Por: El Expediente
Hay hallazgos del proceso de empalme que se explican con un contrato irregular o una cifra sobrefacturada. Este no es uno de ellos. Lo que documenta el Libro de la Verdad —el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro— sobre el estado de las Fuerzas Militares colombianas es un deterioro estructural y sostenido, medible en helicópteros que no pueden volar y en miles de personas desplazadas por la violencia, ocurrido de manera simultánea al crecimiento acelerado de las principales estructuras armadas ilegales del país.
El Ejército Nacional recibe un déficit presupuestal de $14 billones de pesos. Esa cifra, que en un informe técnico podría parecer abstracta, se traduce de forma muy concreta en el terreno: de los 19 helicópteros MI-17 con los que cuenta la fuerza, solamente 8 están operativos en este momento. De los 49 helicópteros UH-60, un total de 18 no están disponibles, ya sea por falta de mantenimiento programado o por ausencia directa de los recursos necesarios para mantenerlos en condiciones de vuelo. La situación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana no es mejor: de un total de 386 aeronaves, 131 no están operativas, lo que significa que apenas el 52% de toda la flota aérea del país está disponible para volar en un momento dado.
Ese debilitamiento progresivo de la capacidad militar no ocurrió en un vacío, aislado de lo que sucedía simultáneamente en el territorio: sucedió exactamente al mismo tiempo que el Clan del Golfo, la estructura criminal más grande del país, pasaba de 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 integrantes en 2025 —prácticamente duplicando su pie de fuerza durante los cuatro años completos del gobierno de Petro—. En paralelo, el ELN creció de 5.800 a 6.800 integrantes, y el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC, pasó de 3.500 a 4.500 combatientes. Tres de las estructuras armadas ilegales más grandes y peligrosas de Colombia crecieron de forma simultánea, año tras año, mientras la capacidad de respuesta operativa del Estado se reducía de manera medible y documentada.
El impacto directo de esa combinación sobre la población civil colombiana está documentado con cifras concretas y comparables a lo largo del informe, y el contraste entre 2022 y 2025 es, en cada indicador, severo. El reclutamiento forzado de menores de edad por parte de estos grupos armados aumentó de 151 casos registrados en 2022 a 386 casos en 2025, más del doble. El confinamiento de comunidades enteras —familias impedidas de moverse libremente por el control territorial ejercido por estos grupos armados— pasó de 62.380 personas en 2022 a 128.825 personas en 2025, también más del doble. Las desapariciones forzadas aumentaron de 72.715 a 93.451 casos en el mismo periodo de cuatro años.
El desplazamiento forzado, uno de los indicadores más directos y contundentes de la pérdida de control territorial efectivo por parte del Estado colombiano, pasó de 58.000 personas desplazadas en 2022 a 107.924 personas en 2025, prácticamente duplicándose durante el gobierno de Petro. Los ataques documentados contra infraestructura y bienes civiles —oleoductos, torres de energía, vías, escuelas— pasaron de 70 casos registrados en 2022 a 160 casos en 2025, más del doble también en ese mismo periodo de cuatro años.
El Libro de la Verdad plantea, con una lógica difícil de refutar, la conexión directa entre ambos fenómenos: cuando el Estado colombiano pierde la capacidad material para proteger a sus propios soldados —con helicópteros que físicamente no pueden despegar y una flota aérea completa que opera a poco más de la mitad de su capacidad instalada—, también pierde, de manera casi automática, la capacidad para proteger a los millones de colombianos que dependen precisamente de esa misma fuerza pública para su seguridad cotidiana en el territorio.
El gobierno de Abelardo de la Espriella recibe, según documenta con precisión este hallazgo, no solamente un problema presupuestal que resolver en el mediano plazo mediante ajustes fiscales, sino una correlación directa, medible y ya materializada entre el debilitamiento sostenido de la capacidad militar durante los últimos cuatro años y el deterioro concreto y humano de la seguridad de millones de colombianos en las zonas del país más afectadas históricamente por el conflicto armado. Reconstruir esa capacidad operativa, especialmente en materia de aviación militar, no es algo que pueda lograrse con una resolución administrativa: exige años de inversión sostenida, en un momento en que las estructuras armadas que se beneficiaron de este vacío ya han consolidado un control territorial considerablemente mayor al que tenían al inicio del gobierno anterior.
