Seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, Alejandro Linares; Antonio José Lizarazo; Cristina Pardo; Carlos Bernal; Diana Constanza Poveda y José Fernando Reyes, habrían llegado al tribunal violando la Constitución y no tienen sus puestos asegurados. En este momento el Consejo de Estado estudia una sólida demanda presentada el pasado 17 de octubre por la abogada Astrid Buitrago mediante la que busca demostrar la ilegalidad y revocar el nombramiento de esos togados.
La abogada le explicó a El Expediente los argumentos de su demanda. Dice que la Constitución Política fue modificada por un acto legislativo, el 002 de 2015 o reforma de Equilibrio de Poderes, que reformó 31 articulos de la Constitución, y para este caso el artículo segundo donde se modifica el artículo 126 de la CPC introduciendo la obligatoriedad de una Convocatoria Pública regulada por el Congreso de la República, como requisito sine qua non para la elección de los magistrados. Esto quiere decir que cuando el Presidente de la Republica y los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia presenten sus ternas éstas deben surgir de una Convocatoria Pública regulada por el Congreso, y no por el gobierno nacional.
Esa convocatoria pública, en la práctica, nunca existió. El entonces presidente Juan Manuel Santos y las cortes, incondicionales de su gobierno y del proceso de paz, necesitaban pasar leyes que se exigían desde la mesa de La Habana y mediante un espurio decreto (Decreto 537 de 2015) intentaron ‘regular’ las convocatorias previas a la llegada de estos seis magistrados.
Sin embargo, el propio Consejo de Estado mediante Sentencias de 2017 y 2018 respectivamente, declaró que ni el gobierno ni el Consejo Superior de la Judicatura eran competentes para regular esa convocatoria pública, y recalcó que el único competente era el Congreso, dado que, intentaron hacerlo mediante Actos Administrativos – Acuerdo y Decreto-, que fueron demandados y declarados nulos en iguales Demandas de Nulidad por Inconstitucionalidad
Esos seis magistrados, todos provenientes de cargos allegados al gobierno nacional, llegaron a la Corte Constitucional entre el 7 octubre de 2015 y el 31 de julio de 2017, un espacio de tiempo en el que la Corte Constitucional y estos seis magistrados fungieron de notarios del pacto de la Habana en contravía del triunfo del NO expresado en las urnas en el plebiscito.
Alejandro Linares venía de ser el vicepresidente Jurídico de Ecopetrol; Antonio José Lizarazo fue asesor de los diálogos con las Farc y llegó a la Corte postulado por el entonces presidente del Consejo de Estado el tolimense Danilo Rojas hoy en la JEP; Crisitna Pardo venía de ocupar la Secretaría Jurídica de Palacio con Santos como jefe; y Diana Fajardo, la magistrada que según Benedetti tenía que ser elegida o las Farc volverían a la guerra y se caía el proceso de paz.
