Por: Andrés Villota Gómez
Gustavo Petro, desde siempre, incluso antes de su elección espuria, reúne todas las causales para que la deuda pública colombiana contraída desde el 7 de agosto del 2022 hasta hoy (26 de abril del 2025), sea declarada como Deuda Odiosa y, por ende, los colombianos no tengan la obligación de pagarla en el futuro.
Durante el Siglo XIX, el Estado mexicano rechazó pagar las deudas contraídas por el emperador Maximiliano I de México y los Estados Unidos, después de invadir a Cuba, decidió no pagar la deuda que había sido tomada por la Casa Real de España.
Estos dos casos, son solo algunos de los que tomó como ejemplo, Alexander Sack para publicar en 1927 su libro, Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligations financières (Efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras). Sack, fue el primero en desarrollar el concepto de la deuda odiosa.
Deuda odiosa, es toda la deuda contraída por un gobierno espurio, por un gobernante que no tenga las condiciones físicas, ni las facultades mentales para ejercer su mandato o que destine de manera corrupta, los recursos obtenidos en el proceso de endeudamiento. Deuda odiosa es la deuda contraída para pisotear el interés de una nación, en beneficio de la minoría que la gobierna, con el pleno conocimiento y consentimiento del acreedor.
Los creadores de mercado de los títulos de deuda pública (TES), que son casi todos los bancos comerciales colombianos, increíblemente, a pesar de tener total conocimiento que le están prestando plata al régimen de Gustavo Petro, cada vez que participan en una subasta, siguen dándole el dinero del banco a Laura Sarabia y a Armando Benedetti para que lo usen a discreción, pero no le prestan la plata a los empresarios colombianos porque, dicen, es muy riesgoso para los clientes del banco.
El caso es tan aberrante que, algunos bancos, movidos por la codicia de enormes ingresos, que algunas veces son superiores a los obtenidos en su actividad bancaria, se dedican a especular en el mercado de la deuda pública colombiana de manera temeraria, exponiendo a un enorme riesgo el dinero de sus clientes, financiando una deuda que, por lo visto, no es una obligación para la nación, es, simplemente, una deuda del régimen, una deuda personal de Gustavo Petro.
En la historia existen casos de cobros personales al tomador de la deuda en nombre de la nación que, si declaran la Deuda Odiosa en Colombia, por ejemplo, la familia Petro estaría obligada a entregar los muchos activos que posee, repartidos en diferentes lugares del mundo.
La carta publicada por el ex canciller Álvaro Leyva Durán, confirma desde adentro del régimen, la evidente adicción a la cocaína de Gustavo Petro. Confirma, también, que la radicalización de su discurso político, es propio de un enfermo avanzado de megalomanía y de sociopatía, sumado a la paranoia frecuente y a los altos niveles de desconexión con la realidad, propios de un trastornado mental con episodios permanentes de esquizofrenia.
No estar en el uso pleno de sus facultades mentales, se ve reflejado en la forma como gobierna a Colombia, con un estilo parecido al de un bataclán obsceno. Las órdenes que da, los nombramientos que hace, la perorata en sus redes sociales, las diatribas en la plaza pública con su lápiz Mirado 2, el permanente abandono de su cargo en Colombia y en medio de los frecuentes viajes al exterior y, lo más importante, el gasto público y la deuda que ordena.
Hacerse el loco, puede haber sido una recomendación dada por sus asesores más cercanos como una forma natural de protección para evadir responsabilidades y convertirse en inimputable en caso que prospere alguna de las investigaciones en curso, frente a los múltiples delitos que se le endilgan.
Aparentar estar loco le sirve, también, para que nadie lo contradiga, ni lo cuestione porque, a los locos, dicen, toca llevarles la corriente, decirles a todo que si o, de lo contrario, se pueden tornar más agresivos y violentos de lo que ya son por su naturaleza demente.
Hacerse el loco para evitar ir a prisión y hacerse la víctima y el perseguido para salirse del Estado de Derecho y convertirse en un dictador, tiene obvias y graves consecuencias, en el futuro, para Colombia.
Una de estas consecuencias, es que declaren como Deuda Odiosa a toda la deuda pública contraída por la nación colombiana durante la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, argumentando que llegó al poder de manera ilegítima, dilapidó los recursos públicos en esquemas de corrupción que enriquecieron de manera ilícita a sus familiares, a sus amigos cercanos, a los miembros del M-19 y a los burócratas del régimen y, además, es una persona que no tiene las facultades mentales plenas, necesarias para poder tomar las decisiones propias del cargo que desempeña.
Petro, puede ser calificado como un dictador, por acabar con la separación de los poderes públicos, desconocer los fallos de las Altas Cortes y los organismos de control y por gobernar con los preceptos de oenegés decadentes, al margen de todo el aparato institucional colombiano, lo que hace espuria toda su actividad, incluida la de haber contraído deudas en nombre de todos los colombianos.
Mauricio Villegas Londoño, demandó las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022. Gustavo Petro, desde que fue congresista, era un paciente psiquiátrico reconocido. Empezó con su campaña presidencial de manera extemporánea. Violó los topes establecidos para los montos de financiación de su campaña electoral. Recibió dineros de origen ilícito en su campaña y demuestra, permanentemente, indignidad e incapacidad mental para desempeñar el cargo de presidente de la república pero, obvio, ningún burócrata va a atender este caso porque hacen parte de la misma logia asquerosa que gobierna a Colombia desde su, supuesta, independencia.
El grupo terrorista M-19, está inmerso en más de 30 procesos judiciales en diferentes jurisdicciones del mundo, incluidas la justicia de los Estados Unidos y de la Argentina, acusado por crímenes de lesa humanidad, que no prescriben en el tiempo.
Los miembros de este grupo de terroristas al que pertenece Gustavo Petro y Claudia Sheimbaun, actual presidente de México, están inhabilitados para ocupar cargos públicos o ser elegidos por votación popular, por tratarse de los miembros de un grupo terrorista, cuyo accionar, jamás fue amnistiado, ni indultado.
De todas maneras, así no se declare la deuda odiosa, los colombianos que deben pagar el servicio de la deuda pública colombiana y devolver el capital a los inversionistas, de la inmensa deuda contraída por Gustavo Petro, son los mismos once millones de limitados mentales, eunucos laborales, rémoras sociales, analfabetas estructurales, que votaron por Gustavo Petro, entonces, igual, tampoco la van a poder pagar por su incapacidad e incompetencia crónica.
El Estado no necesita pedir plata prestada, ni emitir moneda sin respaldo, si deja de gastar de manera desaforada e inútil. Declarar la Deuda Odiosa es una imperiosa necesidad para salvar el poco patrimonio que le quedó a Colombia después del paso arrasador de Gustavo Petro, con todas sus adicciones.
