Por: Guillermo Rodriguez
Las recientes declaraciones del Presidente Petro en donde menciona que la gran mayoría de las actuaciones ilegales, asesinatos, ajustes de cuentas, operaciones de narcotráfico, e inclusive el más cruento, vil – y no declarado crimen de lesa humanidad- magnicidio que se haya visto en los últimos 30 años, el de Miguel Uribe Turbay, provienen de ordenes e instrucciones de un aparato de poder criminal con supuesto mando en Dubái y control global, denominada por el Jefe de Estado como “junta del narcotráfico”, que no parece ser otra cosa que un organigrama compuesto por ex narcotraficantes, quienes, a pesar de haber cumplido sus condenas, son fácilmente inculpados por el estigma de su pasado.
Lo que para algunos es una narrativa enredada difusa y hasta loca, o un discurso lleno de confusión e inferencias ilógicas delirantes, para otros que le asienten todo al gobierno, es el resultado de una delicada y seria investigación. En la realidad estamos ante los nuevos falsos positivos del gobierno actual para crear caos y confusión en la patria boba, desde hace poco más de un año nos enfrentamos ante la narrativa propia de un adicto al poder y otras sustancias psicoactivas, que hace entuertos y acuerdos con la delincuencia, y cuando ve que el país se le va de las manos como el agua, crea invenciones fantasmagóricas con el único propósito de confundir a la administración de justicia y de paso, extorsionar a las personas que él mismo denuncia.
El presidente ha convertido a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un servicio secreto personal, asegurando el control al nombrar excompañeros del M-19 en sus puestos clave. Esta lealtad le otorga la facultad de generar informes, organigramas y supuestas pruebas a la medida de sus intereses, información que con frecuencia carece de la verificación propia de la inteligencia de Estado. Con un aparato de espionaje enfocado en sus adversarios y la plataforma presidencial para amplificar sus versiones, tiene a su disposición la herramienta perfecta para inventar organizaciones con el fin de extorsionar.
Según fuentes del más alto nivel la tal “junta del narcotráfico” no es nada más y nada menos que humo, solo humo, que le han servido al oscuro propósito de desviar las investigaciones judiciales en casos que ameritan demasiado rigor, como por ejemplo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, investigación que entre otras en nada va, aún. La justicia tiene una responsabilidad descomunal: no dejarse confundir del dignatario de la Nación ¿a dónde hemos llegado?
Lo único que han logrado esos cuentos es que la opinión pública esté al lado de los ex capos, no porque caigan bien, sino porque se ve a luces que son un chivo expiatorio donde los montan a un clan corporativo y sofisticado donde les construyeron una tal “junta” para desviar investigaciones penales. Ellos ya pagaron sus delitos, y quizás las únicas juntas que se han conocido son las de ombligos en las fiestas que se menciona que hace el hoy gobernante.
Por ejemplo, las juntas de la Picota-Eron (pabellón de máxima seguridad) que nada tienen que ver con ningún Dubái, las juntas de Medellín, las juntas de Paris, las juntas de Panamá, las Juntas de Ecuador, las juntas de Tokio, para no decir más, las juntas de la UNGR, las juntas de Carlos Ramon González, Sandra Ortiz y Alias Pechuga. Ahora busca enemigos imaginarios para desviar cientos de investigaciones y cruentos hechos que vienen sucediendo en el país, es que a nadie más se le ocurre buscar nexos causales de la tal “junta” con el magnicidio de Miguel Uribe. Se trata, en definitiva, de una maniobra discursiva que busca crear una cortina de humo para ocultar las graves investigaciones que involucran directamente a su círculo personal, familiar y político.
Los hechos muestran la clara y evidente estrategia de crear un sofisma de distracción en el contexto de una investigación del magnicidio y los ríos de corrupción, la excusa perfecta desviar el magnicidio de la cabeza visible de la oposición, con supuestas organizaciones que son inexistentes no solo para las autoridades colombianas sino también para agencias internacionales; ahora dentro de esas con causalidades sin fin, las cuales buscan decir o dejar en el espectro que el magnicidio correspondería a un tema de gemas preciosas más concretamente esmeraldas, es absurdo. De esta forma, se consolida una lamentable estrategia de impunidad donde, al desviar la investigación con pistas falsas, el gobierno termina protegiendo a los verdaderos culpables detrás del magnicidio.
Corolario: Más que una línea de investigación, la insistencia en vincular a ex narcotraficantes con el negocio de las esmeraldas revela una posible agenda de fondo. Construir este nexo causal, por absurdo que parezca, crea la narrativa necesaria para justificar una intervención estatal en el sector. El objetivo final no sería otro que la eventual confiscación de títulos de gemas y otros minerales estratégicos, en una política que recuerda las presiones ya ejercidas sobre compañías de exportación de carbón a Israel y de oro a otras naciones.