Por: Paloma Valencia
Empiezan diálogos con el ELN y muchos nos preguntamos ¿habrá aprendido el gobierno de los errores del pasado? Quiero sacar unas conclusiones, sin pretender que sean todas, sobre las lecciones que nos dejó la negociación con las Farc.
En 2016 las FARC desmovilizó 13.957 hombres- quienes hoy tienen un sueldo mensual de por vida-. En cumplimiento de los acuerdos se liberaron 2.124 criminales que estaban en la cárcel.
La Fiscalía dijo que las Farc habían acumulado una cuantiosa fortuna de 22 billones de pesos, sin embargo, el gobierno Santos no les exigió un porcentaje de aquello, les pidió en cambio, que fueran ellos los que inventariaran los bienes ,y las Farc dijeron que sólo tenían 967 mil millones de pesos en bienes. De eso, solo entregaron el 4%. En los próximos 15 años, el acuerdo le costará al país según el Marco Fiscal 129 billones de pesos. Nos quedamos con los criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso, sin votos y con curules y con recursos que les giró el Estado por 9.847 millones.
Y la impunidad rampante, ninguna condena “alternativa” por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. La única decisión sobre un guerrillero que ha resonado es la amnistía por rebelión sobre Granda -el Canciller de las Farc- sobre quien pesa una circular roja de la Interpol por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente del Paraguay. Aunque la desmovilización de esos hombres en armas mejoró la seguridad por algunos meses, la dicha no duró mucho.
En agosto de 2022 el país ya contaba con 13.101 nuevos hombres en armas, faltaban 800 hombres solamente para reemplazar integralmente el número de desmovilizados. Hemos dicho, pero hay que repetirlo, el narcotráfico es la causa principal de la violencia en Colombia. El asunto no fue tenido en cuenta en el acuerdo con las FARC, no hubo delación de rutas, ni socios, ni verdad sobre ese que es el combustible de todas las violencias. Todo lo contrario, los anuncios de pagos a los cultivadores, la prohibición de fumigar y las “nuevas políticas” para enfrentar el narcotráfico generaron el crecimiento desmedido de los cultivos.
Llegamos a más de 200 mil hectáreas. Preocupa que esas “nuevas políticas” sobre la coca son las mismas que quiere seguir implementando el gobierno Petro. La legalización no soluciona el problema por dos razones; primero, debe ser una decisión multilateral aceptada por países consumidores. De nada sirve legalizar en Colombia si no se puede exportar. Ni en EE.UU. ni en la UE han dado síntomas de legalizar la cocaína, en cambio sí de descertificar y sancionar a los países que no la combaten.
Segundo, su legalización no significa de manera inmediata la legalización de los mercados. Colombia tiene una arraigada cultura de la ilegalidad, por ejemplo, la explotación de oro es legal en Colombia, y sin embargo, el 65% de la explotación es ilegal y financia grupos criminales. Usan el discurso de la legalización como un escudo para no hacer nada. Dicen que buscan nuevas políticas para combatir las drogas, pero son muy parecidas a las del Gobierno Santos, podemos aventurarnos a decir que fracasarán.
El ELN tiene 2.743 hombres en armas, 2.654 hombres en redes de apoyo constituidas en 71 estructuras armadas, 6 frentes de guerra rurales,1 frente de guerra urbano, 1 frente internacional, con incidencia en 21 departamentos y 167 municipios. El ELN es federado, por lo cual, no es claro que tenga unidad de mando. Si, como sostienen muchos expertos, cada frente del ELN es libre ¿Cuántas mesas de negociación serán necesarias?
Luego de la negociación con las FARC, unos incumplieron y otros no quisieron incorporarse al dialogo, y eso que las Farc tenían unidad en su mando. ¿Cómo se garantiza que cumplan lo que prometen? Más aun cuando le dan nuevas alas a Iván Márquez quien firmó e incumplió, le dicen al ELN que incluso firmando tienen derecho a incumplir y posteriormente, cuando bien les convenga, volver a negociar. Paloma Valencia
