Por: Fernando Torres Mejía
La elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional es un proceso crucial que requiere no solo conocimientos jurídicos sólidos, sino también un firme compromiso con el orden constitucional y el estado social de derecho.
El magistrado elegido tendrá la responsabilidad de interpretar la Constitución y decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y acciones gubernamentales, lo que tendrá un impacto significativo en la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales. Además, su elección puede tener un impacto directo en la confianza y legitimidad de la Corte Constitucional y del sistema judicial en general, por lo que resulta esencial garantizar un proceso transparente y riguroso que priorice la idoneidad, la independencia y la imparcialidad del candidato.
Es por eso que quienes se incluyan en las ternas deben ser personas idóneas con experiencia, conocimiento y habilidades necesarias para desempeñar este cargo. Contar con independencia y no estar influenciados por intereses políticos o personales, ser imparciales y tomar decisiones basadas en la ley y la Constitución.La elección de magistrados enfrenta desafíos significativos debido a la polarización política y los intereses partidistas, que se ven exacerbados por la presión pública y mediática. Esto compromete la independencia y la imparcialidad necesarias para el cargo.
Por lo tanto, es fundamental priorizar la calidad y diversidad de los candidatos, garantizando que la Corte Constitucional sea representativa, efectiva y capaz de tomar decisiones justas y equitativas.Estamos en riesgo de perder la Corte Constitucional si esta no logra mantener su independencia, lo que sería nefasto, porque quien hoy ostenta el cargo de presidente quedaría con todo el poder para hacer lo que se le dé la gana y ya no habría como detener sus caprichos; entre estos, si lo quisiera, podría aspirar a su reelección y ahí sí “apague y vámonos”.
La Corte Constitucional es clave porque ejerce control sobre las decisiones de los otros poderes y por eso la conocemos como la “barrera” o el “muro” de contención, en el cual descansa nuestra ya frágil democracia, por eso no deja de llamar la atención la terna que presentó el presidente, que la encabeza su amigo personal Héctor Carvajal, quien no cuenta con experiencia en derecho constitucional, pero que claramente es el pago de “favores”.
Las otras dos ternadas simpatizantes de izquierda, Karena Caselles y Didima Rico, que si bien cuentan con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico, son simple relleno para cumplir con el requisito, dejando en evidencia la falta de independencia.De otra parte, se conocieron los 18 finalistas de la Corte Suprema de Justicia y dentro de esta aparecen Luis Fernando Perdomo, fiel “compañero” del exfiscal Montealegre, que sabemos su afinidad y sus relaciones “peligrosas” con el actual gobierno, y la señora Carmen Vázquez, quien, sin duda, junto con Perdomo, son los caballos de Troya y que representan un grave problema para mantener la imparcialidad, teniendo en cuenta que el gobierno ya cuenta con tres magistrados, entre ellos Vladimir Fernández, que por cierto su elección está siendo cuestionada por el escándalo de los dineros de la UNGRD
La próxima elección del nuevo integrante, quien reemplazará a Cristina Pardo, tiene que ser un contrapeso para evitar el riesgo de que se pierda la independencia que está en juego si se sabemos que el gobierno cuenta con tres magistrados a saber: Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero, quien fue elegido por apoyos del gobierno y Juan Carlos Cortés, progresista; por su parte Natalia Ángel Cabo y Diana Fajardo, muestran posiciones afines al gobierno. Por su parte, los que tienen una clara independencia son los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente; Paola Andrea Meneses y José Fernando Reyes. Es decir que, si se escoge alguien con perfil progresista o de tendencia de izquierda, estaría en riesgo la Corte Constitucional
