Por: El Expediente
Iván Cepeda Castro inscribió su candidatura presidencial con Aída Marina Quilcué Vivas como fórmula vicepresidencial y lo hizo con toda la pompa simbólica que el Pacto Histórico sabe desplegar: una mujer indígena nasa, senadora del MAIS, exconsejera mayor de la ONIC y viuda de Edwin Legarda, abatido por el Ejército en 2008.
La narrativa oficial la presenta como “heredera de la resistencia” y “voz de los pueblos originarios”. Pero cuando se mira con detenimiento el trasfondo histórico y político, lo que emerge no es un gesto de reconciliación, sino una jugada calculada que revive viejos rencores, glorifica legados armados y pone en el centro del poder a alguien cuya biografía está profundamente marcada por la confrontación violenta contra el Estado.
Primero, el mito familiar. Aunque Quilcué aclaró en Blu Radio que no es nieta directa de Manuel Quintín Lame, el Pacto Histórico y el propio Cepeda han permitido —y en algunos casos alentado— que se difunda la idea de que ella es su “heredera espiritual”.
Quintín Lame, líder nasa de principios del siglo XX, organizó comunidades para recuperar resguardos y fue perseguido por las élites terratenientes del Cauca, entre ellas Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora Paloma Valencia. Ese enfrentamiento histórico entre el líder indígena y el político conservador de Popayán se ha convertido en el eje narrativo de la campaña: una supuesta “venganza generacional” que hoy enfrentaría a la “nieta simbólica” de Quintín Lame contra la nieta real de Valencia.
El problema es que esa lectura romantiza una historia mucho más turbia. Tras la muerte de Quintín Lame en 1967, su figura fue apropiada por el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), guerrilla indígena que entre 1984 y 1991 realizó tomas armadas, acciones conjuntas con disidencias de las FARC y dejó un saldo de violencia en el norte del Cauca, incluyendo bajas de soldados y civiles.
Aunque el MAQL se desmovilizó en 1991, su legado simbólico sigue vivo en sectores que ven en la lucha armada una forma legítima de “recuperar tierras”.Aída Quilcué carga además con el asesinato de su esposo Edwin Legarda en 2008.
El Estado reconoció responsabilidad en 2018 y pidió perdón público, pero versiones de inteligencia militar y judicial de la época —incluidas interceptaciones y testimonios en procesos de Justicia y Paz— señalaron que Legarda tenía vínculos operativos con estructuras de las FARC en el Cauca. Quilcué ha convertido ese dolor en bandera política: una crítica permanente al Ejército y al uribismo, una defensa cerrada del proceso de paz y una alianza inquebrantable con el petrismo.
Elegirla como fórmula vicepresidencial no es solo un guiño indígena; es una declaración de que el Pacto Histórico está dispuesto a llevar al segundo cargo de la nación a alguien cuya trayectoria personal y política está íntimamente ligada a la confrontación armada contra el Estado.Cepeda, defensor histórico de presos políticos de las FARC y promotor de la Jurisdicción Especial para la Paz, sabe perfectamente lo que hace.
Al poner a Quilcué a su lado no busca solo votos en el Cauca o en la circunscripción indígena: busca enviar un mensaje explícito a la oposición, al uribismo y a sectores militares. Es una provocación simbólica que dice: “Aquí estamos los que resistimos, los que perdimos familiares en la guerra, los que venimos del lado de la lucha armada convertida en política”.
En un país donde todavía hay miles de víctimas de secuestros, masacres y atentados de las FARC, esa apuesta genera más división que unidad.
Paloma Valencia, por su parte, representa exactamente lo contrario: la continuidad de una tradición conservadora caucana que ve en las movilizaciones indígenas y en la “paz total” una amenaza al orden establecido.
La confrontación entre ambas no es solo política; es un choque de narrativas sobre quién tiene derecho a hablar en nombre del Cauca: ¿los herederos de la guerrilla indígena o los descendientes de las élites que la combatieron?
El resultado de esta fórmula Cepeda-Quilcué será, sin duda, una de las apuestas más polarizantes de 2026. Para algunos, representa justicia histórica y reparación.
Para muchos otros, es la institucionalización del revanchismo, la glorificación de legados armados y la profundización de heridas que el país aún no ha cerrado.
Cepeda sabe que está jugando con fuego. La pregunta es si Colombia está dispuesta a pagar el precio de esa apuesta.Los hechos históricos, los legados familiares y las biografías hablan por sí solos.
Para estar muy atentos: lo que se avecina en el Cauca —y en el país— no es solo una elección; es la continuación de una guerra simbólica que lleva más de cien años.
