Por Saúl Hernández Bolívar
Como si la situación de orden público de un país donde se atenta contra el primer mandatario fuera una fiesta, aparece el Consejo de Estado a tumbar el decreto de asistencia militar.
Un clima enrarecido se siente por estos días en el ambiente político colombiano por diversas razones, todas de ellas graves. Para empezar, habría que mencionar el triste episodio del asesinato del presidente de Haití con participación de exmilitares colombianos. Lamentablemente, está claro ya que varios de ellos sí estaban al corriente de la sucia misión para la que habían sido contratados, en tanto que los que algunos estaban bajo engaño, no muchos.
Los militares y policías son unos privilegiados que se pensionan a los 20 años de servicio y aún con menos en razón al peligroso trabajo desarrollado. De hecho, en la Policía tienen derecho a una asignación de retiro del 50% a partir de los 15 años de servicio. Por esa prerrogativa es común ver militares y policías pensionados a los 40 años de edad, que, aparte de recibir su pensión, dedican su tiempo a trabajar en otro oficio para redondear sus ingresos.
Hoy en día, nuestros exmilitares son apetecidos en muchos países para trabajar en temas de seguridad por la fama con que se han ganado gracias al exigente nivel de su formación, como el famoso curso de Lanceros, y a sus habilidades comprobadas en competencias internacionales en las que nuestros soldados suelen ocupar los primeros lugares, como el certamen de Fuerzas Comando en Suramérica o el Force Skills en el Sinaí.
De ahí que no sea extraño que les ofrezcan jugosos contratos para laborar en su campo, solo que cuando el asesinato de un presidente y el atentado a otro tienen como factor común a integrantes de nuestro Ejército, la cosa se complica. Ya sabemos que las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan con más de 400.000 integrantes que no son ángeles sino personas de carne y hueso de las que da la tierrita, y en este país hemos visto de todo en materia de violencia.
No era normal, sin embargo, que un militar conspirara con las Farc para asesinar al Jefe de Estado, como tampoco que al país le importara un comino. Grave y triste. Pero para quienes especularon que el atentado en la Brigada 30 de Cúcuta y el ataque al helicóptero presidencial en la misma ciudad eran «autoatentados», o así lo parecían, ya tienen el reconocimiento de los hechos por parte de los terroristas de las Farc, que son las mismas de siempre, aunque ahora las llamen «disidencias».
Y como si la situación de orden público de un país donde se atenta contra el primer mandatario fuera una fiesta, aparece el Consejo de Estado, una de las inefables altas cortes que tienen a la justicia colombiana sumida en el caos, a tumbar el decreto de asistencia militar que emitió el presidente Duque para restablecer el orden en aquellas ciudades sometidas al terrorismo urbano por los bloqueos y demás actos vandálicos con las consecuencias conocidas por todos.
Consideró este antro judicial que la asistencia militar es una «amenaza al derecho fundamental a la protesta social», lo que no es más que hacerles juego a los terroristas y dejar inerme a la sociedad colombiana impidiendo que el Estado cumpla su obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Semejante disposición equivale a claudicar ante una minoría de violentos y permitir que se tomen el poder por la fuerza.
Parece que en ese tribunal creen que 100 o 200.000 manifestantes pueden someter a millones que participamos de los mecanismos democráticos para decidir el rumbo del país y que no compartimos sus delirios. Por fortuna, el presidente Duque le contestó al Consejo de Estado que «preservar el orden público no necesita decreto» porque el artículo 217 de la Constitución es muy claro, como lo habían afirmado ya muchos expertos.
Por otro lado, una de esas altas cortes, la Suprema, desconoció un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca y le reconoció a la médica de las Farc Deyanira Gómez, la condición de supuesta víctima en el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. Esa corte olvida que este caso ya no es de su competencia y que salió de su órbita, y procede contra la ley con el fin de perjudicar al exmandatario en un proceso plagado de anormalidades. Otra más: un abogado trató de que se reconociera como víctima a un sacerdote desaparecido en 1996 en Cundinamarca, al parecer para robarle un extenso predio. ¿Y qué tenía que ver con Uribe? Nada.
Eso sí, sentimos un fresquito por la derrota que encajó Gustavo Bolívar al no ser elegido para la Segunda Vicepresidencia del Senado. Semejante truhan no se merece ninguna distinción. Así hay que derrotar a Petro, su jefe, el año entrante.
@SaulHernandezB
