Por :José Alejandro Ramírez Londoño.
Las elecciones presidenciales del 21 de junio van camino a ser las elecciones más violentas que hayamos vivido los colombianos en nuestra historia. Desde el magnicidio de Miguel Uribe el 03 de junio del año pasado, cuando se encontraba en el parque del golfito, en la capital del país, en actividades de su precandidatura a la presidencia, hasta las más recientes amenazas de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO’s) en más de 16 departamentos por cuenta de la 2a vuelta presidencial, nos han demostrado que la actividad de mayor peligro en Colombia es la actividad política, especialmente cuando se ejerce en contra del candidato del
Gobierno de Gustavo Petro quien, ajeno a toda coincidencia, ha resultado ser el mismo a quien promueven los GDO’s, Iván Cepeda.
Damos por sentado al hablar de la candidatura de Ivan Cepeda que se trata de la que promueve el gobierno de Gustavo Petro, como quiera que se hizo común ver al presidente y funcionarios del ejecutivo en campaña por su candidato. Sin embargo, las intervenciones políticas del presidente Gustavo Petro datan de la conformación del Pacto Histórico, quien en su desesperado intento por fusionar colectividades sancionadas por el CNE -financiación irregular y violación de topes- lo cual terminó en la intervención política del presidente en la campaña al Congreso -sin sanción- y una bancada de 25 senadores resultado del escrutinio del 08 de marzo. El punto es que dicha votación no hubiera sido posible sin el concierto de los actores que han usufructado las “mesas de paz” del gobierno, especialmente FARC, ELN y el Clan del golfo (CDG), organizaciones designadas como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así es, apreciados lectores: se trata de una reedición o una continuación, si se quiere, del pacto de la picota o pacto de la picota 2.0. Una mirada somera sobre dichos escrutinios puede demostrarnos cómo los actores que se despliegan en la mitad de los departamentos del país, luego del fortalecimiento que les permitió el gobierno de Petro, en su orden: Antioquia, Cauca, César, Córdoba, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Valle, Caquetá, Meta, Amazonas, Putumayo, Vaupés y Vichada, donde dichas organizaciones permitieron una participación electoral atípicamente alta, que favoreció en cerca de 2.269.848 votos al Pacto Histórico de los 4.470.541 que esta colectividad política tan espúrea, financiada con el dinero del erario y el estruendo de los fusiles, lo último de lo cual se conoce con el sofisticado término de “clientelismo armado”.
Atrás quedaron las épocas cuando la colectividad a la que favoreció el hoy presidente “le aparecieron” 1 millón de votos desde las cárceles para las elecciones en 2022, como lo reconociera en una célebre entrevista Juan Fernando Petro hermano del presidente Gustavo Petro: el 08 de marzo dicha votación fue más que duplicada. Y se verán multiplicados en la elección del 21 de marzo si las autoridades electorales no trasladan las mesas ubicadas en territorios que hoy controlan con sus fusiles las organizaciones nacoterorristas designadas en la lista del Departamento de Estado. Lista en mano, estos grupos al margen de la ley no solo apelan a carnetizar a los pobladores de vastas regiones, cédula a cédula, con el conocimiento de la mesa donde depositarán su voto, como lo denunciara un General que fue llamado a calificar servicios esta semana, sino que los convocan a reuniones, les hacen todo tipo de amenazas si no votan por su candidato, Iván Cepeda. Por motivo de su campaña, estos grupos delincuenciales han demostrado su fiereza y deshumanización: secuestrando, asesinado. Fue así como secuestraron a alfredo Ivan Guzmán Valcárcel de la campaña de Paloma Valencia en Tame (Arauca) y fue así como asesinaron a Roger Mauricio Devia (coordinador local) y Eder Fabián Cardona (asesor) del movimiento defensores de la patria en el muncipio de Cubarral (Meta).
Pero esta segunda vuelta está dejando constancias de la amenaza y la coacción al sufragante que superan todo lo visto: los gobernadores empezaron a manifestarse en ese sentido. Así lo hizo recientemente el gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruiz, quien recibió llamada de líderes religiosos de su departamento denunciando las amenazas recibidas; y también lo hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recaudando información ciudadana de los municipios de Campamento, Angostura y Remedios, este último Municipio donde una estructura de farc al mando del pedido el extradición y protegido por el gobierno de Gustavo Petro, a. Calarcá, garantizó el 26% de la participación electoral para el Pacto Histórico en la jornada del 8 de marzo. “(…) Anoche llegaron unos manes. Agradezca que hay segunda vuelta, dijo, porque usted sabe compañero que todo el mundo tiene que votar por Cepeda” se escucha en una denuncia de una valiente periodista.
Y es que en las elecciones del 31 de mayo se generó la advertencia de una participación electoral del 100% por Iván Cepeda en 218 mesas en cerca de 41 municipios del país, pero desde septiembre del año pasado, en el documento “alerta temprana 013-2025 para los procesos electorales de 2025 y 2026” la Defensora del Pueblo, Iris Marín, había determinado amenazas para electores en 449 municipios. Alertas tempranas sobre las cuales sólo se reportó un avance en el 42% de órdenes administrativas a escasos días de las elecciones, en imposibilidad de “la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”.
Para terminar esta columna, nos quedan 2 interrogantes: Aceptarán las autoridades electorales que se hace necesario evitar la coacción armada de los grupos terroristas a los electores? Entenderán que se hace necesario el traslado de las mesas donde ella mismas han advertido el peligro en que se encuentran de no votar por el candidato Ivan Cepeda? Pareciera que no lo entendieran a escasos 10 días de las elecciones.
