Por: TC (R) Gustavo Roa C
La reserva de nuestras Fuerzas Militares, estarán presentes y serán sujetos activos en el Comité Nacional de participación, C.N.P. instalado recientemente por el gobierno nacional. A pesar de no existir aún un consenso total, de las diversas agremiaciones de reservas, sobre la necesidad coyuntural, qué tienen éstas, de participar en este comité creado para adelantar las negociaciones de paz, con el grupo armado al margen de la ley, del Eln. ACORE, como asociación colombiana de oficiales en retiro de las Fuerzas Militares, lidera esta participación, como la asociación más antigua, integrante del gremio de militares en retiro.
Tuve la oportunidad de exponer a la presidencia de la asociación, mis consideraciones con relación a este tema, las cuales se identificaron, con la posición adoptada y posteriormente difundida por el grupo directivo de la Asociación. Una vez conocida la invitación, para integrar los diferentes grupos de trabajo, pertenecientes a diversos sectores, de la sociedad colombiana, entre ellos el de la reserva, consideré, que era una buena oportunidad, para planear y determinar las condiciones de participación de nuestro gremio, como evidentemente ocurrió, tomando como lecciones aprendidas, la representación de algunos militares, en las pasadas negociaciones del gobierno de Santos, con las Farc.
Es evidente que esta experiencia, dejó una serie de enseñanzas para el futuro y son esas las que ACORE debe analizar, con el fin de evitar que se cometan los mismos errores, que se originaron por la falta de experiencia, en este tipo de negociaciones, que realizan los gobiernos con las organizaciones al margen de la ley.
Es primordial considerar que este tipo de organizaciones, tienen una innegable capacidad de negociación, convicción y sometimiento, alimentadas por una hoja de ruta, estratégica y previamente trazada por ellos, como parte de sus objetivos políticos y económicos y segundo por la anhelada necesidad de paz, de la sociedad colombiana, tan esquiva desde hace años. Estas dos condiciones, les permite manipular con audacia y a su antojo, los términos de la negociación y al final de los acuerdos, cuando al realizar el inventario de resultados obtenidos, se puede observar, que el grupo al margen de la ley, se benefició en un 90% y el Estado colombiano, terminó convirtiéndose en el comodín de sus conveniencias y caprichos, los cuales tendrán a futuro, insospechados impactos negativos, especialmente de orden social, político y económico, tal como viene ocurriendo con la negociación que se realizó con las antiguas Farc.
Si existe una verdadera voluntad de paz en las negociaciones, es fundamental tener los elementos de discusión y compromisos esenciales de los acuerdos, para que con el avance de los diálogos, se establezcan algunas líneas rojas, en el cumplimiento irrestricto de aspectos tales como: El sometimiento a la justicia, la reparación de víctimas, la entrega de armas y recursos ilegales, declaraciones de la verdad, suspensión definitiva de reclutamientos, hostigamientos, asaltos guerrilleros, secuestros, extorsiones y todo tipo de acciones terroristas, incluyendo los atentados a los oleoductos y a los recursos naturales de los colombianos. Lo anterior, debe determinar los niveles de responsabilidad primaria de los acuerdos iniciales, por parte de este grupo delincuencial y el cumplimiento y oportunidad de las contraprestaciones que ofrece el Estado, de acuerdo a las condiciones constitucionales que establece nuestra carta magna, con la vigilancia de todos los sectores de la sociedad colombiana y multiparticipación de veedores internacionales.
Este tipo de procedimiento es esencial, no solamente para abordar los compromisos, sino para darles estricto cumplimiento, con el fin de que los colombianos en su conjunto no sean nuevamente burlados, pisoteados y engañados, por intereses políticos, económicos y del narcotráfico.
Es tal el cinismo de estos grupos al negociar, que en el caso del Eln manifiesta que aceptará los diálogos, pero no dejará de cometer delitos específicos de carácter terrorista y financiero. Y entonces surgen, como es natural algunas preguntas: ¿Existirá un grupo de integrantes del comité nacional de participación, que expresen sin reparos, temor y en forma oportuna, las aberraciones que se puedan presentar, durante el proceso de negociación, las cuales deben ser comunicadas a la sociedad colombiana, con el fin de buscar subsanarlas, antes de cualquier acuerdo?
¿Por qué, en las negociaciones con las Farc, la gran parte de los acuerdos que el gobierno de Santos aceptó, los hizo a espaldas de la voluntad del pueblo y de la sociedad colombiana? ¿Por qué no se tuvieron en cuenta las experiencias de las Fuerzas Militares, no solamente en el campo de batalla, sino también del comportamiento e intereses, de estos grupos al margen de la ley, con los habitantes de la Colombia profunda y a espaldas de los medios de comunicación? ¿Existen preacuerdos entre los grupos al margen de la ley y el gobierno de turno, para mantenerlos en la reserva y fijarlos por escrito, a espaldas de la sociedad colombiana, en el momento de la firma de los acuerdos? Estas y otras preguntas deben ser tenidas en cuenta, por los participantes en este comité, con el fin de evitar nuevas decepciones para los colombianos.
Acore en esta nueva versión de negociaciones, con grupos al margen de la ley, debe convertirse en un exigente veedor que realices seguimientos y verificaciones, como sujeto activo de la sociedad colombiana, condición que se ha venido ganando con el tiempo, tal como lo demuestran la gigantescas adhesiones y apoyos populares, que ha tenido a lo largo y ancho del territorio nacional, por parte de toda la sociedad colombiana.
Acore debe hacer cumplir este deseo Nacional de lograr la paz, pero no a todo costo. Cómo lo promulga el actual gobierno de izquierda, se debe respetar la “voluntad popular” y seguramente el pueblo no quiere repetir la misma farsa, que se ejecutó a sus espaldas con las negociaciones con la Farc, cuyo lamentable resultado, hoy está generando más terrorismo, narcotráfico y violencia, que los índices que se registraban antes de la negociación.
Acore debe estar a la altura de este ansiado deseo nacional, la asociación más antigua de la reserva, debe entender que como gremio, ha recibido, el mandato esperanzador, por parte de la sociedad colombiana y una evidente patente de confianza, transparencia y credibilidad , para que se convierta en un proactivo activista, con capacidad participativa, crítica y correctiva, representando los intereses de la sociedad civil, el cumplimiento de la Constitución nacional, el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos sociales, de su propio gremio.
