históricos por culpa de su ignorancia y falta de experiencia en la industria de oil & gas.
Juan Ricardo Ortega, en medio de su desconocimiento del mercado bursátil, mostrado desde la operación corta sobre las acciones de TGI, tuvo la osadía de afirmar que el precio de la acción de la empresa que dirige (GEB), se cayó por culpa del alza de la tasa de interés de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Hasta que no se vaya Juan Ricardo Ortega de la presidencia del GEB, ningún inversionista medianamente sensato va a querer comprar parte del paquete de acciones equivalente al 9,40% del total de las acciones en circulación de GEB que quiere vender la alcaldesa Claudia Nayibe López porque Bogotá se quedó sin recursos por gastarlos en la justicia climática, la equidad de género, el empoderamiento de los pueblos aborígenes y en pintura verde.
Los inversionistas temen perder otros $500 millones de dólares por culpa de alguna iniciativa como la de la operación corta del ex Secretario de Hacienda de Bogotá, durante la alcaldía del hoy presidiario, Samuel Moreno Rojas.
En una reciente entrevista hecha al petrista Juan Ricardo Ortega dijo que “importar gas desde Venezuela es una opción razonable” en apoyo a la iniciativa de la Ministra de Minas y Energía de Colombia, la filósofa petrista, Irene Vélez. La ministra Vélez, también, tuvo la iniciativa de pedirle a nuestros vecinos y socios comerciales, el decrecimiento de sus economías nacionales para buscar el equilibrio y el desarrollo económico colombiano.
Es evidente que a Ortega y a Vélez, jamás les explicaron que el Niño Dios son los papás. Andrea Padilla la senadora ultrapetrista (del grupo de las Alexandrias), fundamentalista vegana, exige que se acabe con la exportación de ganado en pie y, previamente, había exigido que se prohibiera comer carne en Bogotá durante su paso fugaz, con más pena que gloria, por el Concejo de Bogotá.
A la senadora Padilla, no le importa o no entiende que, con sus iniciativas, se caen los ingresos del país y los problemas por desnutrición se multiplicarán y la demanda de los suplementos vitamínicos necesarios para compensar la falta de proteína animal en la dieta de los colombianos, puede hacer colapsar el sistema de salud.
En las empresas con mayoritaria propiedad estatal, al parecer, persiguen satisfacer los intereses del gobernante de turno bajo un supuesto perverso, en el que el alcalde o el gobernador o el presidente de Colombia se cree el dueño de la empresa y actúa en consecuencia.
La eficiencia, la racionalidad económica, la productividad, la libre competencia parecen no ser relevantes para los que, de rebote, terminan presidiendo una junta directiva o dirigiendo a una empresa; personajes que, en su gran mayoría, jamás han trabajado en el Sector Real de una economía de mercado.
La OCDE recomienda que en las empresas que el Estado tiene participación, no nombren en la presidencia de la empresa o en la Junta Directiva a burócratas porque pueden convertir a la empresa en la caja menor del gobierno de turno y porque los burócratas no tienen la más remota idea de administrar una empresa y, por lo tanto, la pueden llevar a la quiebra.
