Por: T. Coronel Gustavo Roa C.
Una centena de Militares han sido retirados en los últimos días del servicio activo, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministro de defensa, el Señor Iván Velázquez.
Según los hechos conocidos ampliamente por la opinión pública, Generales y coroneles del Ejército y la Policía nacional, han recibido la sorprendente noticia de su retiro por voluntad del gobierno, sin un proceso de análisis previo y estudios individuales, escrutados por una junta de superiores, donde se toman, este tipo de decisiones.
Este procedimiento es muy diferente, al tratamiento que han tenido todos los otros funcionarios nombrados por el gobierno. El mensaje recibido por los experimentados oficiales y todas las Fuerzas Militares, es que, al parecer el ministro de la defensa, no les permitió acceder al derecho del debido proceso, o por lo menos a ser escuchados en audiencias privadas como se espera que sea una conducta de consideración y gratitud gubernamental, para colombianos, que por más de 30 años le han servido a la nación.
Este alto número de ofíciales, han sido retirados por la figura de “discrecionalidad”, la cual se aplicó sin antecedentes en la historia de nuestro ejército nacional. Con el fin de ambientarnos, en primera instancia, miremos lo que dice el consejo de Estado, sobre la figura de la “discrecionalidad”.
Para el consejo de estado la facultad discrecional es una potestad jurídica del estado qué permite al nominador en este caso las fuerzas militares, adoptar una u otra decisión de acuerdo a lo que está establecido en la ley, es decir continuar o no en el servicio activo.
Para conocer el concepto de un experto, en segunda instancia, es pertinente que revisemos la introducción, del artículo de investigación, de la Universidad Sergio Arboleda, cuyo autor es el doctor y profesor Luis Rafael Vergara Camargo (Vergara Camargo L.R (2018) denominado “La discrecionalidad administrativa y los derechos del personal activo de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”, donde en uno de sus apartes establece lo siguiente: “Es importante precisar, qué con las facultades discrecionales que la ley le concede a la administración pública, se otorgan libertades que no son propias de la responsabilidad objetiva, las decisiones para obrar o abstenerse, desconfigura el contenido legítimo de la actuación.
Ahora bien, al abordar el tema de la discrecionalidad administrativa y los derechos de carrera, del personal activo de las fuerzas militares (oficiales y suboficiales), es cierto que la facultad discrecional , en principio, encuentra su justificación constitucional en lo complejo de la valoración de las conductas y en sus comportamientos dependientes, por lo cual de ahí parte la justificación intrínseca de los elementos objetivos, que tiene como fuente principal los comportamientos de los funcionarios en la entidad estatal.
De esta manera, cabe destacar que cuando se dé uso de la discrecionalidad; las causales que sustenten el retiro, deben ser objetivas; en virtud que, dentro de los fines esenciales del Estado está contemplada la efectividad de los principios, derechos y deberes, consagrados en la Constitución, que se ven reflejados en el servicio militar, propio del ejercicio de la institución, lo que evita un perjuicio de carácter general.
También es de resaltar que el análisis de la norma que sustenta la discrecionalidad administrativa sobre el retiro de los miembros delas fuerzas militares, se trata de encontrar en ella cual es el carácter especial y si vulnera el derecho fundamental al debido proceso y por consiguiente; los derechos de carrera e inclusive si se infringe el principio de legalidad cuando la decisión se toma por los superiores, quienes están facultados para la expedición de los actos administrativos de retiro de carácter discrecional”
Este fragmento del estudio, del profesor Vergara Camargo, nos ayuda a ilustrar de manera sencilla, la denominada figura de la discrecionalidad, que ha sido utilizada en Colombia de manera mesurada y consecuente, por la mayoría de los gobiernos democráticos, a lo largo de nuestra vida republicana.
La discrecionalidad utilizada vorazmente, por el actual ministro de defensa, no tiene precedentes en la historia del ejército nacional, donde aún no está clara la motivación que llevo al Ministro a tomar esta sorpresiva medida, contra cerca de una centena de Generales y Coroneles, lo cual genera una inmensa duda y preocupación, por la posible extralimitación de sus funciones y más aun cuando no se conocen las investigaciones, mucho menos los resultados obtenidos y los procesos individuales contra cada uno de estos militares.Tampoco se conocen las decisiones jurídicas y legales, que permitieran tener las evidencias, para tomar tamaña decisión en cuestión de horas, haciendo caso omiso, según parece, al principio constitucional de la presunción de inocencia.
Pero también es cierto que un sector de la opinión pública, ha percibido estas medidas, como una posición ideológica en contra de la institución y no como una posición de administración de personal del actual gobierno en ejercicio, referente a los procesos de nombramiento de servidores públicos y miembros del gobierno. La anterior percepción es la antítesis de los procedimientos recientes, utilizados con congresistas del Pacto histórico y otros partidos políticos afines.
De igual manera con el nombramiento de ministros, embajadores y otros integrantes del gobierno, posesionados por el actual presidente a pesar de tener presuntas investigaciones en curso. El gobierno, ha realizado en los últimos días una singular “poda”, donde expertos oficiales que fueron los autores de desarrollar minuciosas operaciones de inteligencia y planeamiento de operaciones militares exitosas, en la lucha contra grupos narcoterroristas en los últimos meses.
