Por: El Expediente
La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la madrugada del 3 de enero de 2026, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses bajo la «Operación Resolución Absoluta», no solo marca el fin de una era para el narcoterrorismo en el hemisferio, sino que desclasifica automáticamente el capítulo más oscuro de la relación entre Caracas y Madrid.
La designación de Delcy Eloína Rodríguez para gestionar una transición bajo la administración tutelada de Donald Trump y Marco Rubio es, en realidad, una jugada de cerco judicial. Washington no ha olvidado que Rodríguez fue la arquitecta de una red de contrabando de oro que oxigenó al régimen y que hoy, tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tiene al gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas.
El origen de este «clavo» geopolítico que Trump ha decidido cobrar se remonta al 20 de enero de 2020, cuando un avión de SkyTI aterrizó en Barajas con 40 maletas cuyo contenido fue el secreto mejor guardado del «Delcygate». Sin embargo, los datos fácticos recuperados de los dispositivos de Víctor de Aldama, el «conseguidor» de la Trama Koldo, revelan un contrato de compraventa suscrito apenas semanas antes del aterrizaje: 104 lingotes de oro procedentes de las reservas de Venezuela, valorados en 68.498.254,11 dólares, ofrecidos por el fondo estatal FONDEN a la sociedad BANCASA SA. Los chats interceptados confirman que el traslado de «lo amarillo» fue coordinado directamente con la vicepresidenta bajo la fachada de «material sanitario», utilizando rutas que triangulaban con Moscú y Zambia para burlar el rastreo de la DEA y el Departamento del Tesoro.
La profundidad de esta red criminal no se limitaba a la logística minera. El informe de la UCO remitido a la Audiencia Nacional de España detalla cómo Aldama, actuando como agente de influencia de Rodríguez, negoció un plan de 287 millones de euros para impulsar una central térmica de la empresa Duro Felguera en Venezuela a cambio de pagos en hierro y oro. El nexo operativo era Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, quien facilitaba el flujo de intereses venezolanos en el corazón de la administración española. La complicidad alcanzó el nivel más alto del Ejecutivo español; según los mensajes interceptados, Ábalos informó a Pedro Sánchez de la visita ilegal de Rodríguez bajo la coartada de una reunión discreta para favorecer a empresas españolas, obteniendo un «Bien» como respuesta presidencial que hoy resuena como una sentencia política.
Con Maduro bajo custodia judicial en Estados Unidos, la administración Trump posee ahora el rastro definitivo del dinero que unió a Miraflores con la Moncloa. Los testimonios que ya comienzan a filtrarse desde los centros de detención federales sugieren que el oro de Delcy no solo financió el lujo de la élite chavista, sino que sirvió para pagar favores políticos y sostener la estructura logística del PSOE en operaciones que involucraron laboratorios de blanqueo en República Dominicana y cuentas opacas en paraísos fiscales. Para Marco Rubio, la «Operación Resolución Absoluta» es el instrumento para desmantelar el puente financiero entre el Socialismo del Siglo XXI y sus aliados europeos, matando dos pájaros de un tiro al asfixiar al chavismo y exponer la corrupción sistémica del sanchismo.
A medida que el paradero de Maduro se esclarece en los tribunales de Nueva York, el foco se desplaza hacia Delcy Rodríguez, quien ahora debe administrar un país en ruinas mientras sus propios chats con la trama española son utilizados por el Departamento de Justicia de EE. UU. como evidencia de conspiración transnacional. Trump ha convertido el aeropuerto de Barajas de 2020 en la escena del crimen que definirá el 2026. A este cuento, cargado de lingotes camuflados en cajas de mascarillas y maletas descargadas en la oscuridad de la pista, ya no le falta ningún pedazo; la historia se cierra con la entrega de los responsables ante la justicia y el fin de la impunidad para quienes convirtieron el oro de los venezolanos en la moneda de cambio de la traición democrática en Iberoamérica.
