Por: El Expediente
El Fondo Mujer Libre y Productiva nació con un propósito específico y valioso: canalizar apoyos económicos concretos hacia mujeres emprendedoras colombianas, con especial atención a poblaciones históricamente desatendidas por la política pública, entre ellas mujeres afrodescendientes e indígenas, productoras rurales de plátano, viche y café, y exportadoras que necesitaban un impulso inicial para consolidar sus negocios. Sobre el papel, era exactamente el tipo de instrumento de política social que puede transformar de forma tangible la vida económica de miles de mujeres en las regiones más vulnerables del país.
La realidad que documenta el Libro de la Verdad, el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro, es sustancialmente distinta a esa promesa inicial. Al 1 de julio de 2026, el fondo había ejecutado apenas $172 millones de los $55.142 millones que le habían sido adicionados mediante dos otrosíes contractuales específicos: un 0,3% del total. Ninguno de los siete programas que habían sido formalmente aprobados había siquiera iniciado su implementación en el territorio.
Las causas de esa parálisis casi total, según reconstruye el informe, no se limitan a un problema de lentitud administrativa ordinaria, del tipo que puede explicarse por la complejidad normal de poner en marcha cualquier programa social nuevo. Entre enero y mayo de 2026, la entidad abrió cuatro procesos de selección distintos, en momentos diferentes, para elegir a los operadores que ejecutarían los programas del fondo en el territorio. Los cuatro procesos, sin excepción, terminaron cancelados, suspendidos o declarados desiertos, sin que ninguno lograra adjudicarse exitosamente. Una tasa de fracaso del cien por ciento en los intentos de poner en marcha la operación real del fondo es, bajo cualquier estándar de gestión pública, una señal de que algo más profundo que la simple mala suerte estaba ocurriendo.
El hallazgo más delicado de todos, y el que más directamente compromete la integridad técnica del proceso, tiene que ver con lo que ocurrió en uno de esos cuatro intentos específicamente. Tras la renuncia de las coordinadoras de Autonomía Económica y de Desarrollo Empresarial del fondo —dos cargos técnicos clave para la operación—, un proceso de selección que ya contaba con 422 postulaciones recibidas fue detenido abruptamente el 24 de abril de 2026. Según el reporte oficial de la propia Dirección Ejecutiva de la entidad, ese proceso fue detenido por instrucción directa proveniente del despacho vicepresidencial, dejando los cargos correspondientes en calidad de encargo temporal, sin el proceso técnico competitivo que originalmente los habría llenado.
Un memorando interno de la entidad, citado textualmente en el Libro de la Verdad, capturó la gravedad de ese momento con una frase que no deja mucho espacio para la ambigüedad: la intervención «plantea dudas sobre los límites entre orientación estratégica y gestión administrativa interna». Es, en esencia, el propio personal técnico del fondo advirtiendo, por escrito y en tiempo real, que una decisión política estaba interfiriendo con un proceso que debía ser estrictamente técnico y meritocrático.
El proceso se reactivó finalmente el 2 de junio de 2026, pero únicamente para una de las dos coordinaciones que habían quedado vacantes, y con una delegada del propio despacho vicepresidencial presente durante las entrevistas de selección de personal. Este hecho específico fue señalado por la Dirección Ejecutiva del fondo como indicativo de que la participación política en un proceso que debía ser estrictamente técnico continuó incluso después de que el proceso se reactivara formalmente, no solo en el momento de detenerlo.
El resultado neto de todo este proceso, documentado con precisión por el Libro de la Verdad, es que programas con nombres tan evocadores de su propósito social como Hiladoras de Autonomía y Territorios Vicheros —diseñados específicamente para mujeres emprendedoras afrodescendientes e indígenas— permanecieron completamente sin ejecutar durante todo este periodo, sin que los apoyos económicos prometidos llegaran jamás a las beneficiarias que el propio gobierno había identificado públicamente como su población objetivo prioritaria. Un fondo concebido para empoderar económicamente a algunas de las mujeres más vulnerables del país terminó, según toda la evidencia documentada durante el empalme, atrapado entre una parálisis contractual recurrente y una injerencia política que el propio personal técnico de la entidad, en tiempo real y por escrito, consideró impropia.