Se esperaba que estos éxitos contra los enemigos de la institucionalidad, les permitiera a los oficiales, mantenerse en la línea de mando o por lo menos salir con la dignidad y reconocimiento, propio de los que cumplen cabalmente con su misión. Este antecedente, no solo confunde a los más de 700 mil colombianos integrantes de las Fuerzas Militares y de policía, sino gran parte de la sociedad colombiana, que reconoce los logros y éxitos de nuestros héroes, integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.
No se entiende que mandos Militares, al cumplir exitosas misiones, durante el primer semestre del año 2022, hayan sido desconocidas por el nuevo gobierno, como parte del mantenimiento del orden interno y soberanía nacional. Con la llegada del gobierno del presidente Petro, al parecer su ministro de defensa, se abstuvo, no realizó o no se conoció, la ejecución de un cuidadoso y detallado análisis de cada uno de los implicados, para identificar aquellos casos en los cuales las pruebas sobre la violación de normas, leyes , reglamentos o principios, fueran evidentes y se aplicara a cada uno de los responsables, las decisiones pertinentes, aplicando incluso la figura de la discrecionalidad, teniendo en cuenta la efectividad de los elementos subjetivos contenidos en la constitución.
En este preocupante escenario, vemos cómo puede continuar la barrida institucional, sin que exista una voz de alerta, que exija una explicación más amplia, sobre la modalidad que utiliza, el ministro de defensa para tomar este tipo de decisiones, que impactan la moral de la institución y la reputación y honra de curtidos militares y también de los cuerpos de tropa.
Es importante para el buen nombre de la institución militar y los oficiales afectados por estas decisiones inconsultas, que éstas estén sustentadas por investigaciones imparciales y no amparadas por estratagemas psicológicas y publicitarias, de sectores perjudicados con el desmantelamiento de organizaciones criminales. La opinión pública merece una explicación oficial, en este hecho sin precedentes que ha causado profunda preocupación en la sociedad colombiana.
Nunca he creído que los Militares tengamos que acudir a neófitos en el arte militar, para verificar la legalidad operativa. Si existen casos de miembros de la institución, que cruzaron los límites de la legalidad, deben ser sujetos, de prontas y efectivas investigaciones internas y aplicar lo que la ley establece, pero es importante también entender el entorno del conflicto, donde la hábil sagacidad de los grupos al margen de la ley, distorsionan la verdad.
Las fuerzas Militares y de policía, disponen de los mecanismos legales e investigativos para desarrollarlos, sin esperar que este tipo de indagaciones preliminares, sean motivadas por agentes exógenos, murmuraciones periodísticas o grupos de ingeniería social, interesados en el desprestigio institucional, es ahí donde el ministro de defensa con su autoridad y su obligación en el control, orientación y evaluación de la gestión de las Fuerzas procure establecer la verdad, dentro del contexto de un conflicto, en el cual el Estado colombiano enfrenta a los más violentos y expertos grupos criminales y narcoterroristas a nivel mundial.
En este contexto es absurdo, que un ministro de defensa, perciba a la institución militar, como un contradictor natural, contrarios a sus planteamientos ideológicos. Los integrantes de las fuerzas militares y de policía, no tenemos partido ni afiliación política, como se ha querido hacer ver, por el trabajo de ingeniería social, practicada por la delincuencia. Las fuerzas militares tienen como precepto constitucional, la defensa de la soberanía, el mantenimiento de la libertad y el orden, así como de las garantías constitucionales de sus connacionales, este es un antecedente irrefutable en más de 200 años de historia republicana, donde el Ejército Nacional, ha demostrado, su respeto a las instituciones y a la constitución nacional. Tenemos que ser conscientes que hoy todos pertenecemos a un mismo país y a un mismo gobierno y éste tiene la obligación constitucional de apoyar a sus fuerzas Militares, dentro del estado de derecho. Sería catastrófico, tomar posiciones distantes, entre ministro y Militares, lo cual puede causar irreparables daños a la seguridad de la Nación y a la convivencia democrática de los diversos actores del Estado.
Históricamente las fuerzas militares, como institución han sido ejemplo de pulcritud, abnegación y patriotismo. Desde las diferentes escuelas de formación, a las cuáles acudimos cada cuatro años, nos lo han inculcado, a todos los que hemos tenido el honor de servir a la patria cómo soldados. Es allí en esos claustros donde nos han enseñado a respetar valores innegociables, como la lealtad, la honestidad, la abnegación, el patriotismo y la defensa de la constitución y las leyes, por encima de nuestras mismas vidas, si fuere necesario.
Lamentablemente, aún no ha sido posible el logro de la paz a pesar de la voluntad de las fuerzas militares y del esfuerzo de varios gobiernos por alcanzarla, pues los grupos terroristas, se han burlado reiteradamente de la buena fe, de los colombianos. Finalmente, los nuevos mandos y el ministro de defensa, como elemento de control, asesoramiento y acompañamiento de las fuerzas militares, en el campo administrativo, tienen otra urgente misión y unos retos inaplazables; y es fortalecer la moral de las tropas, el mantenimiento de la doctrina militar, el fortalecimiento de la ética y las virtudes militares, entre los antiguos y nuevos integrantes que lleguen a las filas de nuestra institución.
Es oportuno reconocer, que la materia prima de nuestro recurso humano como institución militar, es el producto de una sociedad que parece enferma, donde los valores y las virtudes ciudadanas ya no son esenciales, y donde solo se busca el beneficio personal, sin ningún esfuerzo y a cualquier costo.
T.Coronel Gustavo Roa C. Consultor en Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio. SGCN
