Por Saúl Hernández Bolívar
La periodista Vicky Dávila advirtió en una columna de hace casi un mes que si la corrupta Corte Suprema de Justicia se atrevía a dictarle detención preventiva al expresidente Álvaro Uribe, se iban a venir con una avalancha de acusaciones e investigaciones en su contra para complicar aun más su situación con la justicia. Claro que Dávila no necesitaba fungir de vidente para hacer esa predicción; ya se olía en el ambiente, ya todos lo sabíamos.
Pues bien, resulta que desde el 14 de agosto, la corrupta Corte instruyó un auto (otro) en donde decide dar impulso procesal al expediente por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Un asunto que, según el abogado Jaime Granados, es resorte de la Fiscalía y no del alto tribunal. Pero, para que vayamos viendo el talante de la persecución, la Suprema citó ya a Uribe a rendir versión libre el próximo 16 de septiembre. Valga anotar que este caso fue acumulado con el de la masacre de La Granja (1997) y el asesinato de Jesús María Valle, ocurrido en 1998, cuando Uribe ya no era gobernador y se encontraba estudiando en la Universidad de Oxford.
Y, ¿de qué acusan a Uribe en esos casos? El reiterado argumento de los jueces filocomunistas que han llevado estos procesos ha sido el de afirmar, de manera gratuita, que el por entonces gobernador de Antioquia pudo ‘haber hecho más’ para evitar esas masacres; las que, según supuestos defensores de los derechos humanos, estaban más que anunciadas. Pero con ese mismo cuento se podría meter a la cárcel a decenas de gobernadores, alcaldes y otros funcionarios por las muchas masacres del pasado o por las ocho ocurridas en Colombia en el último mes (Cúcuta, Cali, Samaniego, Ricaurte, El Caracol, El Tambo, Tumaco y Venecia), que habían sido advertidas hasta el cansancio con ocasión de la fantasiosa paz de Santos y sus tenebrosas consecuencias: el mar de coca resultante, el debilitamiento y la desmoralización de las Fuerzas Armadas, la desmovilización simulada de las Farc, el reforzamiento del ELN, el pésimo ejemplo de estar endiosando criminales, etc.
Digámoslo con toda claridad: el expresidente Uribe renunció al Senado para que su caso saliera de la órbita de la ominosa Corte Suprema, pero allá no lo van a soltar así los delitos que se le imputan nada tengan que ver con sus funciones de congresista. Los magistrados de la CSJ son ‘perros de presa’, entrenados para acechar y capturar objetivos grandes, y no soltarlos por nada: ni moliéndolos a palos abren sus fauces. Y la presa, cómo no, se llama Álvaro Uribe. Ya el perrero Cepeda dio instrucciones para que la deshonrosa Corte lo mantenga bajo su dominio con cualquier argucia.
Si no es por el caso de los falsos testigos, bueno será el caso de El Aro, La Granja o cualquier otro. Volverán con el tema de la creación del Bloque Metro, de las Convivir o de las pistas ilegales del narcotráfico que supuestamente recibieron su visto bueno como director de la Aerocivil. Si a Uribe lo fueran a soltar, habrían bastado algunas de las centenares de tutelas presentadas a su nombre, que fueron todas rechazadas, o el recurso de habeas corpus, también rechazado; peticiones que suelen ser efectivas cuando de figurines de la izquierda se trata.
Es tal el odio de las hordas de izquierda, que el fin de semana hubo marchas de protesta por los jóvenes ‘que el Estado está masacrando’, cosa que expresaron en varios medios sin aportar ninguna prueba, mientras que las redes sociales fueron mucho más allá: se atrevieron a señalar que las masacres recientes eran obra de grupos paramilitares en venganza por la detención de Uribe, y que hasta eran ordenadas por él. Se les olvida que el paramilitarismo antisubversivo con el que lo han querido vincular, ya no existe; el mismo Uribe lo enfrentó con las fuerzas legítimas del Estado, lo desmanteló mediante el proceso de Justicia y Paz —sin impunidad, con penas de ocho años— y extraditó a sus cabecillas.
Las actuales masacres tienen un origen muy claro: el mar de coca que nos legó el desgobierno de Juan Manuel Santos y sus acuerdos criminales con las Farc. La prohibición de asperjar con glifosato dizque por ser cancerígeno cuando con este químico se fumigan todos los productos del campo que van a la mesa. Y los principales dueños de esa coca son las Farc, cuya desmovilización fue una farsa. Allá donde no dejan fumigar ni erradicar, es donde hoy pulula la violencia: Nariño, Cauca, Arauca, el Catatumbo…, regiones donde no hay Dios ni ley. El único camino que le queda a Duque es hacer llover plomo y glifosato antes de que esto se le salga de las manos y haga ver la crisis por la pandemia, ahí sí, como una ‘simple gripita’.
@SaulHernandezB
Medellín, 24 de agosto de 2020
