Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Dos billones de pesos al año para que se archiven por prescripción más expedientes de los que se sancionan y una pobre función preventiva.
La Constitución le confió a la Procuraduría la vigilancia de la conducta de todos los servidores públicos, vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y la guarda de los derechos humanos y los intereses colectivos: un mandato muy amplio. Cuatro años de escándalos documentados y el propio balance que la entidad le entregó al Congreso permiten responderla con cifras y no con impresiones. La respuesta incomoda.
Cincuenta mil quejas, seiscientas sanciones
Entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 la Procuraduría recibió 50.488 quejas. En la etapa de juzgamiento profirió 2.251 decisiones de primera instancia: 600 fallos sancionatorios, 669 absolutorios y 934 archivos por prescripción. Se archivaron por prescripción más casos de los que se sancionaron, y los fallos sancionatorios equivalen al 1,2 % de las quejas. En segunda instancia se tomaron 645 decisiones: 490 confirmaron lo resuelto abajo, 104 revocaron y 13 modificaron. El problema, entonces, no es que arriba se tumbe lo decidido, sino lo poco que llega a decidirse. Las sanciones efectivas fueron 385 —161 destituciones y 154 suspensiones—, más 147 impuestas a funcionarios de elección popular, de las cuales 105, el 71 %, fueron apenas suspensiones.
Es cierto que muchas quejas no tienen vocación disciplinaria y que archivar a tiempo también es controlar. Pero el archivo por prescripción no es una decisión: es la constancia de que el Estado dejó vencer su propia oportunidad de decidir. Ocurrió 934 veces en un solo año: el reloj falló a favor del investigado.
Tampoco puede alegarse que las denuncias lleguen sin sustento: solo la Contraloría le trasladó 2.140 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, con auditoría hecha y responsables identificados. Que el resultado sean seiscientas sanciones al año dice menos de la calidad de las denuncias que de la voluntad de convertirlas en decisiones.
Sanciones que no dan ejemplo
En el cuatrienio se documentaron, entre otros, el desvío de recursos de la UNGRD; sobornos para sacar adelante las reformas; interceptaciones a una empleada doméstica ordenadas desde la Casa de Nariño; la muerte del coronel Óscar Dávila; títulos falsos para acceder a un viceministerio y el uso del aparato estatal en la campaña. Ninguno era un secreto: todos tuvieron confesiones, audios, testigos o documentos publicados. Frente a esa acumulación, el poder disciplinario produjo un puñado de sanciones contra funcionarios de segundo nivel. No falló en un caso: se quedó corto en todos.
El problema no es solo cuántas sanciones hay, sino a quién alcanzan. En el saqueo de la UNGRD los fallos disciplinarios conocidos recayeron en el exdirector Olmedo López, y en dos subdirectores, Sneyder Pinilla y Víctor Andrés Meza. Son los operadores del entramado. A los ministros y congresistas comprometidos los persiguió la Fiscalía, no el poder disciplinario; y al presidente no podía tocarlo, porque por el fuero solo lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Así, el castigo disciplinario llega hasta donde termina la nómina y empieza el poder.
Tampoco llegan a tiempo: esos fallos, de primera instancia, se profirieron el 30 de diciembre de 2024, casi un año después de que el escándalo estallara. Una sanción que llega cuando el funcionario ya salió y el dinero ya se perdió no disuade: certifica. Es cierto que parte de esos hechos no era de su competencia, y la Comisión de Acusaciones, el 17 de diciembre de 2025, en una sola sesión y tras semanas sin quórum, archivó diecisiete de los diecinueve procesos que cursaban contra Petro. Pero la Procuraduría no era espectadora: tenía competencia sobre ministros, embajadores, directores de entidad y congresistas, y en esa franja el resultado fue el mismo: pocas decisiones y tarde.
La elección de este año lo mostró sin interpretación. El día de la primera vuelta el procurador Gregorio Eljach informó que habían llegado 556 quejas por participación indebida en política y que apenas se habían alcanzado a abrir dos procesos. Tres días antes de la segunda vuelta el balance era de 181 expedientes y trece suspensiones provisionales, entre ellas las de dos embajadores, con seis de los diecinueve ministros del gabinete investigados. Y el dato que lo resume todo: las suspensiones terminaban con la segunda vuelta, de modo que duraron lo que duró la contienda y se extinguieron junto con el hecho que pretendían impedir. El propio procurador lo formuló sin rodeos: «nosotros nos vamos más por la prevención que por la sanción».
El examen que viene es el más reciente. La Contraloría acaba de establecer, en un informe de más de 800 páginas, 344 hallazgos y un posible detrimento cercano a 1,16 billones de pesos en el Acuerdo de Paz y en la política de Paz Total, sobre recursos que superan los 64 billones. Si esos hallazgos siguen la ruta de los 2.140 anteriores, engrosarán la estadística de prescripciones. Ese posible detrimento equivale a poco más de la mitad de lo que cuesta la Procuraduría en un año.
