Maikelys Antonella Espinoza Bernal, una niña venezolana de dos años, permanece separada de sus padres tras un proceso de deportación ejecutado por autoridades estadounidenses. Su madre, Yorely Bernal Inciarte, fue deportada a Venezuela, y su padre, Maiker Espinoza-Escalona, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, tras un traslado a la base naval de Guantánamo, Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) justificó la separación alegando que los padres son miembros del Tren de Aragua, designado como organización terrorista por EE.UU. en febrero de 2025. No se han presentado pruebas públicas que sustenten esta acusación. Maikelys permanece bajo custodia de una familia de acogida en EE.UU.
La familia ingresó a EE.UU. en mayo de 2024 para solicitar asilo. Tras su detención, Maikelys fue colocada bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), mientras sus padres enfrentaban procesos migratorios. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, los padres tuvieron visitas semanales con su hija en un centro de detención. El 29 de marzo de 2025, Maiker fue trasladado a Guantánamo sin notificación previa y luego deportado a El Salvador. Yorely fue deportada a Venezuela, pero Maikelys fue retirada del vuelo de deportación de su madre. El DHS no ha especificado si Yorely tuvo la opción de permanecer con su hija ni ha proporcionado detalles adicionales sobre el proceso, remitiendo las solicitudes de información a un comunicado inicial.
El gobierno venezolano denunció la separación como una violación de derechos humanos y exigió la devolución inmediata de Maikelys. Nicolás Maduro convocó una marcha en Caracas el 1 de mayo para demandar la liberación de la niña y de 252 ciudadanos venezolanos deportados a El Salvador, quienes, según Venezuela, fueron trasladados sin pruebas de vínculos criminales. El fiscal general, Tarek William Saab, presentó una queja formal ante organismos internacionales, calificando la separación como un acto arbitrario. En redes sociales, particularmente en X, usuarios han difundido el hashtag #FreeMaikelysEspinoza para visibilizar el caso y presionar por la reunificación familiar.
El gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, recibió a los 252 venezolanos deportados en la prisión Cecot, un centro diseñado para pandilleros y señalado por organizaciones internacionales por sus condiciones de reclusión. Bukele propuso un intercambio de estos deportados por presos políticos detenidos en Venezuela, una oferta que no ha avanzado formalmente. Maiker Espinoza-Escalona, en una declaración jurada desde El Salvador, afirmó que las acusaciones en su contra se basan únicamente en tatuajes que, según él, no están relacionados con pandillas.
El caso de Maikelys no es aislado. Otros menores, incluidos ciudadanos estadounidenses, han sido separados de sus padres bajo las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que ha intensificado las deportaciones desde su retorno al poder en 2025. La designación del Tren de Aragua como organización terrorista ha permitido a EE.UU. invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de vínculos con esta banda, aunque documentos judiciales y reportes indican que muchas de estas acusaciones carecen de evidencia verificable. En casos similares, migrantes han sido deportados a terceros países como El Salvador, una práctica que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.
La separación de Maikelys recuerda políticas migratorias de la primera administración Trump (2017-2021), cuando miles de familias fueron separadas bajo la iniciativa de “tolerancia cero”. El DHS sostiene que las separaciones actuales buscan proteger el bienestar de los menores, pero no ha proporcionado información sobre los procedimientos aplicados en el caso de Maikelys ni sobre su situación actual con la familia de acogida. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han documentado que las separaciones de familias migrantes en EE.UU. persisten, a menudo sin notificación adecuada ni acceso a representación legal.
El gobierno venezolano ha anunciado que continuará presionando por la reunificación de Maikelys con su familia y por el retorno de los ciudadanos deportados a El Salvador. Mientras tanto, el caso ha generado atención en medios internacionales y en plataformas como X, donde se comparten actualizaciones y testimonios relacionados con la situación de la niña y otros migrantes afectados por las deportaciones. La falta de transparencia del DHS sobre el destino de Maikelys y las condiciones de los deportados en El Salvador mantiene el caso en el centro de la controversia.
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