Por: El Expediente
El hostigamiento sistemático, la persecución y la violencia política que han marcado la trayectoria de figuras públicas como María Fernanda Cabal, quien renunció a su curul legislativa a mediados de este 2026, representan el eslabón más visible de una cadena de agresiones estructurales contra la mujer en el país. Cuando el escarnio, las amenazas y la beligerancia institucional logran cercar a una dirigente con fuero, esquema de seguridad y una amplia plataforma de denuncia, el mensaje que desciende hacia las bases de la sociedad resulta desolador. Si el aparato estatal es incapaz de garantizar un ejercicio libre, seguro y sin violencias para las mujeres que se abren paso en la cúspide del poder político, la supervivencia de aquellas que habitan en los territorios apartados, en las zonas de conflicto o en la marginalidad urbana queda sometida enteramente al arbitrio de la impunidad.
Es precisamente esta asimetría y el estado de indefensión generalizado lo que motivó a la Fundación para el Fomento de la Justicia, Verdad y Garantías Judiciales, conocida institucionalmente como Fondejusticia y Verdad, a escalar la denuncia hacia los estrados internacionales de mayor envergadura. La organización presentó formalmente ante la Organización de los Estados Americanos un exhaustivo dossier bautizado con una consigna que no admite interpretaciones tibias: «Las queremos vivas, ni una más, ni una menos». Este documento configura una radiografía crítica y minuciosamente detallada sobre las graves dinámicas de violencia machista que persisten y se agravan en Colombia y Panamá durante la vigencia de 2026, consolidándose como un llamado de urgencia para exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones estatales en materia de protección ciudadana.
El reporte entregado a la comunidad diplomática del organismo hemisférico trasciende el simple conteo estadístico de feminicidios para poner el dedo en la llaga de un mal mucho más complejo y silencioso, que es la violencia institucional. Las investigaciones de la fundación demuestran cómo el propio aparato del Estado, a través de despachos judiciales inoperantes, funcionarios que carecen de una mínima perspectiva de género y barreras burocráticas indolentes, termina revictimizando a las denunciantes y negándoles el acceso a un blindaje oportuno. En la práctica, el texto deja en evidencia que tanto Colombia como Panamá mantienen una deuda histórica frente a los compromisos de erradicación de las agresiones adquiridos en la Convención de Belém do Pará, convirtiendo los tratados internacionales en letra muerta mientras los victimarios encuentran un refugio seguro en la negligencia de los tribunales.
Elevar este hallazgo probatorio ante la Organización de los Estados Americanos responde a una estrategia sostenida de incidencia que busca obligar a los gobiernos a confrontar su propio fracaso estructural y a rediseñar de manera urgente sus políticas preventivas. Fondejusticia y Verdad expone ante el continente que la retórica oficial y los discursos gubernamentales de equidad resultan completamente estériles si no vienen acompañados de medidas de resguardo eficaces, asignación de recursos y una reestructuración profunda del sistema judicial. El mensaje que resuena ahora en los escenarios multilaterales plantea un ultimátum inapelable frente a la inercia del poder público, advirtiendo que la consigna de salvaguardar la vida de las mujeres exige desmantelar de raíz los esquemas de impunidad procesal para que el Estado deje de ser un espectador pasivo y asuma, de una vez por todas, su deber inquebrantable de protegerlas.
Ver el informe:
