El verdadero autor de las calumnias contra el expresidente Álvaro Uribe en una serie que se promociona en las plataformas de Facebook, Wathsapp, Telegram, YouTube e Instagram es Gonzalo Guillen, una persona que bajo el amparo de la libertad de prensa ha actuado con total impunidad en toda suerte de complots criminales en torno a sus publicaciones en casos que están bajo investigación de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Daniel Mendoza, quien se hace llamar ‘delator’ y figura como autor de la serie, no es más que un discreto abogado que comenzó defendiendo a Piedad Córdoba y se hizo visible cuando terminó expulsado del club El Nogal por decisión de la Junta Directiva. Es solo uno de los prohijados de Guillen @HELIODOPTERO en su portal de difamación La Nueva Prensa.
Guillén no tiene límites. Muchas personas en Colombia, algunas que han sufrido sus calumnias, son testigos que es capaz de inventarse cualquier cosa. Que no hay una relación directa con la realidad en sus publicaciones que no son otra cosa que un ejercicio de sicarito moral.
Entre sus víctimas se cuentan el expresidente Álvaro Uribe, el abogado Jaime Lomabana y el periodista Julio Sánchez Cristo entre muchos otros.
Yo he sido otra de sus víctimas desde el año 2014 cuando me enteré de los intereses detrás de sus ‘investigaciones’ en La Guajira. En ese entonces, Cristina Plazas hoy periodista de La FM, ejercía como directora del ICBF y fue una de las primeras personas perjudicadas por ese siniestro personaje que conocí. Ella recuerda cuando en términos totalmente desobligantes, con insultos del mayor calibre y sin ninguna prueba, la fusiló por sus decisiones contra la corrupción en La Guajira. Sus argumentos rayaban en lo vulgar y su rabia desbocada tenía una razón.
Yo trabajaba en otro medio de comunicación. Guillén se había enterado que teníamos todo el mapa criminal en La Guajira y que él no era ajeno a los intereses políticos que se jugaban en el departamento. Que detrás de sus denuncias contra algunas personalidades de la política guajira y contra la propia directora del ICBF había un interés oculto. Guillén estaba desesperado. Distintas fuentes nos comenzaron a detallar como operaba el cartel del hambre en La Guajira.
Guillén se había hecho famoso en la región porque se la dedicó al exgobernador Kiko Gómez a quien hizo condenar con una prueba de referencia, es decir, sin certeza total de los hechos por los que lo acusaban: el asesinato de una pareja de narcotraficantes de la que Guillén se convirtió en un defensor de oficio. Chachi Hernández fue hija de Francisca Sierra una de las personas mencionadas en la Ñeñe Política y cercana a Gonzalo Guillén.
Mientras La Guajira se convertía en su nicho periodístico Guillén comenzó una sociedad de facto con una persona que se identifica como líder de una comunidad Wayuu, Javier Rojas Uriana, representante legal de la fundación Shipia Wayuu. Actuando de manera coordinada Guillén denunciaba y Rojas Uriana presionaba al gobierno nacional por recursos para su comunidad. Según la Fiscalía ese dinero terminaba en los bolsillos del supuesto líder indígena, protegido público de Guillén, quien fue capturado en marzo de 2019 por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público.
Dato: Aunque el agitador Gonzalo Guillén niega a su socio el capturado Javier Rojas, su amistad, cercanía y trabajo mancomunado para beneficiarse de la tragedia de los niños Wayuu está más que documentado. La @FiscaliaCol debe perseguir a todo el cartel del hambre en La Guajira pic.twitter.com/PNVriB6bLu
— El Expediente (@EIExpedienteCol) March 29, 2019
Como se ha denunciado insistentemente desde El Expediente Guillén y Rojas lideraron todo un plan de obtención de ayudas internacionales aprovechando, como aves de rapiña, la muerte de los niños Wayuu como lo han denunciado las propias comunidades indígenas. A la fecha no se sabe si la Fiscalía vinculó a Gonzalo Guillén por su relación con ese falso líder indígena que se robó más de mil millones de pesos los recursos de los niños Wayuu.
La obsesión de Gonzalo Guillén con el expresidente Álvaro Uribe es enfermiza y en eso hace dupla con personas como Daniel Coronell e Iván Cepeda. Hace poco incluyó dentro de sus objetivos de sicariato moral al abogado del expresidente, el penalista Jaime Lombana. En varios artículos de La Nueva Prensa sin presentar ningún tipo de prueba acusaron al abogado de lavado de dinero en la isla de Curazao. Los hechos en investigación indican que detrás de esa nueva operación de desprestigio contra el abogado de Uribe también existe un interés económico.
