Por: William de Jesús Soto Angarita
La democracia tiene una regla tan sencilla como incómoda para quienes se consideran propietarios morales del poder: el que gana gobierna y el que pierde ejerce oposición dentro de la Constitución. Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales, fue certificado como vencedor y es el presidente electo de Colombia. Iván Cepeda perdió. Esa realidad no admite eufemismos, condiciones posteriores ni ultimátums disfrazados de preocupación jurídica. Las urnas ya hablaron. Lo que corresponde ahora no es someter al elegido a un examen ideológico diseñado por el derrotado, sino respetar el mandato popular y permitir una transición institucional ordenada.
Sin embargo, el candidato vencido ha decidido inaugurar su oposición con una amenaza: si Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense y no satisface una lista de exigencias políticas, promoverá una denominada “desobediencia civil pacífica”. La frase pretende sonar solemne, pero encierra una profunda gravedad democrática. Cepeda no está anunciando una controversia jurídica ante el juez competente; está condicionando el reconocimiento de la autoridad presidencial a que el ganador se someta a sus demandas. En otras palabras, pretende convertir su derrota electoral en un poder de veto que la Constitución jamás le otorgó.
El planteamiento de Iván Cepeda parte de una distorsión que no puede pasar inadvertida: presenta como mandato constitucional lo que, en realidad, es una exigencia política formulada después de haber perdido. El orden jurídico colombiano no se activa por ultimátums ni se interpreta al ritmo de la frustración electoral. Si existe una controversia sobre la aptitud del presidente electo, corresponde promoverla ante la autoridad competente y someterla a una decisión fundada en derecho. Convertir una opinión del candidato derrotado en condición para reconocer al vencedor no es ejercer oposición; es pretender que la voluntad individual sustituya la decisión soberana de millones de ciudadanos.
La Constitución es más clara de lo que Cepeda quiere admitir. Para ser presidente de la República se exige ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. Las inhabilidades presidenciales son de interpretación restrictiva y no pueden ser inventadas, ampliadas por analogía ni fabricadas después de las elecciones. La doble nacionalidad de un colombiano por nacimiento no aparece, por sí sola, como causal expresa que anule la elección presidencial. Podrá existir una discusión académica o política, pero una discusión no equivale a una inhabilidad.
Cepeda sabe, o debería saber, que la democracia constitucional no funciona con requisitos sobrevinientes. Los candidatos se inscriben, son objeto de controles, participan en campaña, se someten a las urnas y, finalmente, reciben una decisión soberana de los ciudadanos. No es admisible esperar a conocer el resultado para descubrir una supuesta incompatibilidad insuperable. Si la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella era, a juicio de Cepeda, un impedimento absoluto, debió plantearlo con la misma contundencia antes de la elección y ante la autoridad llamada a decidir. Hacerlo ahora, acompañado de la advertencia de desconocer el mando legítimo, revela menos una preocupación constitucional que una incapacidad política para aceptar la derrota.
La inconsistencia se vuelve todavía más evidente cuando se compara ese discurso con el silencio que rodeó la doble nacionalidad italiana de Gustavo Petro. Durante su posesión y el ejercicio de su mandato, Cepeda no promovió desobediencia civil, no declaró ilegítima la autoridad presidencial ni exigió que Petro renunciara previamente a su ciudadanía extranjera. Entonces la doble nacionalidad no parecía destruir la soberanía, comprometer la dignidad nacional ni impedir la obediencia institucional. Ahora, cuando quien la posee es el adversario que derrotó al proyecto oficialista, el mismo hecho se presenta como una amenaza existencial para la República.
Esa doble vara no es un detalle retórico; es el centro del problema. Para ciertos sectores, la Constitución parece tener un contenido cuando gobiernan ellos y otro cuando gobierna el contrario. La nacionalidad extranjera de Petro fue tratada como una circunstancia personal compatible con su condición de jefe de Estado. La de Abelardo de la Espriella es convertida, sin decisión judicial de por medio, en pretexto para negar su autoridad. No estamos ante una doctrina jurídica coherente, estamos ante una interpretación de conveniencia, construida para erosionar desde el primer día la legitimidad del presidente electo.
También resulta revelador que Cepeda no limite sus exigencias al asunto de la nacionalidad. Pretende condicionar su reconocimiento del nuevo gobierno a decisiones futuras sobre investigaciones, extradiciones, relaciones con autoridades extranjeras y actuaciones frente al presidente saliente. Es decir, no reclama únicamente una definición jurídica: intenta imponerle al mandatario electo una hoja de ruta política y judicial bajo la amenaza de movilizar la desobediencia. Esto más que control democrático, es una pretensión de tutela sobre el vencedor, como si perder las elecciones le hubiera conferido al derrotado el derecho de redactar las condiciones bajo las cuales permitirá gobernar.
La oposición es legítima, necesaria y constitucional. Puede cuestionar reformas, convocar movilizaciones pacíficas, ejercer control político, denunciar abusos y acudir a los jueces. Lo que no puede hacer es desconocer preventivamente la autoridad legítima porque el presidente electo no acata un pliego de exigencias personales. Una oposición democrática hace control al poder, no sustituye la voluntad popular; debate las decisiones del gobierno, no amenaza con impedir el gobierno antes de que comience; en pocas palabras, respeta las reglas que reclama para sí misma.
