Por: Dmar Córdoba
Como si no fuera suficiente el monumento a la impunidad firmado en el Teatro Colón y en contra de la voluntad popular que le dijo NO a las FARC en el plebiscito del 2 de octubre de 2016; ahora vía legislativa nos están presentando el desarrollo del punto 1.1.8 del acuerdo entre las FARC y el gobierno Santos, que dice entre otras cosas:
“Además, pondrá en marcha con igual propósito, una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra (…)
Para cumplir con el punto 1.1.8, el Gobierno del Presidente Iván Duque, presentó ante el Congreso de la República, el Proyecto de Ley Estatutaria Nro: 134 de 2020 Cámara – 395 de 2021 Senado, “por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones” con el agravante de ser un asunto ordenado en el acuerdo habanero que como en el caso de la JEP, deja más preocupaciones que soluciones al campo colombiano.
El mencionado Proyecto de Ley Estatutaria, ya pasó tres de los cuatro debates para convertirse en realidad, con la creación de 322 nuevos cargos en la rama de la Justicia, con un costo aproximado de $417 mil millones de pesos anuales, cuando el país atraviesa por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, con un hueco fiscal que llega a los $93 billones de pesos, como lo ha venido denunciado la Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.
Pero el problema no solo se centra en el alto costo fiscal de una nueva jurisdicción agraria, sino en los innumerables yerros jurídicos que trae y que solo provocarán inseguridad jurídica a los usuarios del nuevo sistema de justicia.
Analizado el texto del Proyecto de Ley Estatutaria, encontramos con que se trata de 134 artículos que en muchos casos crean antinomias jurídicas y en otros hiper-regulan asuntos que ya están establecidos en el Código General del Proceso o en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esta iniciativa con graves fallas de técnica Legislativa, que no observa entre otras cosas el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Nación, crearía verdadera incertidumbre a los productores del campo que tendrían que someterse a un nuevo sistema de justicia que fue diseñado por las FARC desde Cuba y desde los escritorios en Bogotá, por unos señoritos que creen que la definición de campo es aquella que indica que: se trata de aquel horrible lugar donde los pollos andan vivos”.
En el trámite de la iniciativa el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, presentaron serios reparos a la idea de la JEP Agraria, como bien la ha llamado la Senadora María Fernanda Cabal, entre otras cosas porque el Proyecto omite instituciones de los derechos reales, como los de servidumbre y usufructo, además de pretender crear nuevos asuntos procesales que ya existen hoy en el ordenamiento jurídico colombiano.
Durante las discusiones que tuvo esta iniciativa que busca cumplir con el acuerdo de la Habana, se escuchó a líderes del campo que se opusieron al Proyecto de Ley que tanto defienden los que no conocen la realidad de lo que pasa en nuestro espacio agrario.
Ahora escuchamos a sectores de izquierda, que negaban que las FARC fueran al Congreso sin pagar por los delitos de los que se les señalaba, diciendo que este Proyecto es la salvación para el campo Colombiano, ¿cómo creerles si siempre le han mentido a Colombia?
No hay duda que Colombia necesita mejorar la justicia agraria, que ya existe en la jurisdicción ordinaria; pero esta no puede venir motivada por el acuerdo con las FARC. Otra JEP no la aguantamos los colombianos que creemos en la verdadera justicia.