Jaime Lombana es el apoderado del Grupo ecuatoriano Eljuri que le quitó la operación de venta de vehículos Hyundai al empresario Carlos Mattos. Eso desató una pelea judicial y mediática en la que Mattos sobornó a un juez de la república para lograr una decisión a su favor. El trabajo de Lombana logró que los implicados confesaran. En las interceptaciones a Jorge Mattos aparece el nombre de Guillén a quien habrían enviado a España con los gastos pagos. Desde allí, en el apartamento de Mattos en Madrid, se gestó la persecución contra los enemigos de ese peligroso empresario y del abogado Alex Vernot –cercano a Gustavo Petro y también financiador de Guillén- detenido por ese soborno al sistema judicial colombiano.
En esa investigación hay amenazas de muerte de por medio y Guillén juega un rol principal con su sicariato moral contra los involucrados en el caso. Ahí también cayó el exfiscal Néstor Humberto Martínez y los Eljuri en publicaciones que forman parte de la investigación que adelanta la Fiscalía. En el montaje contra Jaime Lombana Guillén utilizó información de la banda de chuzadas liderada por el directivo del DAS Laude Fernández.
La Ñeñe Política y Guillén
Esa investigación que se orquestó para golpear al expresidente Álvaro Uribe más que al gobierno de Iván Duque se deriva de una denuncia que presentó el ciudadano barranquillero Carlos Rodríguez contra el ganadero José Guillermo Hernández (Qepd). De esa investigación derivada de la denuncia interpuesta por el prestamista de la mafia que fue extraditado por lavado a los Estados Unidos se derivó es escandalo conocido como la Ñeñe Política.
Esos audios en los que se escucha a la exasesora del expresidente María Claudia Daza hablar de política electoral aparecieron en las interceptaciones al Ñeñe por la denuncia instaurada por Carlos Rodríguez. ¿Por qué Guillén tenía la información?
Según la Fiscal contra el crimen organizado Jenny Andrea Ortiz quien presentó una denuncia contra Guillén, éste está en la nómina de Carlos Rodríguez. Esa información forma parte de la denuncia interpuesta por esta fiscal en la que acusa a Guillén y al abogado Miguel Ángel del Rio de amenazarla con montajes mediáticos si no procedía con las imputaciones que ellos solicitaban. La cercanía entre el abogado del extraditado Rodríguez y Guillén fue muy fácil de verificar en distintas publicaciones en las que se observa que actúan en la misma dirección.
Datos: Una deuda entre bandidos el fondo del problema para @IvanDuque
1. @FiscaliaCol @FrBarbosaD ¿Carlos Rodríguez, prestamista de la mafia, trabaja con los Rastrojos, con oficinas en Venezuela?
2. ¿Quién es su comunicador de cabecera? … pic.twitter.com/7r0t8JNcGD
— Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) March 9, 2020
2. Según la denuncia de la Fiscal Jenny Andrea Ortiz el ‘sastre’ Carlos Ortiz y Gonzalo Guillén están del mismo lado. ¿Carlos Rodríguez =Rastrojos=Guillén? @HELIODOPTERO @IvanDuque @FrBarbosaD pic.twitter.com/Z8ZggQpxnm
— Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) March 9, 2020
El ataque contra el expresidente Uribe a través de una serie titulada con el calificativo de ´Matarife´ y que viola todas las normas internas de las redes sociales en la que será divulgada es otro trabajo de desprestigio camuflado en el legítimo ejercicio del periodismo pero sin respeto alguno por las mínimas normas de veracidad, equilibrio, confirmación y respeto por la integridad y el buen nombre que rigen el ejercicio informativo. Uribe es un político y como tal está en el juego de poder, ha caminado por la delgada linea en muchos casos y ha respondido de frente cuando la justicia lo requiere. Le caben muchas críticas pero tildarlo de genocida en una serie promovida por sus enemigos políticos es un atentado terrorista contra él su familia, sus seguidores y la figura del Presidente de la República.
Le preguntamos al director de la FLIP Jonathan Bock sobre este caso y esta fue su respuesta: »La Flip no hace valoraciones sobre contenidos periodísticos, las diferencias o inconformidades frente a la publicación deben tramitarse con las herramientas democráticas que están establecidas. Las garantías a la libertad de prensa las debe dar el Estado y todo el que quiera puede expresarse libremente, de lo contrato se atentaría contra la prohibición de censura previa. En caso de que se trasgreda un límite legal, este sólo podrá ser posterior a la publicación y bajo orden judicial».
Ver: Los lujos de Guillén, más extravagantes que los de Jenny Ambulia