Por: Rafael Nieto
La “seguridad democrática, la exitosa estrategia de Uribe, tenía cuatro pilares fundamentales: a. la voluntad política de derrotar a los grupos armados ilegales, b. la cooperación ciudadana con las autoridades, c. la sofisticación de la inteligencia estratégica, táctica y operacional, y d. el fortalecimiento de la superioridad aérea, tanto para bombardeos como para la ejecución de operaciones helicotransportadas.
Con esa base se le dieron golpes tan contundentes a las autodefensas ilegales y a las guerrillas que no tuvieron opciones distintas a desmovilizarse, las primeras, y negociar, las segundas. Es cierto que la negociación de Santos fue un desastre de tal magnitud que al final fue una entrega del Estado a los bandidos y sembró nuevas violencias, por la impunidad y por los incentivos perversos al narcotráfico que se pactaron con las Farc. Pero esa realidad no contradice el hecho cierto de que no hubiera habido negociación sin esas operaciones militares y policiales previas.
Esos pilares de la seguridad han venido erosionándose sistemáticamente desde que Santos se embarcó en las conversaciones con las Farc.
Lo primero que se vino abajo fue el férreo deseo de derrotar a las guerrillas. Santos prefirió, primero, pactar con ellas en lugar de someterlas y, después, cuando se le venía encima el tiempo del Nobel, hacerlo a cualquier costo, incluyendo dividir el establecimiento y el país y polarizar la sociedad, manosear la Constitución, desconocer la democracia al irrespetar el triunfo del NO en el plebiscito, y pactar la impunidad de hecho de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin esa voluntad política de ganar, las Fuerzas Armadas quedaron sin norte. Y con la JEP y la Comisión de la Verdad, diseñadas para someterlas y humillarlas, sin moral de combate.
Más adelante se desmotaron los mecanismos de cooperación ciudadana con la Fuerza Pública, claves para el éxito en una lucha contrainsurgente. Hoy la gente no solo no tiene incentivos para ayudarle a las FF.MM. y la Policía sino que, al minarles su imagen con la repetición constante de acusaciones en su contra, encuentra razones para distanciarse de ellas.
Y rápidamente se frenaron los bombardeos. Primero, en julio de 2015, Santos ordenó suspender todas las operaciones áreas contra las Farc. Después, les recortó presupuesto y horas de vuelo tanto a la FAC como a la aviación de Ejército. Más recientemente, después de la operación en Caquetá donde murieron adolescentes reclutados por las Farc, apareció el miedo a ser objeto de nuevos cuestionamientos. Ocho meses tuvieron que pasar para que esta semana se usara ese poder aéreo contra el Eln.
Por último, el aparato de inteligencia del Ejército ha sido sometido a un ataque sistemático. Primero, con la acusación nunca comprobada de espionaje a las comunicaciones de los negociadores de paz, salieron de los generales Ricardo Zuñiga y Jorge Zuluaga, jefe de inteligencia del Ejército y director de la Central de Inteligencia Técnica. Después, denunciaron la existencia de Andrómeda, una operación legal, y la vincularon al caso del Hacker que, hoy está claro, fue en realidad un montaje contra Oscar Iván Zuluaga. La acusación proviene del entonces jefe del CTI, Julián Quintana, quien contó que la “información” que había originado el escándalo fue del jefe de inteligencia de Casa de Nariño. Sin ese ruido (y sin la plata de Odebrecht, por supuesto), Santos no hubiera ganado la presidencia. No sobra recordar que fue Semana, bajo la dirección de su sobrino, quien hizo de caja de resonancia del escándalo. Más adelante se llevaron entre las patas al general Oswaldo Peña, por unas fotos equivocadas. Después sacaron al general Eduardo Quirós, jefe de Contrainteligencia. Y desde entonces no se para. En enero, Semana afirmó, de nuevo sin mostrar pruebas, que había otras chuzadas y dijo que un suboficial sostenía que información referente a la magistrada Lombana se le habrían entregado a un “reconocido político” del CD, sin decir su nombre. Hace un par de semanas, se armó una jarana porque supuestamente la Inteligencia habría hecho perfilamientos con información pública.
Entre una cosa y otra, han despedido generales, oficiales superiores y subalternos, y suboficiales de inteligencia y contrainteligencia. No se si algunos miembros del sistema de inteligencia han cometido abusos e, incluso, acto ilegales. No conozco sentencias judiciales que lo hayan comprobado. Y si eran culpables, merecido lo tienen. Pero su desvinculación a la carrera, para tratar de apaciguar a periodistas y a políticos radicales de izquierda, es injusta, viola sus derechos fundamentales y no les da derecho a su defensa, vulnera su buen nombre y trunca su carrera militar. Así no deben ser tratados los soldados y policías de Colombia.
Además, no sirve para tranquilizar a las hienas. Esta andanada contra la inteligencia militar tiene un doble propósito: la venganza contra las unidades responsables de asestar los principales golpes a la guerrilla y la intención de dejar ciega y sorda a las FF.MM. Si de paso se puede dañar a los defensores de las Fuerzas Armadas y al partido de gobierno, tanto mejor.
Sin inteligencia, y sin contra inteligencia, las Fuerzas no son más que un montonera de hombres armados. Ojalá el Gobierno lo entienda.
