Por: Manuel Guillermo Fernández
En relación con los posibles procesos de revocatoria a alcaldes y gobernadores la Corte Constitucional en sentencia unificada SU – 077 del 8 de agosto de 2018 (1) determinó que el CNE y la Registraduría Nacional deberían adelantar Audiencias Públicas para garantizar los derechos a la información y defensa de la ciudadanía y de los posibles mandatarios en cuestión, respectivamente, como paso previo a la autorización para la consecución de apoyos
Mediante Resolución 4073 del 16 de diciembre de 2020 (2) las entidades mencionadas definieron el camino para dar cumplimiento y proceder con lo ordenado.
En la misma y entre otros, claramente quedaron establecidos los siguientes aspectos:
1. ARTICULO CUARTO: LUGAR DE LA AUDIENCIA
PARÁGRAFO PRIMERO: El alcalde del municipio o capital de departamento donde deba desarrollarse la audiencia deberá prestar la colaboración necesaria para que se disponga de las instalaciones y ayudas necesarias para el correcto desarrollo de la audiencia con el pleno de las garantías establecidas en la presente resolución.
2. ARTICULO QUINTO : DESARROLLO
Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
b) Podrá intervenir la ciudadanía con el fin de que presenten sus argumentos relacionados con el objeto de la audiencia, previa inscripción ante la Registraduría del Estado Civil respectiva y dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de la convocatoria, correspondiente y su intervención será conforme al orden de inscripción.
A través del Auto 01 de enero 15 de 2021(5) el CNE convocó a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.
No obstante ser de su propia autoría, el CNE pasó por alto y desconoció los dos puntos anotados, de una parte asumiendo responsabilidades expresamente otorgadas a las alcaldías y de otra, cercenando de forma abrupta la participación ciudadana, situación que se repitió en todos los procesos de revocatoria que para el presente año se cursaron en el país.
Es de resaltar que en los considerandos del Auto anotado se hace explícita y amplia alusión a las medidas del gobierno nacional sobre la pandemia, lo que a todas luces indica que desde un comienzo ya se preveían inconvenientes para los procesos de revocatoria que en forma sospechosa no se hicieron explícitos desde un primer momento, para después con cierta sutileza que no deja sino dudas «lavarse las manos» y pasar el balón a la cancha del Ministerio de Salud, subrepticios palos en la rueda como algunos catalogarían tal proceder.
Si justamente el CNE estaba garantizando el debido proceso no se entiende como se procede de tan torpe manera desconociendo la participación ciudadana en la forma prevista por la misma entidad, lo que podría dar al traste con todas las Audiencias Públicas convocadas en el país como parte de los procesos de revocatorias, por el simple hecho que en forma evidente se violó el mismo derecho que se quería proteger, lo que deja un sabor que en el fondo quizás era lo que desde un comienzo se pretendía.
Se dejó avanzar el proceso para después con cierto disimulo trancarlo.¿ Porqué no se obró con claridad y de frente desde el comienzo ?
Y para mayor colmo en respuesta al Derecho de Petición formulado sobre el particular el Magistrado responsable en oficio CNE-PFGS-V041-2021 del 25 de enero de 2021 responde a lo solicitado de manera acomodada que no corresponde a la verdad.
Inevitable a estas alturas no recordar el dicho aquel que menciona que » lo que mal empieza, mal acaba», porque por lo menos hasta el momento es lo que tal vez se vislumbra.
Aunque la válida esperanza es confiar que el proceso cuanto antes se destrabe porque pareciera ser que no existe ninguna causa válida para que así suceda.
Dadas las actuales circunstancias es apenas obvio que las medidas de bioseguridad deber ser estrictamente fijadas y exigibles, pero igual las mismas no se pueden convertir en la disculpa para atropellar al antojo de nadie la Constitución Nacional, lo que genera serias dudas sobre los intereses ocultos que propician tal situación.
Respecto a este tema se escuchan algunos comentarios que la principal responsabilidad para que suceda lo que está sucediendo está en cabeza del Presidente Duque por haber manifestado su opinión sobre los procesos de revocatoria.
Lejos de ser esto cierto
Como se puede comprobar el Presidente desde el primer momento manifestó respeto por las decisiones ciudadanas, a la vez que no ocultó su sentir respecto a la conveniencia de este tipo de procesos dadas las actuales circunstancias del país.
También se critica y no sin razón la demora de Minsalud en dar respuesta al requerimiento de la Registraduría pero la explicación por el momento es que la dilación es asunto de prioridades ante tan diversos e importantes temas que es necesario atender.
Desde luego que lo deseable es que en breve tiempo se pueda tener respuesta para que se pueda continuar cuanto antes con los procesos en curso.
Si bien es cierto que existe demora, no es menos cierto que el tiempo transcurrido no es determinante para impedir en forma definitiva el logro de las etapas y objetivos previstos
La responsabilidad sin duda recae en las instituciones responsables pero quizás más en la misma gente que con su parsimonia permite que sus derechos sean vulnerados sin siquiera levantar su voz.
En mi opinión el pésimo manejo de este tema desde un comienzo no surgió en el gobierno sino en la Registraduría y el CNE que lo manejaron sospechosamente a su acomodo y muy posible conveniencia de algunos interesados
Estamos dizque en una democracia que en la práctica es más bien el imperio de las minorías ante una pasiva e inerme masa que nunca reacciona ante nada.
Se ratifica aquello que «Desde que se inventaron las disculpas todo el mundo queda bien».
Hay que aceptar que el costo de este tipo de procesos es alto como algunos lo critican, pero el alboroto no fue el mismo ni por parte de los mismos cuando el cuento del fraudulento plebiscito y menos con la tal consulta anticorrupción que solo costo cerca de $ 350.000.000.000 tirados literalmente a la basura.
En las redes sociales se transmite con libertad el pensamiento y algo se contribuye a generar opinión, pero en términos reales la utilidad es mínima y efímera, muchas cosas importantes quedan como simples denuncias en el limbo digital con unos entes de control que no pasan de ser un simple adorno
Las críticas y las denuncias cumplen una loable labor informativa, pero la gran frustración es que no pasan de ahí y en muy poco tiempo se diluyen en el olvido, la clave seria que los entes de control actuaran hasta el fondo con contundencia y rapidez, son miles de casos que como este lo ameritan
Es un hecho que desde siempre los procesos de revocatoria mal catalogados como «democráticos» son una especie de farsa para generar falsas expectativas que en la práctica nunca se cumplen por múltiples motivos : Apatía de la gente, abstención, exceso y dificultad para las firmas, excesivo número de votos, financiación, costos, politiquería, mermelada, etc.
Lo mínimo que debe esperar el país son reglas claras y cumplibles, menos aprovechamiento de la ingenuidad ciudadana, además de respeto por la Constitución y la Ley
Siendo a estas alturas la pregunta del millón, ¿ Quien le pone el cascabel al gato ?
Amanecerá y veremos….
(1) https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU077-18.htm
(2) https://drive.google.com/file/d/1gOduaRLtoNTzL_6ocEoIzuXvZiliXvDu/view?usp=drivesdk
(3) https://drive.google.com/file/d/1gSvJSW_OM_RpLtOJrlFDDsQvEPRQeSFk/view?usp=drivesdk
(4) https://drive.google.com/file/d/1gSvJSW_OM_RpLtOJrlFDDsQvEPRQeSFk/view?usp=drivesdk
(5) https://drive.google.com/file/d/1gUNQlU3IqDS8DVQIWa_W_Kb4EN6-MZi9/view?usp=drivesdk
(6) https://youtu.be/6CYEEy-P9TM
