Por: Juan José Gómez El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso una reforma que podría haber marcado un antes y un después en la historia fiscal de Colombia: el Referendo por la Autonomía Fiscal de los departamentos. La iniciativa buscaba modificar el artículo 298 de la Constitución para que las entidades territoriales pudieran recaudar y administrar directamente ciertos ingresos fiscales, fortaleciendo así el principio de descentralización consagrado en el artículo 1 de la Carta Política.
La propuesta no era solo antioqueña: era nacional, justa y urgente. Pero en la Comisión Primera del Senado, donde debía surtir su primer debate, el proyecto fue derrotado por 8 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones. Lo que parecía una oportunidad para corregir el desequilibrio fiscal entre la Nación y las regiones terminó revelando el rostro real de muchos congresistas: el del centralismo complaciente.
El Gobierno y su bloqueo previsible
Desde el primer momento, el presidente Gustavo Petro se opuso al referendo. No sorprende. Para su administración, la concentración de recursos en el nivel central es una herramienta de poder, no de equidad. Con un Congreso que aprueba presupuestos a conveniencia o que puede ser sorteado mediante decretos, el Ejecutivo ha encontrado en el tesoro nacional un cheque en blanco. Y si los fondos escasean, siempre hay espacio para otra reforma tributaria.
Los senadores del Pacto Histórico, fieles al libreto presidencial, votaron en contra. Lo mismo hicieron sus dos aliados de partidos como el Liberal y Cambio Radical Carlos Benavides y Temístocles Ortega. Los petristas obviamente fueron Clara López, María José Pizarro, Aida Quilcué y Ariel Ávila, La obediencia fue más fuerte que la autonomía.
Las Ingratitudes Regionales
Más desconcertante aún fue la postura de Germán Blanco (Conservador) y León Freddy Muñoz (Alianza Verde), ambos antioqueños. Su negativa no solo contradice el sentir de su departamento, sino que representa una forma de ingratitud política difícil de justificar. Antioquia lideró esta propuesta con visión nacional, y sus propios representantes le dieron la espalda.
Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, también votó en contra. Su decisión deja entrever una inclinación preocupante hacia el centralismo. Si aspira a gobernar el país, debería comprender que la equidad territorial no es una amenaza, sino una necesidad.
Las abstenciones que decepcionan
María Fernanda Cabal, Fabio Amín y Julián Gallo se abstuvieron. En el caso de la Cabal, la decepción es mayor: representa al Valle del Cauca, una región que conoce de primera mano las limitaciones del situado fiscal. Su silencio en la votación contradice su discurso de defensa regional y siembra muchas dudas sobre su aspiración presidencial.
Una derrota para las Regiones
El gobernador Rendón recibió el resultado con “pesar y preocupación por los 32 departamentos de Colombia”. Señaló al presidente Petro como el principal opositor y advirtió que “pierden las regiones y gana el centralismo”. Tiene razón. Quienes votaron en contra o se abstuvieron, después de haber mostrado simpatía por el proyecto, no solo traicionaron una causa legítima: le hicieron un favor al modelo de concentración que tanto daño ha hecho al país.
Lecciones para el Electorado
Este episodio deja una lección clara para los ciudadanos que elegirán el próximo Congreso: hay que conocer a fondo a los candidatos. No basta con discursos bonitos ni promesas de campaña. Hay que revisar sus votos, sus alianzas, sus silencios. Colombia no puede seguir eligiendo a quienes se disfrazan de demócratas para luego servir al centralismo.
Es hora de la verdad. Basta de engaños. Las regiones merecen respeto, autonomía y justicia fiscal. Y eso empieza por elegir congresistas que crean en el fortalecimiento de las regiones y que no se escondan cuando llega el momento de decidir.
Centralismo: el modelo que ya no da más
El modelo fiscal colombiano, basado en una concentración excesiva de recursos en el nivel nacional, ha demostrado ser ineficiente, inequitativo y profundamente desconectado de las realidades territoriales. Las regiones productivas, que generan riqueza, reciben a cambio un situado fiscal raquítico, mientras que el gobierno central administra los recursos con criterios políticos. El caso de Antioquia lo dice todo: en el 2023 aportó a la Nación 40 billones y recibió 6 billones. No hay derecho.
La autonomía fiscal no es una amenaza a la unidad nacional. Al contrario, es una garantía de desarrollo equilibrado, de fortalecimiento institucional y de respeto por la diversidad territorial. Negarse a discutirla, como lo hizo la Comisión Primera del Senado, es perpetuar un modelo que asfixia a los departamentos y debilita la democracia.
Ciudadanía informada, voto consciente
La ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de cambiar este rumbo. Pero para hacerlo, debe dejar de votar por discursos vacíos y empezar a exigir coherencia, transparencia y compromiso con las regiones. El próximo Congreso no puede estar compuesto por quienes se esconden en la abstención o se alinean con el poder central sin rendir cuentas a sus electores.
El Referendo por la Autonomía Fiscal no murió: fue aplazado por una clase política que teme perder privilegios. Pero si las regiones se organizan, si los ciudadanos se informan y si el voto se convierte en herramienta de transformación, esta reforma volverá con más fuerza. Porque la descentralización no es una opción: es una deuda histórica.
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