Por: El Expediente
Todo proyecto de infraestructura pública nace con un presupuesto estimado, calculado sobre estudios técnicos, precios de mercado y una previsión razonable de imprevistos. Cuando ese presupuesto casi se duplica en el camino, sin una explicación técnica que resista un examen mínimamente riguroso, deja de ser un simple ajuste de obra y se convierte en el tipo de anomalía que el Equipo Élite Anticorrupción identificó, durante el proceso de empalme, en un proyecto turístico financiado a través del Fondo Nacional del Turismo, FONTUR.
La cifra inicial rondaba los $68.500 millones. Para cuando el Equipo Élite lo revisó, el valor había escalado hasta $127.700 millones: un incremento del 82,6% sobre el presupuesto original, documentado por el Libro de la Verdad como uno de los saltos de valor más pronunciados encontrados en todo el ejercicio de auditoría del empalme. Ese tipo de crecimiento no es, en sí mismo, imposible de justificar —los proyectos de infraestructura turística en Colombia enfrentan, con frecuencia, imprevistos geotécnicos, ambientales o de diseño que encarecen legítimamente una obra—. El problema, según documenta el informe, es que ese incremento no vino acompañado de la sustentación técnica que debería respaldar un ajuste de esa magnitud.
Lo que hace este hallazgo particularmente inquietante no es únicamente el monto del sobrecosto, sino su ubicación dentro de un patrón más amplio que el propio Libro de la Verdad documenta para FONTUR: la misma entidad que gestionó este proyecto es la que, en otro hallazgo separado del informe, aparece funcionando sin un gerente en propiedad, con 354 negocios jurídicos pendientes de liquidar frente a apenas 47 ya cerrados, y con embarcaderos fluviales pagados en su totalidad de los que 83 de 88 nunca llegaron a instalarse. Un proyecto que casi dobla su valor sin justificación técnica clara, dentro de una entidad que el propio informe describe como estructuralmente desordenada, no es una coincidencia aislada: es la manifestación puntual de un problema de fondo.
Para el turismo colombiano, un sector que el propio gobierno de Petro presentó en más de una ocasión como motor de desarrollo regional, el costo de esta clase de irregularidades no se mide solamente en pesos desviados de su presupuesto original, sino en la credibilidad perdida frente a un modelo de inversión pública que, cuando funciona mal, termina financiando sobrecostos en lugar de la infraestructura turística que las regiones colombianas necesitan con urgencia.