Diego Fernando Buitrago Mora, representante legal de Ingenial Media S.A.S., se ha convertido en una pieza clave dentro de las pesquisas que la Fiscalía General de la Nación adelanta por la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Su firma, dedicada a consultoría informática y estudios de mercado, aparece en el centro del entramado financiero que el Consejo Nacional Electoral ya sancionó en sede administrativa y que ahora avanza por la vía penal contra Ricardo Roa, entonces gerente de esa aspiración y actual presidente de Ecopetrol.
Las investigaciones han establecido que Ingenial Media fue contratada directamente por la campaña para la implementación del esquema integral de control electoral. En la primera vuelta recibió pagos por 178 millones de pesos, cifra que ascendió a 818 millones en la segunda vuelta, sumando cerca de mil millones de pesos reportados formalmente como gastos de investigación y capacitación política. Sin embargo, los hallazgos de los magistrados del CNE determinaron que esa contratación ocultaba otro propósito. Parte de los 500 millones de pesos entregados por Fecode a Colombia Humana confluyeron en los contratos con esta misma empresa. Aunque Buitrago ha declarado ante la Fiscalía que su compañía prestó servicios de vigilancia electrónica y no asumió el pago de testigos electorales, los cruces de información financiera revelan que a través de Ingenial y de la red de giros Su Red se movieron cerca de 931 millones de pesos destinados a más de 30.000 testigos que jamás fueron reportados en la contabilidad oficial de la campaña.
La triangulación de recursos, la utilización de personas jurídicas prohibidas como fuentes de financiación y la omisión deliberada de gastos llevaron al CNE a sancionar a Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Lucy Soto con multas superiores a los 5.900 millones de pesos, compulsando copias de manera simultánea a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación de la Cámara. En ese engranaje, Buitrago Mora se perfila como el nexo operativo que conecta las decisiones gerenciales de Roa con el flujo de recursos paralelos que eludieron los topes y los mecanismos de fiscalización.
Mientras los testimonios, los contratos y los cruces de bases de datos continúan ensanchando el expediente judicial, la trayectoria de Ingenial Media y de su representante legal expone un modelo de operación donde la opacidad corporativa funcionó como un velo. La acumulación de estas evidencias desarma la narrativa oficial de una contienda fiscalizada y deja al descubierto los riesgos estructurales de una arquitectura de financiación clandestina que hoy obliga a sus protagonistas a rendir cuentas ante los estrados.
