Por: El Expediente
Las campañas presidenciales de 2026 tienen un nuevo personaje: el influencer político. No es periodista, aunque se presenta como tal. No es analista, aunque opina como si lo fuera. Su función real es más sencilla y más antigua: repetir consignas, aplaudir decisiones y atacar al adversario. Lo que ha cambiado es el escenario — las redes sociales — y la escala del fenómeno.
Las campañas presidenciales destinaron 2.716 millones de pesos a pauta digital entre enero y marzo de 2026. Una parte de esos recursos no fue a medios de comunicación sino a creadores de contenido cuya principal credencial es el número de seguidores.
Iván Cepeda, en particular, ha apostado por la circulación de sus mensajes a través de redes de apoyo, cuentas afines e influenciadores cercanos a su proyecto político. Sin invertir en pauta directa, el candidato del Pacto Histórico tiene el ejército digital más disciplinado de la campaña.
La campaña de Abelardo De La Espriella opera con un esquema similar: activistas digitales que difunden sus mensajes en redes y que han logrado posicionar narrativas sobre vínculos entre el uribismo y el petrismo, mientras el candidato mantiene un perfil prudente y se desmarca públicamente de los contenidos más agresivos.
Algunos de esos influencers petristas tienen contratos vigentes con entidades del Estado mientras hacen campaña política. «Lalis» — Laura Daniela Beltrán — acumuló contratos con el Fondo Rotatorio de la Cancillería, el Departamento de Prosperidad Social, la Superintendencia de Industria y Comercio y Colombia Compra Eficiente por alrededor de 220 millones de pesos mientras promocionaba la agenda del gobierno Petro en sus redes. Luego se lanzó al Congreso por el Pacto Histórico.
No es un fenómeno exclusivo de la izquierda. Las campañas de derecha y centro también tienen sus propios creadores de contenido, muchos de ellos contratados mes a mes, sin mayor diferencia con un aviso publicitario pagado.
Fuentes de El Expediente señalan que al menos una influencer activa en la campaña presidencial ha trabajado para tres candidatos distintos en el último año, saltando de uno a otro a medida que mejoraban las condiciones económicas del contrato.
El problema no es que existan. El problema es la confusión de roles que generan. Comprender lo que hay detrás de las estrategias de marketing digital de los políticos es clave para distinguir claramente las formas de la publicidad de los contenidos políticos. Un influencer que graba un video apoyando a un candidato es publicidad. No es periodismo. No es análisis. Es propaganda, con o sin etiqueta de contenido pagado.
Yeferson Cossio, creador de contenido con más de 12,5 millones de seguidores en Instagram, anunció su apoyo a Paloma Valencia el 27 de abril. Sus seguidores superan la audiencia de la mayoría de medios del país. Cossio no es periodista ni analista político. Es un creador de entretenimiento. Ese es hoy el peso real de una declaración política en Colombia.
El periodismo y la política funcionan en sentidos opuestos. El periodismo fiscaliza el poder — cualquier poder, sin distinción de color político. El influencer político lo defiende. Son oficios incompatibles que las redes sociales han hecho aparecer como equivalentes. No lo son.
Al menos cinco creadores de contenido lograron una curul en las elecciones al Congreso de 2026. Walter Rodríguez, conocido como Wally, es hoy senador de la República. El trayecto de influencer a legislador se ha vuelto tan corto que ya no sorprende. Lo que sí debería sorprender es la velocidad con que ese trayecto normalizó la idea de que tener seguidores equivale a tener criterio político.
La confusión no es accidental. El activismo político y el periodismo comparten superficialmente las mismas herramientas — una cámara, un micrófono, una cuenta en redes — pero operan con lógicas opuestas. El activista parte de una conclusión y busca argumentos para sostenerla. El periodista parte de una pregunta y va a donde lo lleven los hechos, aunque eso incomode a quien financia su medio o simpatice con sus ideas. Esa diferencia, que parece sutil, lo cambia todo.
El periodismo tiene una función que no puede delegarse en un influencer: la contraloría del poder. No del poder que no me gusta. Del poder en abstracto. El periodista que solo le exige cuentas al gobierno que le disgusta no es periodista — es opositor con micrófono. El influencer que solo defiende al candidato que apoya no es comunicador — es publicidad con cara.
Lo que ha hecho el ecosistema digital es democratizar la producción de contenido sin democratizar los estándares. Cualquiera puede publicar. Pocos verifican. Menos aún asumen las consecuencias de equivocarse.
El periodismo tiene nombre, tiene firma, tiene responsabilidad legal y ética sobre lo que publica. El influencer político, en la mayoría de los casos, tiene seguidores, tiene contrato con una campaña y tiene la certeza de que ningún consejo de redacción le va a pedir explicaciones por una afirmación falsa.
En Colombia ese fenómeno ha encontrado terreno fértil. Un país polarizado, con desconfianza histórica en los medios tradicionales y con una penetración acelerada de redes sociales, es el escenario ideal para que el activismo disfrazado de periodismo prospere. Las campañas lo saben y lo aprovechan. Es más barato contratar diez influencers que sostener una sala de redacción. Y más efectivo para los propósitos de una campaña, que no son informar sino persuadir.
Colombia llega a la elección presidencial más importante de la última década con un ecosistema de información donde la frontera entre el dato verificado y la consigna repetida se ha vuelto casi invisible. Los candidatos lo saben y lo usan. Los ciudadanos lo padecen.
