Por: Fernando Torres Mejía
Si la Corte Constitucional, en su sabiduría e independencia, continúa su labor como la ha venido desarrollando y ningún hecho “extraordinario” se llegase a presentar, no habrá nada que pueda desvirtuar que en el trámite de la Ley 2381 de 2024 se presentaron vicios de trámite, con lo cual se “caerá” en la Corte Constitucional, que, por cierto, hasta la primera semana de febrero de 2025, se contabilizaban 41 mil solicitudes de traslados de afiliados de fondos privados a Colpensiones por la entrada en vigor el 1 de julio, de la nueva reforma pensional.
Como se sabe, se radicaron 12 demandas por inconstitucionalidad, entre ellas la de la senadora Paloma Valencia, Miguel Uribe y Sandra Patricia Hernández Pérez, las cuales argumentan que se violaron los principios constitucionales y que la iniciativa es inconstitucional ya que en la Cámara de Representantes no se debatió ni se explicaron las diferencias con el texto aprobado por el Senado, así que no se permitió deliberar sobre las proposiciones presentadas por los congresistas y contradice varios artículos de la Constitución.
En cuanto a las fallas por inconstitucionalidad, esta reforma no incrementa los recursos disponibles para el programa de subsidios a los adultos mayores, argumenta programas que ya existen, tendría efectos negativos para los jóvenes y niños que tendrán que hacer mayores aportes para recibir una pensión digna, se encarecerá la deuda, lo que obligará a que se tenga que presentar una nueva reforma en el corto plazo.
A pesar de las razones de forma y fondo que han dado origen a estas demandas, el señor Gustavo Petro, desde ya está promoviendo e incitando al pueblo para que se lleve a cabo un nuevo “estallido social” , lo que simple y llanamente constituye una amenaza a la democracia y un capricho de violencia que se alimenta por los egos, el odio y el rencor, que simplemente nos conduciría de nuevo al caos, a la destrucción generalizada de la infraestructura, la intolerancia de unos pocos que ven en este tipo de situaciones la oportunidad para mostrar su rechazo sin medir las consecuencias que en muchos casos terminará con la pérdida de vidas y daños irreparables.
Petro sin duda pareciera que se alimenta y le hace falta vivir en “guerra” y así lo demuestran sus días de juventud cuando militó en el M-19 y con lo que representa volver a un “estallido social” como el que vivimos en 2021, que también de alguna manera fue promovido por él, y se constituyó en una serie de protestas y movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de ese año.
Estas protestas fueron convocadas por las centrales sindicales para rechazar la reforma tributaria de Duque. No contento con ese pasaje de la historia, ahora como presidente, que es cuando le corresponde mantener el control y protección de todos los ciudadanos, por el contrario, promueve el desorden y el caos.
Durante las protestas, se reportaron actos de violencia, así como también tuvieron un impacto significativo en la economía, con bloqueos de carreteras, paros laborales, daños a la infraestructura, en conclusión, el estallido social fue un movimiento de protesta masivo que cuestionó la política económica y social del gobierno, la corrupción y la desigualdad, y que tuvo un impacto significativo en el país, dejando un saldo trágico de al menos 80 muertes violentas.
La época que nos tocó vivir a los colombianos y en especial a los caleños en 2021, fueron momentos difíciles, complejos y multifacéticos que como también recordamos, fue infiltrado por la guerrilla bajo la sombrilla de los “jóvenes de la primera línea” quienes se encargaron de “alimentar” el caos que nos dejó un gran aprendizaje y enseñanza que estamos seguros no quisiéramos volver a vivir, por eso es insólito que ahora Petro sea el encargado y único responsable de promover el “Estallido social II”.
