Desde la Alta Guajira, un grupo de comunidades wayuu ha hecho pública una denuncia contra los hermanos Armando y Custodio Valbuena. Según la fuente, ambos habrían recibido del gobierno del presidente Gustavo Petro una entidad territorial indígena recién creada mediante decreto, y la estarían usando para ejercer presión sobre funcionarios y contratistas de distintos programas estatales.
La acusación principal es que personas cercanas a ellos, como José Galvis —su mano derecha y ejecutor de programas de primera infancia del ICBF— y la consejera territorial Ismelia Iguarán, están exigiendo a quienes tienen contratos con estas iniciativas que lleven al menos diez personas a votar por Iván Cepeda si quieren seguir trabajando. Esta presión, dicen, alcanza incluso al Hospital de Nazareth, intervenido por el Gobierno nacional, donde los Valbuena habrían influido directamente en la selección de unos 200 promotores de salud.
Los denunciantes aseguran contar con audios en los que Galvis hace estas exigencias de manera explícita. “No podemos seguir permitiendo que estos señores hagan de las suyas”, afirman. Para ellos, se trata de una clara vulneración del derecho a elegir libremente.
El trasfondo de la denuncia tiene que ver con la reciente delimitación de esta entidad territorial, que abarca nueve corregimientos de Uribia. Las comunidades sostienen que el decreto se aprobó sin una consulta previa adecuada con las autoridades tradicionales ni con la población en general, desconociendo los usos y costumbres wayuu y su autonomía. Armando Valbuena, además, es quien lidera la recolección de firmas para la constituyente promovida por Petro y uno de los hermanos figura como gobernador de esta nueva estructura.
Por eso piden que la Corte Constitucional revise con atención el decreto, porque consideran que viola la Constitución y la realidad del territorio. Al mismo tiempo, exigen que se garanticen elecciones libres y transparentes en la región.
Esta denuncia llega en medio de una fuerte influencia que el grupo Valbuena ha acumulado en la zona a través de contratos millonarios en ICBF, Ministerio de Agricultura y otras entidades. Hasta ahora no se ha conocido respuesta de los señalados ni de las instituciones mencionadas.
Las comunidades wayuu de la Alta Guajira esperan que la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la propia Corte Constitucional investiguen estos hechos para evitar que se sigan repitiendo prácticas que, según ellos, afectan la democracia en uno de los territorios más complejos del país.
