Por: José Fernando Torres
Cada uno da lo que tiene y Petro ha dado lo que tiene. No puede dar otra cosa.
El nivel de destrucción generado por las acciones gubernamentales es inconmensurable y produce estupefacción constatar que responde a un proceso deliberado como pieza fundamental de la estrategia para permanecer en el poder.
Inicia con el nombramiento de personas que están sub-judice, o cuya “aptitud” consiste, solamente, en hacer proselitismo político, obedecer ciegamente los designios presidenciales o ejecutar a la perfección la labor de destrucción.
Basta ver, por ejemplo, el debilitamiento intencional de las FFMM, cuya contrapartida es el empoderamiento de los grupos armados ilegales y un cada vez mayor control de las regiones por parte de estos.
Sin embargo, allí no se detiene la destrucción: el acabose del sistema de salud, que coloca en grave riesgo la vida de los pacientes y está por convertirse en un crimen de lesa humanidad; el marchitamiento del fomento a la educación; y, según se lee en los medios, el desvío y malversación de recursos del Estado como instrumento para hacer aprobar reformas legislativas, pagar favores, promover marchas “populares” de apoyo al gobierno, ejercer en redes sociales sicariato moral contra sus opositores, comprar conciencias, paralizar investigaciones u obstaculizar su avance, nutrir a movimientos indígenas sin que se sepa qué hacen con las ingentes sumas de dinero que reciben, entre otras cosas, todo envuelto en un asqueroso hálito de corrupción frente a la cual el gobierno se limita a culpar a otros, sin hacer nada para ponerle coto, por la sencilla razón de que, siendo él, como cabeza de gobierno, el único responsable, no está dispuesto a asumir esa responsabilidad y la evade, a pesar de que esa inacción sólo puede ser vista como tolerancia o complicidad.
Todo lo complementa el uso de un bajo y abyecto lenguaje que fomenta el odio y la lucha de clases, que ataca con virulencia a sus opositores, a los empresarios, el tejido empresarial y el empleo formal; que muestra su total desprecio por el Estado de Derecho, la democracia y el equilibrio de poderes, y un enorme desdén por las cortes; que ha hecho de la mentira, la manipulación, la desinformación y la calumnia una forma de gobierno; que vende la falsa idea de que su voluntad es la misma del pueblo y que ninguna referencia hace a que llegó al poder pisoteando moral e injustificadamente a sus competidores y violando los topes electorales, es decir, violando la Constitución, de cuyas normas ya en el poder ha querido apartarse.
Dos años y medio de desgobierno del tuitero Petro no le han servido a la oposición para organizarse y convertirse en una opción de poder o para construir una nueva ruta para el país ni para que este actúe con miras a detener su destrucción. Las Cortes, a pesar de sus esfuerzos, no han podido poner freno a la destrucción, pues están desbordadas por los acontecimientos y sus fallos no son acatados por el gobierno, que hace caso, pero caso omiso, de ellos. ¿Cuál ha sido la respuesta del país y de la oposición?
Lamentarse, examinar con lupa cada paso del gobierno y confiar en que en el 2026 triunfe un gobierno que represente todo aquello que no es el de Petro. Sin embargo, poco o nada se hace, en conjunto, para detener la destrucción. Colombia necesita trabajar en tres direcciones: la primera y más obvia, enfilar baterías, todos a una como en Fuenteovejuna, para que el gobierno no siga haciendo más daño y ello pasa por su pérdida de investidura debido a la violación de topes electorales -por lejana o improbable que se vea-, es decir, supone presionar al CNE, a la Comisión de “Absoluciones” y al Congreso, o buscar hacer un juicio por indignidad, pero también pasa por cortar el círculo de poder presionando a la Fiscalía General de la Nación y a las Cortes para que hagan oportunamente su tarea y se pronuncien de una vez por todas sobre las investigaciones que están a su cargo, incluidas las de Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, y se sancione ejemplar y penalmente a quienes saquearon la UNGRD y ordenaron el saqueo, y obligándolos a devolver todo el dinero sustraído. Justicia tardía no es justicia.
La segunda dirección, también obvia, es la de ocuparse en ganar las elecciones del 2026. Que más de 40 candidatos gasten ingentes recursos en promover sus candidaturas es una muy mala señal. Los recursos deberían gastarse en no más de tres o cuatro candidaturas que representen la oposición clara a este gobierno y que muestren al país una ruta clara para salir del atolladero. Y, si bien todos quienes estén en desacuerdo con el gobierno deben trabajar mancomunadamente, no puede perderse de vista que a la cabeza no pueden estar ahora aquellos que con su falta de visión o cobijados por otras razones contribuyeron al ascenso del gobierno y al desastre que hoy se sufre.
Esta segunda dirección incluye la realización de una elaborada campaña enderezada a recuperar el amor por Colombia, dejar a un lado el pesimismo, motivar e impulsar la defensa del país y de la democracia, y a crear conciencia sobre el desastre existente y desnudarlo al máximo, en toda su dimensión.
La tercera dirección, que va unida a la segunda, es la de construir soluciones para resolver los problemas fundamentales que afronta el país, es decir, para construir una nueva ruta de país, a la manera de un Plan Marshall.
Esta es tarea de un equipo y no de una sola persona. Académicos de renombre, empresarios destacados y con realizaciones tangibles, y gremios económicos, en coordinación con partidos políticos de oposición o solo con alguno de ellos que merezca ese calificativo, deben desde ya empezar a trabajar a marchas forzadas, unidos con devoción y desprovistos de intereses egoístas, y con el único fin de servir al país, para estructurar esa nueva ruta.
La ruta debe cubrir varios frentes, y a cargo de cada uno de ellos debe estar un destacado dirigente, que lo lidere; (i) El económico, el saneamiento de las finanzas públicas y la generación de empleo, con José Manuel Restrepo a la cabeza; (ii) El agrícola, el cual, por su dimensión, debe tener su propia entidad -así esté unido al económico-, con Rubén Darío Lizarralde; (iii) El de seguridad y orden público, con el General®Gustavo Matamoros; (iv) El de salud, para salvar y recomponer el sistema, introduciendo los correctivos a que haya lugar, con Ana María Vesga; (v) El social y laboral, para reducir la desigualdad y disminuir la pobreza, pero también para fomentar la generación de empleo formal, con Jaime Alberto Cabal; (vi) El jurídico, con Hernando Herrera Mercado a la cabeza, para que haya un verdadero revolcón tendiente a eliminar la impunidad reinante de la delincuencia y de los altos cargos -incluidos los aforados-, no se le ponga conejo a la justicia, y existan herramientas eficaces para impedir o frenar los juicios politizados, como el que se le realiza al expresidente Uribe, que es motivo de vergüenza y que debe ser ocasión para castigar severamente a quienes malsanamente lo impulsaron y a quienes se embarquen injustificadamente en aventuras movidas solamente por odios políticos.
Estos destacados dirigentes deben trabajar mancomunadamente con los gremios económicos, integrar a sus equipos de trabajo a quienes puedan realmente hacer un verdadero aporte y presentar el resultado de su tarea en un plazo no mayor de ocho meses, es decir, dejar esa nueva ruta completamente definida en este año 2025 y a disposición del país.
