Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 27 de octubre de 2025
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🧭 EL PERFIL POLÍTICO DEL ABOGADO
Dan Kovalik no es un técnico gris del derecho norteamericano. Es un veterano de la izquierda anti-imperialista. Graduado en Columbia Law School, trabajó durante dos décadas con el poderoso sindicato United Steelworkers, y desde allí transitó hacia la trinchera ideológica: los derechos humanos, la denuncia del intervencionismo y la defensa pública de gobiernos señalados por Washington.
Autor de libros como The Plot to Overthrow Venezuela (2019), The Case for Cuba (2021) y Nicaragua: A History of U.S. Intervention & Resistance (2022), Kovalik ha defendido abiertamente a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, argumentando que las sanciones de EE. UU. son “armas de guerra económica”. Es un activista pro-soberanía, crítico feroz tanto de republicanos como de demócratas, y figura habitual en foros como The Grayzone, RT y The People’s Forum.
Su elección por Petro no es casualidad: el presidente colombiano elige a alguien que no solo entiende las sanciones, sino que las desprecia.
EL ANUNCIO Y LA REALIDAD
El presidente Gustavo Petro, sancionado por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) bajo la Executive Order 14059 – Illicit Drug Trade, anunció que su defensa en Estados Unidos la asumirá Kovalik. El mensaje fue político: “no estoy solo; tengo a uno de los nuestros.”
Pero en la práctica, representar a un sancionado por OFAC no es firmar un poder y encender la cámara.
En el sistema estadounidense, cada palabra y cada dólar están bajo licencia, monitoreo y registro. Y un abogado que cruce la línea puede acabar tan sancionado como su cliente.
EL MARCO DURO: LO QUE LA LEY PERMITE Y LO QUE NO
OFAC ejecuta la EO 14059 mediante el reglamento 31 CFR Parte 599 – Illicit Drug Trade Sanctions, respaldado por la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. §§ 1701–1708). Esa ley faculta al Tesoro para bloquear bienes y prohibir servicios de toda “persona designada”.
En este escenario, los abogados estadounidenses también son U.S. Persons. Pueden prestar ciertos servicios legales, pero solo bajo reglas quirúrgicas:
1. Asesorar, sí. Cobrar, no, salvo que el dinero no provenga de activos bloqueados o exista licencia específica de OFAC.
2. Los pagos desde fuera de EE. UU. pueden permitirse si se documentan y conservan durante 5 años (31 CFR § 501.601), y si se reportan las transacciones bloqueadas o rechazadas dentro de 10 días hábiles (§§ 501.603–501.604).
3. Cualquier servicio que toque contratos, transferencias o comercio internacional requiere licencia adicional.
En otras palabras: el permiso para hablar existe, pero el dinero está electrificado.
KOVALIK EN SU PROPIO TERRENO
Kovalik ha litigado en la Alien Tort Claims Act, dictado clases en Nueva York y recorrido América Latina defendiendo causas de izquierda. Lo suyo no es el lobby compliance, sino la confrontación ideológica. Sin embargo, El Expediente pudo verificar que hasta la fecha no figura en los registros públicos de OFAC una specific license que lo autorice a recibir honorarios o reembolsos del presidente sancionado.
¿Qué pasa si el abogado trabaja pro bono? El trabajo pro bono no es una inmunidad total. Si bien elimina la prohibición de recibir pagos, el abogado sigue siendo una «Persona de EE. UU.» (U.S. Person) y mantiene restricciones estrictas. La exención es solo para servicios legales; no puede actuar como agente de negocios, gestionar activos ni facilitar transacciones financieras. Tiene prohibido tocar, mover o administrar cualquier fondo o propiedad bloqueada del cliente. Además, si la asesoría legal gratuita requiere revisar material sensible, como contratos militares (ITAR) o tecnología de doble uso (EAR), el abogado aún necesitaría licencias separadas de los departamentos de Estado o Comercio. En resumen, el pro bono le permite hablar y defender, pero no le permite gestionar, facilitar o tocar nada relacionado con los activos o negocios del sancionado.
EL FILO DONDE RESBALA UN ABOGADO
• Dinero contaminado: recibir un solo dólar de una cuenta bloqueada viola la IEEPA. La regla de 2024 permite ciertos pagos desde fuera de EE. UU., pero exige trazabilidad total.
• Asesoría extendida: si el encargo incluye revisar contratos, fondos o proyectos con tecnología militar o de doble uso —materias reguladas por las ITAR (International Traffic in Arms Regulations) y EAR (Export Administration Regulations)—, el abogado entra en territorio controlado por el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio. Incluso una revisión documental podría requerir licencia adicional por involucrar material sujeto a control de exportaciones.
• Obligación documental: toda transacción o gestión debe archivarse por 5 años y estar disponible para inspección del Tesoro (31 CFR § 501.601).
En corto: el abogado puede hablar por su cliente, pero no puede tocar su dinero ni sus contratos sin permiso federal.
LA PRÁCTICA REAL EN ESTADOS UNIDOS
Los despachos que representan sancionados —de oligarcas rusos a banqueros iraníes— piden licencia específica aunque no sea obligatoria, por tres razones:
1. Evitan choques con OFAC.
2. Protegen a los bancos intermediarios.
3. Blindan su responsabilidad penal bajo la IEEPA.
La actualización de diciembre 2024, vigente desde marzo 2025, reforzó la regla: los pagos desde fuera de EE. UU. son posibles, pero deben estar documentados centavo a centavo.
EL CLAVO ARDIENTE DE PETRO
Decir “tengo abogado en EE. UU.” es un acto político, no jurídico.
Un abogado en temas OFAC no es un vocero, es un oficial de cumplimiento con toga.
Sin licencia, sin trazabilidad y sin bitácora, pasa de aliado a infractor.
Y cuando el abogado cae, el caso se derrumba.
LA PREGUNTA QUE DEFINIRÁ EL CASO
¿El mandato Petro–Kovalik incluye una licencia específica, o se ampara en la autorización general de pagos externos?
Si la respuesta es sí, hay camino legal.
Si no, el riesgo alcanza al abogado, al banco y a cualquiera que toque los fondos.
EPÍLOGO: EL DERECHO BAJO VIGILANCIA
En el mundo OFAC, Washington no sanciona discursos: sanciona flujos.
Kovalik podrá defender a su cliente, pero deberá demostrar —dólar por dólar— que no perforó el dique del Tesoro. La defensa se convierte en otra frontera de cumplimiento. Y en esa guerra fría de papeles y licencias, el alegato más poderoso no es la retórica… es la licencia aprobada y el extracto bancario en regla.
CHECKLIST EL EXPEDIENTE — “CÓMO DEFENDER A UN DESIGNADO SIN CAER EN SANCIONES”
1. Verificar si existe autorización general.
2. Solicitar licencia específica si hay duda o flujo desde EE. UU.
3. Registrar y conservar documentos 5 años (31 CFR § 501.601 et seq.).
4. Reportar propiedad bloqueada o transacción rechazada en 10 días hábiles (31 CFR §§ 501.603–501.604).
5. Evitar toda intermediación financiera con fondos bloqueados o bancos estadounidenses.
EL EXPEDIENTE SIGUE LA PISTA
Porque en la guerra de sanciones, hasta el derecho a la defensa debe pedir permiso. Y en el tablero de Washington, los abogados de la izquierda latinoamericana también están bajo jurisdicción del Tesoro.