Debe hablarse además con franqueza sobre la expresión “desobediencia civil pacífica”. En abstracto, la protesta pacífica y la resistencia civil han ocupado un lugar relevante en la historia democrática. Pero las palabras no pueden analizarse aisladas de su contexto, de quien las pronuncia ni del propósito que persiguen. Cuando el jefe de la oposición anuncia que no reconocerá al presidente electo y llama a la desobediencia si no se satisfacen sus condiciones, el mensaje deja de ser una reflexión filosófica y se convierte en una invitación concreta a desconocer la autoridad surgida de las urnas.
En un país marcado por la violencia política, los bloqueos prolongados, la instrumentalización de la protesta y la facilidad con la que las arengas terminan convertidas en confrontaciones callejeras, ningún dirigente responsable puede fingir inocencia sobre los efectos de sus palabras. Llamar “pacífica” a la desobediencia no neutraliza automáticamente sus riesgos. Los líderes encienden consignas desde una tarima o una red social, pero quienes terminan expuestos son los ciudadanos, los comerciantes, los trabajadores, los estudiantes y los miembros de la fuerza pública. Después, cuando aparecen el vandalismo, las agresiones y el caos, quienes promovieron el clima de desconocimiento suelen alegar que nunca ordenaron la violencia.
Por eso debe decirse sin rodeos: el llamado de Cepeda puede operar como un discurso de legitimación anticipada del desorden. Bajo la apariencia respetable de la resistencia civil, se instala la idea de que obedecer al nuevo presidente sería una claudicación y que las decisiones de su gobierno carecerían de autoridad moral. Ese es el terreno en el que la protesta legítima puede ser capturada por quienes buscan la confrontación. No porque toda movilización sea violenta, sino porque negar de entrada la legitimidad del mando reduce las barreras políticas y éticas frente a quienes sí están dispuestos a imponer su voluntad en las calles.
Iván Cepeda tiene derecho a ser opositor. No tiene derecho a proclamarse árbitro de la elección que perdió. Tiene derecho a controvertir a Abelardo de la Espriella. No tiene derecho a exigirle una capitulación previa para reconocerlo como presidente. Tiene derecho a acudir a los tribunales. No tiene derecho a reemplazar una decisión judicial inexistente por su propia declaración de ilegitimidad. Y, sobre todo, no puede invocar la soberanía popular mientras desconoce el resultado concreto producido por esa misma soberanía.
Abelardo de la Espriella no necesita autorización de Iván Cepeda para ejercer el mandato que le entregaron los colombianos. Su legitimidad no proviene del beneplácito del petrismo, de la cortesía del candidato derrotado ni de un acuerdo entre élites. Proviene de las urnas y de la certificación de las autoridades electorales. El presidente electo debe garantizar los derechos a la oposición y respetar la protesta pacífica; pero no debe gobernar arrodillado ante amenazas ni permitir que un ultimátum político se convierta en una presidencia paralela.
Colombia no necesita otra temporada de incendios políticos. Necesita autoridad serena, oposición responsable y ciudadanos capaces de disentir sin destruir. Cepeda todavía está a tiempo de rectificar: puede presentar sus argumentos ante las instituciones, ejercer el control político y abandonar la idea peligrosa de que la calle debe suplir la derrota que sufrió en las urnas. Reconocer al vencedor no es rendirse ante él; es someterse a la democracia que se invoca cuando se gana y que también obliga cuando se pierde.
La defensa de Abelardo de la Espriella es, en este punto, inseparable de la defensa del ordenamiento jurídico. La Constitución no puede quedar sometida a la lectura interesada de quien perdió las elecciones ni la autoridad presidencial depender del permiso de un adversario político. Las inconformidades deben tramitarse ante los jueces, mediante acciones, competencias y procedimientos previamente establecidos; por fuera de esos cauces no existe control democrático, sino presión contra la institucionalidad. Defender el nuevo mandato significa exigir que todos, incluido Iván Cepeda, se sometan a la ley y acepten que ninguna consigna, movilización o amenaza puede reemplazar una decisión adoptada conforme a la Constitución.
El próximo 7 de agosto no se posesionará un ciudadano condicionado por Iván Cepeda. Se posesionará el presidente elegido por Colombia. Quienes crean tener razones jurídicas para controvertirlo encontrarán jueces, procedimientos y garantías. Quienes pretendan desconocerlo mediante ultimátums encontrarán una ciudadanía que ya decidió, unas instituciones obligadas a hacer respetar esa decisión y una autoridad firme que protegerá a la ciudadanía respetuosa de la Ley. La democracia no puede temblar ante la amenaza de la desobediencia. Debe responder con Constitución, autoridad y firmeza.
Colombia tiene ahora la oportunidad de convertir esta tensión en el punto de partida de la ‘Patria Milagro’ que Abelardo de la Espriella ha propuesto: una nación que recupere la autoridad sin abandonar la ley, que proteja la libertad sin tolerar el caos y que vuelva a creer en la fuerza transformadora de sus instituciones. Esa Patria Milagro no se construirá desconociendo al vencedor ni convirtiendo la derrota en combustible para la confrontación, sino respetando la voluntad popular y trabajando para que el nuevo gobierno responda con resultados, firmeza y grandeza. Frente al resentimiento de quienes no aceptan las urnas, Colombia debe elegir la esperanza; frente a la amenaza del desorden, debe elegir la Constitución; y frente al miedo, debe avanzar unida hacia el milagro de volver a ser una patria segura, próspera y orgullosa de sí misma.