Por: El Expediente
Hay hospitales que cierran sus puertas por falta de recursos, y hay, según documenta el Libro de la Verdad, un hospital colombiano que durante el gobierno de Gustavo Petro pagó nómina completa, mes tras mes, sin atender a un solo paciente. El Hospital San Juan de Dios, una institución con un peso histórico y simbólico considerable en la memoria de la salud pública colombiana, se convirtió, según el hallazgo del Equipo Élite Anticorrupción, en uno de los ejemplos más difíciles de justificar de gasto público sostenido sin ningún tipo de contraprestación asistencial real.
La cifra mensual, por sí sola, ya resulta llamativa: $343 millones de pesos en nómina cada mes, destinados a sostener una planta de personal en una institución que, durante ese periodo, no prestó servicios de salud a la ciudadanía. Pero lo que convierte este hallazgo en algo genuinamente alarmante no es solo el presente, sino la trayectoria proyectada hacia el futuro que el propio informe documenta: la planta de personal del hospital estaba proyectada a crecer hasta 1.686 funcionarios, una cifra que, de haberse concretado sin que la institución empezara a atender pacientes de manera efectiva, habría multiplicado varias veces el costo mensual ya cuestionable que el Equipo Élite identificó durante el empalme.
Es difícil encontrar, dentro del universo completo de hallazgos que documenta el Libro de la Verdad, un ejemplo más directo de lo que ocurre cuando una institución pública pierde por completo la conexión entre su estructura administrativa y su razón de ser. Un hospital, por definición, existe para atender pacientes; una nómina hospitalaria que crece sin que crezca, en la misma proporción, la atención efectiva de la ciudadanía, deja de ser gasto en salud pública para convertirse, en la práctica, en gasto puro de burocracia sostenida en el tiempo, sin ningún beneficiario real del otro lado.
El caso del Hospital San Juan de Dios plantea una pregunta que trasciende las cifras específicas de esta institución: si una entidad pública puede sostener durante meses, o incluso años, una nómina hospitalaria completa sin atender a un solo paciente, y proyectar además su crecimiento futuro bajo esas mismas condiciones, ¿qué tan efectivos son realmente los mecanismos de supervisión que deberían haber detectado esta anomalía mucho antes de que un proceso de empalme entre dos gobiernos distintos tuviera que sacarla a la luz? Para un sistema de salud colombiano que enfrenta, en paralelo, una crisis de patrimonio negativo en múltiples EPS y hospitales con cartera vencida por cifras astronómicas, encontrar recursos públicos sosteniendo una institución sin pacientes es, cuando menos, una paradoja dolorosa.