El presupuesto crece cuando los resultados no
Nada de eso ocurre por falta de recursos. Para 2026 la Procuraduría quedó con 2,1 billones de pesos: en el primer debate eran 1,51 billones, y entre un debate y otro le aparecieron 587 mil millones más. El aumento coincidió con dos proyectos ajenos al control disciplinario: la universidad de la Procuraduría, iniciativa del procurador Gregorio Eljach, con 600.000 millones aprobados para ella y para un edificio nuevo, y el bicentenario de la entidad, con cerca de 200.000 millones. En el mismo presupuesto le recortaron 12.374 millones de funcionamiento y la Rama Judicial perdió 695.000 millones. Se apretó al que juzga y se financió al que conmemora. La reforma al Código Disciplinario le permitió crear más de 1.200 cargos de libre nombramiento.
Quién elige al Procurador
El diseño explica las cifras. Quien debe vigilar la conducta de los servidores públicos, conceptuar en procesos que tocan al Gobierno y disciplinar a quienes el Congreso acomoda en el Estado llega al cargo por decisión de los senadores y con el aval del Presidente. Ningún funcionario, por recto que sea, queda del todo indemne a ese origen: la gratitud es la más silenciosa de las inhabilidades. Es cierto que desde la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro Urrego y la Ley 2094 de 2021, la Procuraduría no puede destituir por sí sola a un funcionario de elección popular; de ahí que siete de cada diez sanciones a elegidos por voto sean suspensiones. Pero esa limitación no explica los 934 archivos por prescripción, que no son de alcaldes ni de gobernadores: son expedientes que nadie movió.
Las preguntas de esta semana
Esta semana la entidad quedó en el centro del debate. El 18 de agosto, en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción y ante el presidente, el vicepresidente y la fiscal general, el procurador Eljach afirmó que el programa Paz Electoral «permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones», y que la actuación preventiva impidió una feria de contratos de cerca de 5 billones de pesos en los últimos días del gobierno anterior. Ninguna vino acompañada de su soporte: no se dijo quién ni por qué medios iba a impedirse la elección, ni cuáles fueron las entidades, los procesos y los contratos que la prevención frenó. En el Congreso se cuestionó de inmediato que, si el riesgo era real, la advertencia debió formularse en su momento.
El mismo día recibió, junto con la Fiscalía y la Contraloría, el llamado Libro de la Verdad: 135 páginas con 82 hallazgos de presunta corrupción y nueve patrones que se repiten, producto del empalme del nuevo gobierno. Que el inventario de lo que hay que investigar lo entregue el Ejecutivo, y no el órgano que existe para eso, es por sí mismo un dato sobre el reparto real de funciones. Cierto columnista calificó a la entidad de «notaría de la corrupción».
Las conclusiones saltan a la vista. Primero: la mayoría de esos 82 casos no era desconocida —estaba en la prensa, en los debates del Congreso y en las propias alertas de la entidad—, así que no falló la información sino lo que se hizo con ella. Segundo: una advertencia que no modifica la conducta advertida no es prevención sino documentación, y quien deja constancia del daño mientras el daño ocurre cumple un trámite, no una función. Tercero: si el jefe del Ministerio Público supo que el calendario electoral estaba en riesgo, el momento de decirlo era cuando podía evitarse; advertirlo dos meses después de la votación no protege la elección, protege al que advierte. Y cuarto: quien reclama el mérito de haber salvado unas elecciones y de haber frenado cinco billones en contratos asume la carga de probarlo, y bien podría empezar por decir cuántos de los 82 casos conocía, desde cuándo, qué recomendó y qué hizo cuando lo desoyeron. Sumadas las cuatro, no falta presupuesto ni faltan facultades: falta la decisión de usarlas. La Procuraduría eligió advertir en lugar de actuar, y esa elección, en un órgano de control, tiene un nombre: omisión.
Temas de reflexión: el primero, sobre su nombramiento. Mientras el Senado nombre al Procurador, el control disciplinario será una cortesía entre poderes. Lo segundo es reducir su tamaño: dos billones de pesos al año no se justifican con seiscientas sanciones. Sobra estructura, sobra planta de libre nombramiento y sobran gastos ajenos a la vigilancia de los servidores públicos, empezando por la universidad propia y el edificio nuevo. Un recorte del gasto de funcionamiento, con el ahorro trasladado a la justicia que sí falla, sería la primera decisión seria de austeridad en años. Y lo que quede debe atarse a resultados verificables, publicando cada año cuántos expedientes prescribieron. Y lo tercero, una reforma de fondo a sus funciones: la discusión, aplazada por años, sobre qué debe hacer, qué le sobra y qué debería estar en otras manos. Y mientras nada de eso ocurra, que al menos se sepa el precio: dos billones de pesos al año para que un expediente se muera de viejo. Un país pobre no puede pagar ese lujo y un país serio no debería tolerarlo.
