Por: Alejandro Ramírez
Los Colombianos asistimos estupefactos a una demostración de violencia sin par. Poco o nada hemos visto de esa protesta “pacífica” en que se escudan, ni la veremos. Reclaman como suyo el éxito de destrozar a Chile, pero ahora se ensañaron contra Colombia, con el precedente de haberlo intentado, sin éxito en 2019, gracias a la acción de la fuerza pública y autoridades administrativas. En el 2020 la pandemia lo evitó y en 2021, cuando nos encontramos a 1 año del proceso electoral, jóvenes armados con pistolas, bombas molotov, armas blancas, entre otros, escalan la zozobra y confrontación contra sus conciudadanos, contra la fuerza pública al auxilio de milicias del ELN y las farc, así como de agentes de inteligencia cubana y venezolanos.
A su paso, la destrucción del comercio, la vandalización del transporte público, multitudes caminando hacia sus hogares y lugares de trabajo sin que ninguna autoridad local se atreva a responsabilizarse políticamente; precisamente, porque bajo el calificativo de “pacíficas” las movilizaciones han logrado alojarse en la agenda de mandatarios abiertamente populistas. Con sus omisiones, dichos mandatarios han permitido prolongar el sitio de grandes capitales, convirtiendo en enemigos de sus ciudadanos a los pequeños gremios de transportadores quienes, con el bloqueo de las vías, evitan el abastecimiento de los mercados y un aumento generalizado de precios. También los convirtieron en enemigos de la salud y las misiones médicas, al frente de la tercera ola de una mortífera pandemia, agravando la carencia de insumos vitales para el tratamiento del COVID, como el hoy escaso oxígeno, atrapado en las carreteras. El panorama descrito lo hemos visto claramente en tres grandes capitales.
En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa sabía de antemano que la Policía se vería desbordada para responder a las movilizaciones. Recordemos que al ser señalada como la causante de la elevada inseguridad en la capital, le resbaló cínicamente esta responsabilidad al Presidente de la República, imputándole el déficit de agentes de policía en proporción a sus habitantes. Pese a tener plena conciencia de esta carencia, llegadas las jornadas violentas la alcaldesa rechazó abiertamente el apoyo de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional y sólo permitió su apoyo, para cuidar los destrozos que dejaron 16 CAI’s vandalizados en la misma negra noche en que intentaron incinerar con ellos a 10 agentes de policía. A diferencia de 2019, cuando el entonces alcalde Peñalosa permitió la contribución de las fuerzas militares, controlando estas turbas.
En Cali, la ciudad más importante en el sur del país, estas milicias aunaron sus esfuerzos a caravanas de movimientos indígenas, cuyo fructífero negocio en la coca se ve amenazado por el anuncio del Gobierno en el inicio de las fumigaciones con glifosato. A pesar de ser un fenómeno de amplia discusión para todos aquellos mandatarios vecinos de comunidades indígenas, al alcalde Jorge Iván Ospina se le ha visto en convocatorias públicas a favor de la movilización, como quiera que su carrera de médico fue opacada por la del político populista y oportunista, en búsqueda de votos en plena pandemia. El resultado no ha podido ser peor para los ciudadanos de Cali, quienes quedaron desprovistos de alimentos, encerrados en su ciudad, expuestos a pagar “peajes” para movilizarse en su interior, enfrentando largas filas para conseguir combustible para sus vehículos; lo más cercano a un laboratorio chavista en nuestro territorio.
En el caso de Medellín, ciudad que no había visto vandalizado e incinerado el preciado y moderno sistema de transporte público del que gozan sus habitantes, ha trascendido en medios el apoyo a las movilizaciones por parte de un ejército de “trolls” – o bots- perfiles falsos en redes sociales, presuntamente patrocinados por un reconocido fanático de las redes con contratos millonarios en la alcaldía de Daniel Quintero. Se trata de Carlos Amauri Venegas Chamorro, militante de izquierda y estratega digital de líderes de esa corriente ideológica, a quien han identificado tras los ataques y el acoso de que han sido objeto quienes impulsan el movimiento de revocatoria del mandatario. Y es que las autoridades colombianas han descubierto perfiles de “influenciadores” que no corresponden a perfiles colombianos, invitando a radicalizar sus expresiones en las movilizaciones, así como masificando la publicación de información falsa en contra de nuestra fuerza pública. Expertos en minería de datos, han rastreado estas cuentas en servidores de países tan distantes como Bangladesh, China y Korea.
Con sus omisiones, los mandatarios populistas ayudaron a inutilizar a la fuerza pública, siguiendo la agenda impuesta en Colombia por el ex presidente Juan Manuel Santos, equiparando a sus miembros con los victimarios de nuestra sociedad, con una narrativa que siembra la ilegitimidad y la duda en su actuar. No en vano, las expresiones de los mandatarios aquí citados en contra de diferentes cuerpos de nuestra Policía Nacional, como el ESMAD o los carabineros, los cuales no citaré por respeto a nuestra fuerza pública. Aunque investidos de la suprema autoridad de policía en sus circunscripciones, con estas contrariedades y claros impedimentos, dejan absolutamente claro a los ciudadanos su incapacidad de mantener el orden público y, habida cuenta de su agenda a favor del populismo que lideraba en las encuestas Gustavo Petro – a quien los tres apoyaron a la presidencia en 2018- en vez de conseguir adeptos para las elecciones del 2022, los tienen espantados.
A diferencia de Chile, a Colombia le llegó el turno para unirse contra la violencia y enfrentar estas manifestaciones ejercitando la autoridad, manteniendo la moral en alto de nuestra fuerza pública, porque el futuro de la democracia está en sus manos. Como bien lo dijo Chesterton: “la mediocridad, posiblemente, consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta.”
