En los últimos días, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha endurecido su discurso y su control administrativo mediante una instrucción estricta: ninguna hoja de vida para contratación estatal se aprueba sin el visto bueno y el tamiz ideológico de Joaquín Gutiérrez, mano derecha del mandatario. El objetivo explícito de la medida ha sido blindar la administración pública frente a la «colada» de perfiles asociados al gobierno saliente de Gustavo Petro, en cumplimiento de una de las banderas centrales de campaña: el distanciamiento absoluto de las políticas y sectores de la izquierda.
Esa política de exclusión, sin embargo, parece operar con una asimetría notoria. Se concentra en los contratos de prestación de servicios y los cargos de segundo nivel, mientras la alta dirección del Estado exhibe contradicciones que resultan difíciles de ignorar.
Joaquín Gutiérrez revisa, avala o veta la contratación del nuevo gobierno por directiva presidencial. Todas las hojas de vida deberán tener su visto bueno
El caso más reciente y más sintomático es el del fraile dominico Ricardo Ernesto Torres Castro, designado por el propio De La Espriella como director general del SENA —la entidad con uno de los presupuestos y el alcance social más grandes del país—, y quien asumió el cargo formalmente el 19 de agosto.
Torres Castro llega con una trayectoria construida entre la academia y la Iglesia: fue rector y decano en la Universidad Santo Tomás de Medellín, tiene formación en teología, filosofía y pensamiento político, y dos maestrías en negocios internacionales y administración. Pero hay un dato de su hoja de vida que no ha sido parte del relato oficial de su nombramiento: antes de llegar al SENA, Torres Castro llevaba más de dos años como asesor del Centro de Memoria Histórica, entidad adscrita al sector de la Presidencia y protagonista de buena parte de las narrativas sobre el conflicto armado que el propio uribismo y sectores de derecha han cuestionado durante años por su enfoque frente a las Fuerzas Armadas y la construcción del relato de las víctimas. Ese cargo aparece registrado en su hoja de vida pública ante la Función Pública, a nombre completo de Ricardo Ernesto Torres Castro.
Esa asesoría no es un dato menor si se pone al lado de la política de «filtro ideológico» que hoy aplica Joaquín Gutiérrez sobre cualquier contratista o funcionario de rango medio. El Centro de Memoria Histórica ha sido, durante los últimos gobiernos, una de las instituciones más señaladas por la derecha colombiana por su cercanía narrativa con las tesis del progresismo sobre el origen y los responsables del conflicto armado.
Que uno de sus asesores de más de dos años haya sido puesto, sin ese antecedente mencionado públicamente, al frente de una entidad con el tamaño y la relevancia social del SENA, mientras un profesional o contratista de base puede ser descartado por una sola sospecha de simpatía con la izquierda, es exactamente la paradoja que esta nota busca documentar.
A esto se suman fotografías, tomadas del propio perfil de Facebook de Torres Castro y verificadas por una fuente de El Expediente que lo conoce personalmente, en las que aparece participando en una movilización social bajo las banderas rojas del movimiento «Liberales de Base», junto a pancartas de apoyo a las reformas del gobierno Petro y consignas que vinculan la figura del expresidente Petro con el legado de Jorge Eliécer Gaitán.
Lo que sí queda establecido, con soporte documental verificable, es que el gobierno que prometió «blindar» al Estado de cualquier vestigio del petrismo puso al frente de una de sus entidades más grandes a alguien cuya hoja de vida incluye más de dos años de trabajo directo para una institución del gobierno saliente —un antecedente que, aplicado con el mismo rigor que hoy enfrenta cualquier contratista de base, probablemente le habría costado el cargo. La pregunta que queda abierta es si el filtro ideológico de Joaquín Gutiérrez es una regla pareja para todo el Estado, o un mecanismo reservado para los eslabones más débiles de la cadena institucional, mientras la alta dirección se examina con otro rasero. Se suma a los nombramientos de la ministra de las TIC Alexandra Falla cercana al opositor y activista Coronell, al gobierno Petro y captada en reuniones con la dictadura cubana. También al de la Gerente de RTVC Ángela María Mora quien fue directiva de la JEP durante 5 años, Tribunal que De La Espriella calificó en campaña como un ‘antro’ y ‘directorio político’.
