Por: El Expediente (27 de mayo de 2024)
El 23 de marzo de 2023 la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de archivar una denuncia presentada en enero de 2023 por el veedor ciudadano Henry Antonio Anaya Arango, en la que alertaba sobre presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta entidad, creada con la noble misión de atender a las poblaciones más vulnerables afectadas por desastres naturales y tragedias ambientales, es hoy el foco de un entramado de corrupción que la Corte Suprema conocía pero decidió ignorar.
La denuncia del veedor ciudadano Anaya Arango detallaba la existencia de una empresa criminal dentro de la UNGRD, liderada por congresistas, funcionarios públicos y contratistas, que habrían desviado cerca de un billón de pesos de recursos estatales a través de contratos irregulares.
A pesar de contar con información detallada y nombres de posibles implicados, la Sala Especial de Instrucción consideró que la denuncia carecía de la especificidad necesaria para orientar una investigación penal, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la justicia para abordar casos de corrupción de manera efectiva.
La magistrada Cristina Lombana fue la única que salvó el voto, mientras que sus colegas decidieron archivar la denuncia, lo que plantea serias dudas sobre la idoneidad de los actuales magistrados para investigar un caso que ha sido relegado en los anaqueles de la Corte Suprema de Justicia durante dos años.
Esta decisión, pone en entredicho la transparencia y eficacia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción en Colombia y especialmente las futuras actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en relación con los hechos que está conociendo el país denunciados por los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla respecto de la corrupción en esa entidad totalmente desfondada para utilizar sus recursos en la compra de congresistas y sus votos para las reformas del gobierno.
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia de la información aportada, la falta de elementos concretos en la denuncia y la ausencia de pruebas contundentes llevaron al archivo de la misma. La Corte Suprema, cuya función es investigar los indicios presentados por los denunciantes, ha sido criticada por esta decisión, que deja en tela de juicio su compromiso con la lucha contra la corrupción en el país.
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