Por Rafael Nieto Loaiza
Esta semana, la izquierda y algunos santistas retiraron un proyecto de ley que habían presentado con la finalidad de hacerle daño a la Fuerza Pública. Contenía, entre otras bellezas, estipulaciones que ordenaban no conceder el ascenso a aquellos militares y policías que estuviesen investigados. No era solo una violación flagrante a la presunción de inocencia sino un instrumento para acabar las carreras de los uniformados. Nada hay más fácil que abrir una investigación. No tengo duda de que el proyecto será presentado de nuevo más pronto que tarde.
El proyecto hace parte de la estrategia de debilitar a las FF.MM. y la Policía. Los anima la venganza y la certeza de que la Fuerza Pública es un dique de contención que necesitan derribar para llegar al poder. Enfrentar este desafío legislativo es uno de los varios retos inmediatos que tienen hoy militares y policías y será vital que los partidos democráticos en el Congreso se unan para derrotar de manera contundente la iniciativa.
Otro será controlar de manera adecuada y eficaz las protestas y el aumento de la delincuencia común que se presentarán por el agudo incremento de la pobreza y el hambre resultado de los confinamientos, la quiebra de miles y miles de empresas y el disparo del desempleo. Deberán hacerlo, además, con pleno respeto de los derechos humanos. Cualquier exceso en el uso de la fuerza tendrá un fuerte castigo de la opinión ciudadana.
Al mismo tiempo, no pueden descuidar el combate contra el Eln, las “disidencias” y “reincidencias» de las Farc, y los otros grupos armados organizados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.
A los bandidos los afectado muy poco la cuarentena. Atacar sus fuentes de financiación es vital. El narcotráfico y la minería ilegal, sus dos principales ingresos, están boyantes como nunca. Aunque el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas reportó una reducción del 9% en el área sembrada con coca, bajando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019, la producción de cocaína no solo no disminuyó sino que aumentó un 1.5%, en particular por la mejora de productividad de cada hectárea cultivada. El negocio del narcotráfico sigue siendo incomparable. Según Naciones Unidas, solo los cultivadores de coca recibieron US$ 810 millones en 2019. Los ingresos del resto de la cadena son mucho mayores. Recuperar la aspersión aérea con glifosato será vital. Pero el combate contra los narcocultivos es solo un aspecto de una estrategia que debe replantearse para conseguir control integral e institucional del territorio y no solo el militar del área. El oro, por su parte, está disparado. Refugio seguro en tiempos de crisis e incertidumbre, ha alcanzado el precio más alto en nueve años, más de US$ 1.900 la onza. Es indispensable revisar y corregir la altamente ineficaz lucha contra la minería ilícita.
Todo ello hay que hacerlo obligados a enfrentar al mismo tiempo tres enormes obstáculos. Por un lado, el apoyo del régimen chavista a las mafias y las guerrillas colombianas que encuentran en ese territorio no solo refugio y aprovisionamiento logístico sino colaboración activa del gobierno y sectores sustantivos de las fuerzas armadas venezolanas. No solo es un reto en materia de seguridad sino también de defensa nacional.
Por el otro, la dañina esquizofrenia institucional que nos ha dejado el pacto espurio de Santos con las Farc. Tenemos un orden constitucional y legal para el postconflicto, y una realidad de conflicto armado. La institucionalidad es la que nos deja el acuerdo rechazado en el plebiscito, entre ellos el engendro de la JEP, que se pensó y se puso en marcha para asegurar la impunidad de las Farc y apretar a militares y policías, pero la guerra sigue viva y la delincuencia arrecia. Y la doctrina, la disposición de fuerzas en el terreno y el presupuesto de la Fuerza Pública, están construidos sobre la idea de la paz, pero todos los actores violentos, incluso las Farc, están vivos y algunos de ellos más fuertes que nunca.
Finalmente, hay que reconocer que los tres pilares sobre los cuales la Fuerza Pública dio sus mejores resultados, conseguidos durante el gobierno de Uribe y los tres primeros años de la administración de Santos, están seriamente debilitados. Uno, la colaboración cercana entre la población y la Fuerza Pública. Los ataques sistemáticos contra las Fuerzas Militares han dañado seriamente su imagen y reputación y han afectado la disposición de muchos sectores ciudadanos de apoyarlas y colaborar con ellas. Dos, la superioridad aérea. La reducción drástica de los presupuestos han afectado tanto el apoyo helicotransportado como los ataques aéreos. Para rematar, ahora hay un ambiente de inseguridad jurídica que paralizó por muchos meses estas acciones. Finalmente, la sofisticación de los aparatos y operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Desde que se iniciaron las conversaciones con las Farc, ninguna área militar ha sido tan fuertemente golpeada como esta, vital en los más importantes golpes contra esa organización y hoy en su peor momento en décadas.
