Por: Juan José Gómez
Afortunadamente Colombia es todavía un país de mayoría católica, tal vez porque las demás religiones o grupos humanos que intentan ser tenidos como tales, arribaron tarde al cumplimiento de las cuatro etapas históricas de nuestra formación como país independiente, por lo cual tanto en la etapa de la conquista en forma moderada como en las de la colonia, la independencia y la república de manera firme y abundante, el catolicismo contribuyó positivamente a la realización del ideal republicano mediante el conocimiento y la práctica de las enseñanzas del Evangelio, que como lo saben todos los creyentes es el fundamento del cristianismo y especialmente del catolicismo.
Si es que Petro, Cepeda y su Pacto Histórico no lo derogaron durante su funesto “gobierno del cambio”, desde hace tiempos existe un principio jurídico que según recuerdo establece que “quien es primero en el tiempo lo es en el derecho”, por una parte; por otra, en el Preámbulo a la Constitución Nacional está consignado que lo que el pueblo de Colombia en uso de su soberanía decreta, lo hace “invocando la protección de Dios” y esto tiene plena aplicación ya que en nuestro país, este preámbulo tiene carácter vinculante, pues sus principios orientan la interpretación de las normas constitucionales y guían la actuación de los poderes públicos. Esta vinculación fue reconocida expresamente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-477 de 2005, en la cual se determinó que el preámbulo hace parte del sistema normativo y, por tanto, debe ser tenido en cuenta en los actos legislativos, administrativos y judiciales.
Establecido lo anterior, consideremos entonces la orden judicial proveniente del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el cual falló en primera instancia a favor de una acción de tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, en la que se determinó una vulneración al principio de neutralidad religiosa del Estado por el hecho de que en la posesión del presidente de la República Abelardo De la Espriella el pasado 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali, se incluyó un segmento de último momento denominado «Invocación y Alabanza». Este contó con la participación de tres líderes religiosos (el rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas y el obispo Francisco Múnera) y la exhibición de una imagen de la Virgen de Fátima.
Si la religión católica es la primera en Colombia por origen y por cobertura y además si lo que se establece en la Constitución es norma de normas, no parece que ni quien solicitó la tutela ni el Juez que la concedió obraron razonablemente, porque el presidente De la Espriella que se posesionaba de un cargo público, actuaba en su propio nombre y según dictados de su conciencia que para nada perjudicaban al Estado.
Más todavía. El presidente invitó a tres líderes religiosos representantes de tres cultos a que invocaran la protección de Dios para el cumplimiento de los deberes de su cargo, tal como se estableció en la Constitución y fue aprobado por la Corte Constitucional. Y en cuanto a la venerable imagen de la Santísima Virgen de Fátima, obviamente fue parte de la misma invocación a la protección divina.
Este hecho parece indicar que hay algunas personas comunes, respaldadas por líderes políticos, que pretenden que el Estado colombiano sea ateo, lo cual pugna con la razón natural pues sabiendo que es razonable aquella sentencia según la cual “de la nada, nada procede”, hace imposible atribuir a la nada la creación del mundo y por consiguiente se hace necesaria la presencia de un Ser Supremo autor de lo creado y protector de su creación, que es lo que indica el Preámbulo de la Carta al invocarlo .
La historia de Colombia demuestra que la fe ha sido un elemento cohesionador, capaz de sostener a la nación en sus momentos más difíciles. No se trata de imponer una creencia, sino de reconocer que la espiritualidad ha sido parte esencial de nuestra identidad colectiva. La Virgen de Fátima, como símbolo de esperanza y consuelo, no divide: une. Su presencia en un acto solemne no es una amenaza al Estado laico, sino un recordatorio de que la vida pública necesita también de la dimensión trascendente para no reducirse a un mero ejercicio burocrático.
La fe, en definitiva, es el motor invisible que permite a los pueblos resistir la adversidad. Sin ella, la existencia se vuelve árida, carente de horizonte, incapaz de sostener la esperanza en medio de la incertidumbre. Creer en un destino superior, en la posibilidad de pedir ayuda a un Dios que escucha, es lo que da sentido a la vida y lo que permite que las naciones no se derrumben bajo el peso de sus crisis. La fe no es un accesorio: es la raíz que sostiene la dignidad humana y la convicción de que siempre habrá un camino hacia adelante.
