El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, liderados por Guillermo Alfonso Jaramillo y el superintendente Giovanni Rubiano, se adelantaron a Emilio Tapia para controlar el laboratorio y los más de mil puntos de venta de droguerías de Drogas La Rebaja. Mediante una unión temporal con laboratorios y droguerías del sector privado administran ahora un negocio de billones de pesos, desplazando a los empleados propietarios y desarticulando la cooperativa heredada del Cartel de Cali.
Por: El Expediente
Bogotá, 1 de mayo de 2025 – La cadena de 1,300 droguerías de Drogas La Rebaja, un legado del Cartel de Cali transferido a una cooperativa de empleados en 2004 como parte del acuerdo de extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela con Estados Unidos, está ahora bajo el control de un operador privado seleccionado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
Mientras Emilio Tapia y Juan Carlos Abadía intentaban maniobrar desde prisión para conocer del negocio de Drogas La Rebaja y aprovechar una oportunidad de negocio con la decisión en firme de la extinción de dominio de las droguerías y la necesidad de un operador privado, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el superintendente Giovanni Rubiano diseñaron y ejecutaron un plan que les permitió asumir la operación completa del conglomerado, desplazando a los trabajadores que eran sus legítimos propietarios, según documentos y fuentes consultadas por El Expediente.
La transición comenzó en 2024, cuando los activos de Drogas La Rebaja, que incluyen droguerías, un laboratorio farmacéutico y puntos de distribución, pasaron de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Ministerio de Salud tras un proceso de extinción de dominio.
Este cambio administrativo marcó el fin de la gestión de la SAE, que había administrado los bienes incautados al narcotráfico, y abrió la puerta a una reestructuración profunda del conglomerado. La cooperativa Coopservir, formada por empleados y heredera de los activos por mandato del acuerdo con EE.UU., quedó relegada a un rol secundario, mientras el Ministerio y la Superintendencia avanzaban en su estrategia.
Al igual que Tapia y Abadía, el superintendente Rubiano identificó una oportunidad de negocio y propuso al ministro Jaramillo un modelo operativo que ya estaría en marcha.
El esquema montado por el superintendente quedó con el control de los puntos de las droguerías, el laboratorio y los puntos de distribución. La cooperativa de empleados quedó bajo el control de la Superintendencia de Economía Solidaria, desmembrada de los activos productivos como las droguerías y los laboratorios.
Este consorcio no solo gestionará la venta de medicamentos de libre acceso al público, que genera ingresos anuales cercanos a 2 billones de pesos, sino que también se encargará de suministrar medicamentos a siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) actualmente intervenidas, con razones políticas muy cuestionadas, por el gobierno de Gustavo Petro.
Este contrato de suministro, según estimaciones del sector, multiplica la facturación en varios billones de pesos adicionales al año, consolidando un negocio de gran envergadura.
La reestructuración ha desarticulado el modelo original de Drogas La Rebaja. La cooperativa Coopservir, que hasta 2024 controlaba los activos, fue despojada de su rol operativo y transferida a la Superintendencia de la Economía Solidaria, que ahora enfrenta el desafío de resolver la situación de los empleados.
Fuentes cercanas a la cooperativa, que pidieron anonimato por temor a represalias, denunciaron a El Expediente que los trabajadores han sido marginados. “Nos dejaron con una cooperativa sin activos, mientras el Ministerio y la Superintendencia controlan todo”, afirmó una de las fuentes.
Los estados financieros revelan el impacto: entre noviembre de 2024 y abril de 2025, Drogas La Rebaja reportó pérdidas de 60,000 millones de pesos y el cierre de 80 locales, afectando el empleo y el acceso a medicamentos.
El plan de Tapia, revelado inicialmente por El Expediente el 27 de abril de 2025, buscaba un objetivo similar: organizar un operador privado para administrar las droguerías. En una entrevista con W Radio, Tapia confirmó que se reunió con personas familiarizadas con la operación de Drogas La Rebaja, pero admitió que no logró concretar su propuesta.
“El negocio ya estaba hecho por otro lado”, señaló, una fuente de El Expediente.
Las fuentes consultadas confirman que, mientras Tapia y Abadía intentaban infiltrar la junta directiva de Coopservir con representantes de la Costa Atlántica, el gobierno nacional ya había avanzado en la reconfiguración de los activos bajo el liderazgo de Jaramillo y Rubiano.
La intervención de las siete EPS por parte del gobierno Petro, justificada como una medida para garantizar el acceso a la salud, ha sido un pilar clave del proyecto. Al centralizar el suministro de medicamentos a través de la unión temporal, el Ministerio de Salud consolidó su control sobre un segmento crítico del sistema sanitario.
Sin embargo, la exclusión de la cooperativa ha generado tensiones. Emisarios de los Rodríguez Orejuela en Bogotá, al conocer la reestructuración, contactaron a la Embajada de Estados Unidos para exigir el cumplimiento del acuerdo de extradición que garantizaba la administración de Drogas La Rebaja a los empleados.
El caso expone las zonas grises en la gestión de activos bajo extinción de dominio en Colombia. La SAE, que administró Drogas La Rebaja hasta 2024, enfrentó acusaciones de irregularidades bajo la dirección de Daniel Rojas Medellín, según denuncias de la actual directora, Amelia Pérez.
La transferencia al Ministerio de Salud, lejos de resolver estas tensiones, ha generado nuevas dudas sobre la transparencia y los beneficiarios reales del negocio.
Mientras tanto, los empleados de Coopservir, respaldados por el acuerdo con EE.UU., exigen recuperar el control de un legado que consideran suyo.
El Expediente continuará investigando. Las partes mencionadas no respondieron a solicitudes de comentarios antes de la publicación de esta nota.