Por: María del Rosario Guerra
Inició el debate de la Reforma Fiscal de Solidaridad Sostenible, protagonista por estos días de álgidas discusiones y análisis por parte de economistas, políticos y líderes de opinión, así como de núcleos familiares y amigos. Eso es lo maravilloso de nuestra democracia, poder discutir y dar el debate, con argumentos y siempre de forma constructiva, teniendo como único fin alcanzar y mantener la estabilidad económica y social de nuestro país.
Es cierto que a nadie le cae bien que le hablen de más impuestos o de cambios bruscos en las reglas de juego. Pero la realidad del país, como del mundo entero por cuenta de la pandemia, obligó al gobierno del presidente Iván Duque a tomar medidas de urgencia para responder a la falta de recursos públicos para atender no solo la emergencia sanitaria, sino la situación de ese 45% de los hogares colombianos que hoy están en condición de pobreza, cifra que aumentó 10 puntos con la llegada del covid-19.
Es importante que el país entienda que estudiar y debatir en el Congreso de la República la reforma tributaria presentada por el gobierno es una medida urgente, y que debe implementarse con modificaciones. Pero, además, nos obliga a todos en este crucial momento de dificultades a ser solidarios, en especial a quienes tenemos mayores recursos económicos o no hemos visto afectado nuestro ingreso, como es el caso de los funcionarios públicos. De no dar trámite a esta Ley de Solidaridad Sostenible, con $90 billones de déficit de las finanzas públicas, el Estado se verá obligado a hacer recortes en inversión social y en otros sectores, al tiempo que estaremos abocados a que la estabilidad macroeconómica del país quede en riesgo. Colombia adeuda cerca del 62% del PIB, es decir, que de cada $100 que producimos, debemos $62. Eso refleja, en parte, la magnitud de la crisis.
En mi columna de la semana pasada senté mi posición sobre la sección de gasto social establecido en el proyecto de reforma, donde se proponen alternativas contundentes para contrarrestar el incremento de la pobreza y un paquete de medidas enfocadas en la promoción y conservación del empleo formal. Ahora bien, la pregunta que sigue es: ¿cómo podemos financiar este paquete de medidas de gasto social y sopesar el impacto negativo en las finanzas públicas, sin afectar el poder adquisitivo de los colombianos?.
Como mencioné anteriormente, una de las principales preocupaciones sobre la Ley de Solidaridad Sostenible es cómo afecta el poder adquisitivo de las personas de ingresos medios y bajos. Sobre este punto, me gustaría señalar que el ingreso de los hogares de más bajos ingresos se incrementará con esta propuesta de reforma en 68% gracias a las transferencias de los programas sociales. Con lo cual no solo se contribuye a su bienestar, sino que se estimula la demanda de la economía. De otro lado, las personas ubicadas en los deciles más altos de la distribución del ingreso, entre el decil 7 y 10, evidenciarían una reducción en su poder adquisitivo entre -1% y -4%. Con lo cual se reitera la progresividad de varias de las medidas propuestas en el proyecto de ley en discusión.
Mi partido el Centro Democrático acompaña muchas de las propuestas presentadas en el proyecto de ley, pero ha sido claro en que hay otras que deben ser modificadas para que esta iniciativa cumpla con cuatro principios fundamentales: equidad, solidaridad, austeridad y lucha contra la evasión.
En primera medida, si bien se elimina la contribución del 20% a la factura de los servicios públicos que pagan los estratos 5 y 6, se debe replantear la postura del gobierno de gravar con IVA del 19% los servicios públicos del estrato 4. Hemos propuesto que los servicios públicos de todos los estratos estén excluidos de cualquier gravamen. En esa misma línea es necesario mantener los alimentos de la canasta básica familiar en la categoría de exentos de IVA. Es bueno precisar que de los 181 bienes que conforman la canasta familiar, 98 tienen IVA del 19%, 10 del 5% y 73 productos están exentos con impuesto de 0%, entre ellos los alimentos. Soy consciente de la regresividad del IVA, y por ello hace dos años se aprobó devolver $37.500 mensuales de ese impuesto a un millón de hogares pobres, y en la nueva propuesta de reforma se plantea aumentar esta devolución a $50.000 mensuales para dos millones de hogares. Una ayuda importante para los ingresos de los más vulnerables.
Es bueno resaltar que según la última encuesta Pulzo Social realizada por el DANE, en febrero de este año, 1.5 millones de familias dejaron de tener tres comidas al día, y 92.214, pasaron a tener una sola ración diaria, lo que nos exige evitar alzas en los precios de los alimentos y mayor competitivad en la producción agroalimentaria nacional, frente a los productos importados.
En lo que respecta al impuesto de renta para las personas naturales, reitero la necesidad de que más personas declaren renta con el fin de fomentar la formalización y una cultura de tributación, pero que NO todos paguen impuestos. En este sentido, desde el Centro Democrático proponemos que solo las personas con ingresos superiores a $50 millones anuales paguen una tarifa gradual y razonable dado su nivel de ingresos. Sobre el impuesto a las pensiones, vamos a insistir en que únicamente sean gravadas aquellas subsidiadas con mensualidad superior a los $14 millones. Es importante señalar que actualmente en el Régimen de Prima Media, las pensiones tienen subsidios que se incrementan a medida que aumenta el monto de la pensión, por lo que el Estado subsidia cerca del 60% del monto que reciben las altas pensiones.
Para finalizar, voy a mencionar algunos puntos que defenderemos. No gravar con IVA el servicio de internet para hogares de estrato 3, dado que los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios de estratos 1 y 2 están excluidos del gravamen. Este servicio pasó a ser esencial, como consecuencia de la pandemia, y permite no solo el teletrabajo, sino que niños y jóvenes continúen con sus actividades académicas. Así mismo, revisaremos el incremento del IVA al combustible, sopesando los efectos ambientales, sociales y económicos de esta medida.
Lo importante es dar el debate y hacer las modificaciones en el Congreso, llegando a acuerdos entre las bancadas de los diferentes partidos políticos de apoyar a los hogares pobres y vulnerables, y de aumentar los ingresos tributarios con mayor contribución de las personas naturales de altos ingresos; la sobretasa solidaria y temporal al impuesto de renta a las empresas; la eliminación de beneficios tributarios como el descuento del ICA, y poner la tarifa general de IVA a bienes suntuarios. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para poder recaudar no menos de $13 billones, 45% menos de lo estimado por el gobierno, pero el doble de lo recaudado con la última reforma.
María del Rosario Guerra
@CharoGuerra
