Por: El Expediente
En 2017, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-302, una decisión histórica que ordenó al Estado colombiano proteger a la niñez de La Guajira frente a una crisis humanitaria de desnutrición y falta de acceso a agua potable que llevaba años cobrando vidas en ese departamento.
Ocho años después, esa misma sentencia terminó convertida, según reveló una investigación del medio Cambio publicada el 15 de julio de 2026 y recogida en el Libro de la Verdad del gobierno de Abelardo de la Espriella, en el principal soporte jurídico de una contratación estatal que creció de forma sostenida durante el gobierno de Gustavo Petro, sin que existan resultados verificables proporcionales a esos recursos.
Las cifras documentan una progresión notable: entre 2022 y el 9 de julio de 2026 se suscribieron, al amparo de esa sentencia, 1.085 contratos por un valor conjunto de $1,78 billones de pesos.
El crecimiento año a año es el dato que más llama la atención: en 2022 se firmaron apenas 6 contratos por $463 millones; para 2026, la cifra había escalado a 332 contratos por $557 mil millones solo en ese año. El Libro de la Verdad no detalla, en el fragmento disponible públicamente, cuáles fueron específicamente los resultados obtenidos con esa contratación ni qué porcentaje de los niños guajiros beneficiarios de la orden judicial original vio mejoras concretas en su situación.
Es precisamente esa ausencia de resultados verificables, frente a un crecimiento tan pronunciado en el volumen de contratos y de dinero comprometido, lo que constituye el corazón del hallazgo: una sentencia concebida para proteger derechos fundamentales de la niñez se convirtió, con el paso de los años, en un mecanismo jurídico que facilitó la expansión de la contratación estatal en una de las regiones más pobres del país, sin que exista, hasta ahora, una rendición de cuentas clara sobre su impacto real
