Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
El pasado 14 de diciembre de 2021 el doctor Camilo Gómez Alzate, actual director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), sorprendió con una misiva presentada al Ministerio de Cultura en la cual le recomienda declarar la nulidad de la Asociación Público-Privada (APP) que se estructuró en marzo de 2018 para que unos privados extrajeran el galeón San José del fondo del mar y lo expusieran en un museo.
El documento de la “recomendación” de la ANDJE no se conoce en su total extensión, los medios hablan de que la misma se soporta en 17 argumentos diversos. El Director de la ANDJE mencionó en medios, dos, que presumo incursos en la comunicación, uno fue, que la APP está diseñada para financiarse con la venta de las piezas patrimoniales al peso, y el otro, que en la matriz de riesgos de la APP el originador (empresa privada extranjera) aceptó el 100% del riesgo de que el total del contenido del galeón fuera declarado como perteneciente al patrimonio cultural colombiano, por tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable.
Sería realmente fantástico que esa funesta APP se llegaré a declarar inviable por parte del Ministerio de Cultura, pues los colombianos veríamos desaparecer la amenaza que la misma representa sobre el 45% de los bienes contenidos en el galeón San José.
En la entrevista que concedió el Director de la ANDJE a Blu Radio el pasado 14 de diciembre de 2021, me encantó escuchar la parte en que una perspicaz periodista le dijo que: “… eso en vez de ser una APP… era más bien un negociado de unos vivos que querían robarle el patrimonio… a los colombianos”, a lo que el entrevistado respondió: “yo no lo calificaría así […] y desde luego, si había un negocio ahí importante…”. Coincidimos con el conspicuo Director de la ANDJE, no hay nada más cierto que eso, pero ¿cuál era el verdadero “negocio”?
De acuerdo con el discurso oficial, el “negocio” de la APP estaría en la comercialización de las piezas patrimoniales, las que se repartirían al peso en proporciones de 55% para el Estado y 45% para el originador, donde, una pieza cuyo valor al peso fuera de unos pocos cientos o miles de dólares, alcanzaría, por su valor histórico y numismático, valores de mercado muy superiores. Pienso que lo dicho no es el verdadero “negocio”, más bien podría ser la forma como soñaron los de la trama el “reparto del botín”.
La nuez del negocio, en esencia, se configura con el REDESCUBRIMIENTO del campo arqueológico del galeón San José en 2015, realizado en la misma área en que fue denunciado por otra empresa extranjera en 1982, empresa la cual, si bien tiene derechos claramente reconocidos por la Corte Suprema de Justicia, estos no podrán ser materializados sino hasta que llegue el momento en que esos bienes sean extraídos del fondo marino y, como el Estado ha aplicado sistemáticamente una especie de política perversa con la cual ha impedido que esa empresa tenga acceso directo a lo que por ley tiene derecho; ha sido, precisamente, este hecho, de mantenerla “maniatada”, lo que les permitió SIMULAR EL REDESCUBRIMIENTO de 2015, lo que configura, sin duda, un nuevo paradigma en los estándares de corrupción de este país, la que se podrá catalogar en el exclusivo grupo de las “jugaditas más creativas”, pues esas condiciones “tan especiales” son las que facilitaron que se acordara una remuneración del 45%, acuerdo que después de firmado nos obligaría ineluctablemente a todos los colombianos a pagar hasta el último centavo.
Para los autores de la trama, el desenlace llegaría después de consumada esa “perversa jugadita” con la firma de la APP, y cuando llegara el día en que, finalmente, se fueran a extraer los restos del naufragio del galeón San José del campo arqueológico en que se encuentran, se evidenciará de manera inevitable que el descubrimiento de 2015 no era otro que el mismo denunciado en 1982 (pues no habrá humana manera de que saquen los restos del galeón San José en otra parte que en la que realmente se encuentran), será entonces cuando, por un lado, saltarán los señores de 1982 y harán valer sus derechos sobre el 50% que les concedió la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y los redescubridores de 2015 se saldrán con la suya y exigirán que se les pague su 45%. Este y no otro ha sido el verdadero negocio: robar a los colombianos la parte que nos quedaba.
Desde ya imaginamos el discurso que tendrían preparado los involucrados en la trama de expolio, cuando la misma se evidenciara (que si esto pasó… fue a sus espaldas…), y el asunto quedará impune eternamente, junto a otros tantos en que hemos sido burlados los colombianos por los miserables corruptos de este país.
Un factor determinante en la trama de expolio ha sido, sin duda, el poder manejar el tema bajo el parapeto infame de “información pública reservada”, pues esa condición fue la que permitió explorar en 2015 en parte del polígono otorgado a los exploradores de 1982, igualmente la que permitió que en 2015 les fueran filtradas las coordenadas “para proteger los derechos de los señores de 1982”, y finalmente, que en 2015 pudieran denunciar el hallazgo del galeón San José a solo 3,5 millas náuticas de distancia del punto denunciado en 1982.
