Por: Duván Idarraga
Se conoció el proyecto de ley presentado por el gobierno ante el Congreso denominado Ley de Solidaridad (reforma tributaria), con gran enfoque en lo social. Gran parte de la opinión pública especializada o no, está en contra de la misma; otros, con fundamentos técnicos, la respaldan. Antes de hablar del mismo me parece importante mencionar tres aspectos relevantes:
Primero: La difícil situación fiscal que recibió Duque del gobierno de Santos con cifras absolutamente complejas, cercano a perder calificación de grado de inversión; sin recursos para el funcionamiento del estado, mucho menos para asumir los compromisos de los programas que estaban en ejecución. La mayoría de los proyectos de infraestructura 4G del gobierno Santos, parados, sin cierre financiero.
Segundo: Los enormes compromisos financieros para la implementación del acuerdo Santos FARC por más de $125 billones a 2027, los cuales tampoco tenían financiación. Santos habló del apoyo de la comunidad internacional, pero este fue irrisorio frente a las necesidades totales.
Tercero: La situación afrontada por la crisis del Covid 19 más los estragos del huracán y Iota en Providencia que han implicado un esfuerzo importante de recursos financieros para atenderlas. Imaginemos que habría sido de millones de colombianos sin ingreso, otros que perdieron sus empleos, sin los auxilios otorgados por el gobierno a personas y empresas para asumir la crisis de la pandemia, la situación económica, social y política habría sido muchísimo más grave de lo actual.
Una de esas decisiones del gobierno consistió en inyectar, vía subsidios, una cifra importante de recursos financieros a la economía que se vieron traducidos en que miles de empresas continuaron y salvaron el empleo de millones de colombianos; otros millones de personas tuvieron un ingreso, pequeño a sus necesidades totales, pero que permitió cubrir algunas de ellas y consumir, lo que impidió que la debacle económica del país hubiera sido muchísimo más grave.
Según cifras del gobierno, por Ingreso Solidario más de 3 millones de familias recibieron 9 giros de $160.000, total $4.9 billones; por compensación de IVA 2 millones de hogares recibieron 5 giros de $65.000 c/u, total $3 billones; para protección del empleo más de $4 billones permitiendo que al menos cuatro millones de empleos se mantuvieran; en el programa Colombia Mayor más de 1.6 millones de beneficiarios recibieron 9 giros adicionales; en Jóvenes y Familias en acción más de 2.6 millones de beneficiarios recibieron 5 giros adicionales. La propuesta de la reforma es volver permanente Ingreso Solidario y ajustar los montos según tamaño y características del hogar; en devolución del IVA llevarlo a 4,7 millones de hogares y el monto subirlo a $100.000 bimestrales; el subsidio a la nómina se llevaría hasta junio de 2021 con posibilidad de extenderlo más.
Los recursos de la reforma buscan, por un lado, mantener y fortalecer estos programas para que más colombianos accedan a los mismos y de esta manera inyectar más recursos a la economía, incentivar el consumo y repercutir favorablemente en el crecimiento del PIB para el 2021. Por otro, mejorar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y evitar que las calificadoras disminuyan la calificación y se pierda el grado de inversión con las consecuencias de ello. Es importante mencionar que la mayor parte de recursos de la reforma ingresarían en 2023 cuando el Presidente Duque habrá salido. Se entiende que, pese al costo político, pretende dejar un país en mejores condiciones fiscales y que continúe siendo atractivo a mercados e inversionistas extranjeros.
Los recursos se necesitan, la discusión está en cómo obtenerlos. Muchos no desean pagar, otros no tienen como. Las empresas no pueden asumir nuevos impuestos, esperan que se cumpla lo definido en la anterior reforma y siga la reducción escalonada del impuesto de renta. La clase media no aguanta un impuesto más o el alza de las tarifas actuales, ha sido la gran afectada en las recientes reformas tributarias; mucho más grave, es la que menos beneficios directos recibe del Estado. Incluso, la reforma contempla disminuir el límite de renta exenta del 40 al 25% y la eliminación de algunos de los beneficios tributarios de las cuentas AFC y ahorros voluntarios en fondos de pensión.
La reforma pretende grabar pensiones de más $7 millones mensuales, el Centro Democrático propone que sean más de $14 millones (muy pocos se afectarían); grupo que en mi concepto podría ser grabado en consideración al altísimo subsidio que el gobierno otorga para su pago. También contempla congelamiento de gastos de funcionamiento del Estado y la solicitud de facultades extraordinarias para adelgazar su estructura, algo que debió hacerse un par de un par de años atrás y que habría reducido el ruido que está generando: Muchos consideramos absurdo nuevos impuestos ante el exceso de burocracia (reconozco que en gasto público se ha realizado una importante gestión). También hablan de ampliar la base de contribuyentes, tema que comparto.
La última palabra la tiene el Congreso, el presidente Duque habló de buscar consensos y hacer ajustes con base a las consideraciones de diferentes actores económicos, políticos y sociales. Para mí, es claro que la reforma se necesita, que los recursos tienen buena destinación y el objetivo de mantener el grado de inversión es prioritario. No obstante, es indispensable considerar la situación actual de quienes deben pagarla. Espero se avance en el proyecto de venta de ISA a ECOPETROL, generaría una importante cantidad de recursos al erario, manteniendo la propiedad de la primera en el Estado; de darse, los recursos que se requieran vía reforma no serían tan elevados.
