El exsecretario de transparencia del gobierno Santos Camilo Enciso y el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción que dirige desde su salida del gobierno tienen un importante foco de contratación en el sector público.
El Expediente revisó las bases de datos de contratación pública y encontró que tanto Camilo Enciso como su socio y representante legal suplente según certificado de Cámara y Comercio vigente, el señor Rafael Eduardo Enciso Patiño, figuran como contratistas de distintas entidades del Estado de orden nacional y regional.
En el año 2011 cuando Santos llegó a la presidencia el cargo de Zar Anticorrupción lo ocupó Rafael quien apareció muerto cuando se disponia a declarar en el caso de Odebrecht.
En ese año Enciso comenzó su precipitada carrera como contratista del Estado. En febrero de 2011 el Ministerio de Industria y Comercio le entregó el contrato 109 de 2011 por $121 millones para ‘Servicios de Gestión de Empresa y Servicios Administrativos’.
Ese contrato se mantuvo vigente hasta su llegada a la Secretaria Anticorrupción cargo que ocupó entre enero de 2014 y marzo de 2017 cuando salió a crear el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción como un vehículo de contratación estatal disfrazado de ONG de supuesta lucha contra la corrupción.
En septiembre de 2017 consiguió una asignación de la Agencia de Defensa Juridica del Estado ADEJ por valor de $51 millones para «Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Agencia en materia penal así como ejercer la representación judicial en los procesos judiciales que se le asignen».
Desde entonces Enciso, ahora con su Instituto, no ha parado de contratar con el Estado y por lo que se aprecia financia su activismo político disfrazado de lucha contra la corrupción, con recursos públicos y contratos cuya ejecución debería ser revisada en detalle por los órganos de control.
En total encontramos quince contratos que suman alrededor de $677 millones relacionados con Camilo Enciso, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y su familiar y representante legal suplente el señor Rafael Eduardo Enciso Patiño. La mayor parte de esos contratos fueron suscritos entre 2017 y 2020 con entidades como la Veeduría Distrital de Bogotá; la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Boyacá y la ADEJ del gobierno Duque, todas entidades controladas por políticos aliados del gobierno Santos y cercanos a Enciso.
