Por Rafael Nieto Loaiza
Hubo revuelo esta semana cuando se conoció que el Alcalde de Medellín solicitó “formalmente a Cuba su ayuda y solidaridad con una brigada médica”.
El propósito parece ser loable, pero la realidad merece críticas. La primera, porque no es necesario traer médicos extranjeros. En su solicitud, el Alcalde sostuvo que “[n]uestra capacidad de cuidados intensivos, estaba ya colapsada incluso antes de iniciar la pandemia [y que la ciudad tiene un] número insuficiente [de especialistas] para garantizar la atención de los pacientes más graves”. Pero desatada la controversia afirmó que «hay una fase 4 eventualmente que puede requerir eventualmente (sic) médicos extranjeros”. El doble “eventualmente» es textual.
El Colegio Médico Colombiano desmintió al Alcalde y sostuvo que «sí hay la suficiente cantidad de recurso humano” y calificó la solicitud como “un irrespeto con el recurso humano del país”. La Sociedad Antioqueña de Anestesiología y Reanimación señaló que la petición los desconcierta porque «por parte de especialistas en medicina interna, cirugía, medicina de urgencias y los anestesiólogos, [han hecho un llamado] con la finalidad de brindar el apoyo en los planes de expansión y atención por parte de la Secretaría de Salud […] sin que a la fecha hayamos sido convocados”.
Por su parte, el MinSalud afirmó que ya hay un plan que «prevé la incorporación de intensivistas y profesionales de la salud de distintas regiones del país e idóneamente formados para atender a los pacientes donde sea necesario”. De manera que médicos sí hay, han ofrecido su apoyo y en la Alcaldía nos les han respondido.
La segunda es el costo. Quintero le dice al Embajador que «la Alcaldía de Medellín dispondrá de todos los recursos que sean necesarios para el traslado y estancia en la ciudad, con todas las garantías de seguridad que se requieran”. Si hubiera un riesgo de seguridad, sería un motivo más para no traerlos. La ciudad tiene ya muchas necesidades como para destinar sus escasos recursos humanos y financieros para la protección de extranjeros. Para rematar, la Sociedad denunció que antes de pagar personal cubano es indispensable que «se revisen las acreencias existentes en la ciudad y se salden las deudas pendientes con el talento humano en salud local”. Le deben plata a los colombianos y Quintero prefiere traer y pagar cubanos.
El tercero es la calidad del personal de salud que se necesita. Traer médicos de otros países debe ser solo una medida excepcional, resultado de una crisis extrema, que tiene riesgos asociados con el conocimiento, los procesos de formación y las diferencias tecnológicas. Por esos peligros es que se ha establecido un proceso de convalidación de títulos obtenidos en el extranjero.
Quintero pretendía saltarse esos requisitos. Y quería hacerlo con cubanos, de quienes la experiencia internacional muestra que están desactualizados científicamente, no conocen las últimas tecnologías y muchos incluso no cumplen los requisitos mínimos de formación. En Bolivia se denunció que menos de un tercio de los “médicos» cubanos en ese país era en realidad profesionales de la salud. En Venezuela son innumerables las denuncias en el mismo sentido sobre la misión Barrio Adentro y se sostiene que la inmensa mayoría de los supuestos 30.000 «médicos»» cubanos son estudiantes, enfermeros o “técnicos en salud”. Julio Londoño, ex embajador en Cuba, da su testimonio: «Cuba empezó a enviar a muchachos que estaban empezando la carrera: con un delantal blanco todo se arreglaba”. En México solo duraron tres meses. Al menos diez asociaciones médicas se manifestaron contra su presencia y son numerosos los reportes sobre su falta de preparación y su incapacidad para usar la última tecnología y los ventiladores de las UCI. De Brasil y Ecuador fueron expulsados.
Saltarse las competencias del Gobierno central es el cuarto. La solicitud de Quintero violó flagrantemente «los conductos oficiales para las solicitudes de flexibilización de requisitos para convalidación de títulos médicos”, según dijo la Cancillería.
La quinta es que estas solicitudes de apoyo a Cuba tienen una fuerte carga ideológica y grandes riesgos. Cuba es una dictadura y usa estas supuestas “misiones médicas” con un doble propósito. Por un lado, la dictadura cobra según marrano, desde algo más de mil dólares mensuales por individuo en Bolivia hasta más de diez mil a México, con un promedio de cinco mil. Pero de ese dinero los cubanos expatriados solo reciben el 20%, el 75% va directamente al gobierno cubano y un 5% se paga a los intermediarios (me pregunto si habían en este caso). El otro motivo es «fomentar la revolución mediante el adoctrinamiento aprovechando la atención médica, especialmente en algunas regiones marginadas”, según palabras de Londoño y denuncias ampliamente documentadas en los países a los que han llegado. No es coincidencia que sean gobiernos de izquierda, nacionales y locales, lo que solicitan el “apoyo” cubano. Le dan un mano a las exiguas finanzas de la dictadura y de paso adoctrinan a la población.
Finalmente, la petición de Quintero solo ayuda al maltrato del personal cubano que, según testimonios de ellos mismos, está sujeto a un régimen que algunos clasifican de semiesclavitud y que, sin duda, constituye trabajo forzado. De tal carácter son las violaciones a los derechos humanos de este personal que hasta Human Rights Watch se ha pronunciado contra ellas.
