Por: El Expediente
En medio de las elecciones legislativas de 2026, el municipio de Uribia en La Guajira —con sus 21 corregimientos aislados sin conexión a internet y un vasto territorio de 8.000 kilómetros cuadrados— se convierte en un foco de alerta por posibles irregularidades electorales.
Según veedores ciudadanos y reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE), la falta de garantías en esta zona, dominada por clanes políticos tradicionales y grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia de Iván Márquez) y el Tren de Aragua, podría beneficiar a candidatos investigados por corrupción, como la senadora Marta Peralta Epieyú (MAIS, Pacto Histórico) y su fórmula a la Cámara de Representantes, Juan Loreto Gómez Soto (Partido Conservador).
Ambos aspiran a reelegirse pese a estar salpicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los mayores casos de corrupción del gobierno Petro.
Esta situación ha generado denuncias de «dominancia electoral» y riesgos de fraude, en un departamento donde la trashumancia de votos y la influencia armada han sido documentados en elecciones pasadas.
El vínculo con la corrupción en la UNGRD:
Marta Peralta Epieyú, senadora wayúu de 36 años alineada con el Pacto Histórico, y Juan Loreto Gómez Soto, representante conservador por La Guajira, figuran en múltiples procesos por su presunta implicación en el desfalco de la UNGRD, que involucra miles de millones de pesos en contratos irregulares para carrotanques, ollas comunitarias y jagüeyes en La Guajira.
Según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ante la Fiscalía en julio de 2025, Peralta habría participado en reuniones para direccionar contratos de $2.000 millones para mantenimiento de pozos profundos en La Guajira, a cambio de apoyo legislativo a reformas del gobierno Petro, como la pensional.
Olmedo López detalló chats y documentos que involucran a Peralta y a la también senadora Berenice Bedoya (ASI) en el esquema de «tráfico de influencias», donde se intercambiaban votos por contratos.
Por su parte, Gómez Soto es acusado de exigir cuotas burocráticas en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la UNGRD para respaldar proyectos gubernamentales, con asignaciones irregulares por $35.000 millones en obras en Córdoba y La Guajira.
La Corte Suprema de Justicia abrió indagaciones preliminares contra ambos en 2025, y el Consejo de Estado admitió en febrero de 2026 una demanda de pérdida de investidura interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas (representada por Pablo Bustos) que incluye a Peralta, Gómez y otros siete congresistas por presunto intercambio de apoyos legislativos por beneficios en la UNGRD.