Todos estos hechos y muchos otros, están en conocimiento de las autoridades judiciales, fiscales, disciplinarias y administrativas de este país. Hay en especial, una acción de tutela en curso ante el Consejo de Estado cuyo resultado debió haberse conocido el día 16 de diciembre de 2021, pero lastimosamente, se fueron de vacaciones los jueces y el tema quedará para cuando regresen en enero de 2022.
En esa tutela se manifestaron varios puntos de mayúscula importancia, relacionados todos con el galeón San José, uno de ellos, la no definición de unas medidas cautelares de urgencia por la violación del contexto arqueológico en 2016, solicitadas desde enero de 2021 (un proceso que debió atenderse en días o semanas, lleva más de 10 meses “engavetado”), también se habló (adrede) en esa tutela de otras medidas cautelares de urgencia radicadas el pasado 4 de noviembre de 2021, donde se presentó ante el Consejo de Estado la prueba reina que pone en evidencia toda la trama criminal: una gráfica hecha por la Armada Nacional donde se aprecia el lugar exacto en que se encuentra el galeón San José, y un polígono de 32 millas cuadradas en el cual están dispersos sus restos, polígono en el cual está incluido el punto denunciado en 1982.
Así que, si ahora sale el Director de la ANDJE a recomendar la cancelación de la APP podría no ser exactamente como resultado de su profundo análisis de la misma, como dice, sino más bien para poner a salvo a más de uno, pues el magistrado que recibió en reparto la tutela no es otro que el doctor William Hernández Gómez, quien conoce el tema del galeón San José a la perfección, y quien el 2 de diciembre de 2021 acogió la tutela y ofició a las partes dándoles dos días para que le dijeran si lo afirmado por este Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia en esa tutela, era cierto o no; igualmente les hizo saber, que si no respondían dentro del término, su silencio se tomaría como aceptación de los hechos denunciados en la tutela; todos menos el ICANH contestaron fuera del término y el discurso del ICANH se centró en decir que ese era un tema del resorte del Ministerio de Cultura (que ellos no tenían velas en ese entierro); los escritos de los demás, aparte de extemporáneos, coinciden en su texto en responder alejados de la pregunta formulada por el Honorable Magistrado, con una verborrea inicua y hasta nerviosa, dirigida más a descalificar al Accionante y a pedir al Magistrado que se desestime la tutela, más que a cualquier otra cosa. Los que no dijeron ni una palabra fueron los redescubridores de 2015, eso que fueron oficiados en dos ocasiones, el 2 y el 9 de diciembre de 2021, es decir, los señores de 2015, con su silencio, confirmaron que todo lo dicho en la tutela por este Veedor era cierto.
Todos estos hechos iban a ser develados este fin de semana en este portal web, pero dado que la tutela no salió, si llegamos a decir públicamente donde está el galeón con la exhibición de las pruebas que allegamos al Consejo de Estado, las cuales no dejan lugar a dudas sobre la real ubicación de los puntos denunciados en 1982 y 2015, nos podrán imputar la responsabilidad por el saqueo que haya sufrido el contexto arqueológico del galeón San José, así que esta información se las presentaremos una vez conozcamos los resultados de la tutela en enero de 2022, no creo que en estos pocos días se lleven más de lo que ya se habrán llevado en estos últimos 6 años.
Imagino que en el interín saldrá la resolución del Ministerio de Cultura cancelando la tal APP, pretendiendo (pienso yo desde mi ignorancia), que con la cancelación de la APP se vienen al piso las acciones judiciales que están en curso (ya que todas piden la cancelación de la tal APP), y que con eso, los implicados quedarán “libres de culpa”, pues les anticipo que haremos lo necesario para que TODOS los implicados den razón de su conducta, y por más que escuchemos al flamante Director de la ANDJE decir, como lo hizo el pasado 16 de diciembre de 2021 en entrevista con Fernando Londoño, en su programa La Hora de la Verdad, que: “… Sea Search Armada… dijo que el Galeón estaba en Villavicencio y resulta que está en Zipaquirá…”, es decir, Camilo Gómez Alzate, director de la ANDJE, dice que los puntos denunciados en 1982 y 2015 están a más de 60 millas náuticas de diferencia, lo que equivaldría a decir entonces, que el galeón San José fue hallado en 1982, no frente a las islas del Rosario, sino frente al Archipiélago de San Bernardo, si la diferencia fuera hacía el Sur, o casi frente a Barranquilla, si la misma fuera hacia el Norte.
Le recomiendo al Director de la ANDJE que use más bien este ejemplo, que le voy a dar con todo cariño y respeto, como uno más ajustado a la realidad que ambos conocemos: Los puntos denunciados en 1982 y 2015 están solo a 3,55 millas náuticas de distancia, lo que jamás se puede comparar con las más de 60 millas náuticas de distancia que hay, en línea recta, entre Villavicencio y Zipaquirá; pues la distancia real que hay entre los puntos denunciados en 1982 y 2015 se corresponde más bien con la distancia que hay entre su oficina en la ANDJE y la Cárcel Modelo en Bogotá.
