Por: El Expediente
Bogotá, 17 de septiembre de 2025
La Veeduría Nacional de Salud (FUSISSCO) denunció graves irregularidades en la gestión de Javier Ricardo Torres Betancourt, director de Comfenalco Antioquia, señalando opacidad, ineficiencia y posible desviación de recursos que afectan a los trabajadores antioqueños.
La controversia se intensifica tras su nombramiento en abril de 2025, que generó alertas por su falta de experiencia en cajas de compensación y presuntos vínculos políticos con el petrismo, según reveló El Colombiano.
FUSISSCO reporta un déficit de $8.089 millones en el programa de vivienda (FOVIS) en 2024, un aumento del 46,22% en gastos jurídicos y falta de trazabilidad en más de $7.203 millones del FOSFEC.
También alertan sobre clientelismo en contrataciones, fraccionamiento contractual y barreras que vulneran derechos de cesantes. Estas acusaciones se suman a las críticas por la salida abrupta del exdirector Esteban Gallego, quien defendía que la Caja había cumplido el 90% del plan de mejora exigido por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Torres, abogado caleño sin trayectoria en el sector, fue designado tras la Resolución No. 276 de 2025, en un movimiento que sindicatos y sectores políticos locales tildan de “político” y vinculan a sectores del petrismo y al senador conservador Carlos Andrés Trujillo.
Su historial incluye contratos con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y asociaciones con figuras cuestionadas, lo que alimenta las sospechas de una posible cooptación política de la Caja, que atiende a más de 870 mil personas y reportó una utilidad neta de $26.533 millones en 2024.
FUSISSCO exige la suspensión inmediata de Torres y su equipo, una auditoría forense en 120 días, la inmovilización del 40% de los recursos FOSFEC y la publicación de contratos y beneficiarios de 2023 a 2025. También demandan un plan de choque en 90 días para sanear finanzas y garantizar transparencia.
“El 4% no es botín político, es de los trabajadores”, subraya la veeduría, urgiendo a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía a investigar.
La crisis pone en riesgo el patrimonio de la familia trabajadora antioqueña, mientras se espera la decisión de la Superintendencia sobre la intervención, prevista para el 15 de abril.
