Por: Jair Peña
En el fondo de toda elección presidencial subyace una pregunta bastante más profunda que la simple disputa política por los impuestos, la seguridad o la administración pública. La verdadera cuestión es antropológica: ¿qué idea tenemos del ser humano? ¿Lo concebimos como un agente moral capaz de asumir responsabilidades y gobernar su propia vida, o como una criatura permanentemente necesitada de tutela?
La campaña por la Casa de Nariño en la actualidad enfrenta —precisamente— esa disyuntiva. No se trata únicamente de escoger entre dos programas de gobierno, sino entre dos concepciones rivales de la ciudadanía. De un lado, una visión que deposita en el Estado la misión de corregir, proteger y orientar a la sociedad. Del otro, una que confía, con todas las incertidumbres que ello implica, en la capacidad de los individuos y los cuerpos intermedios de la sociedad para asumir el riesgo de la libertad. La diferencia no es menor. De ella depende si Colombia avanza hacia una república de ciudadanos o hacia una nación de administrados.
Al revisar el programa de gobierno de Iván Cepeda emerge una constante: la convicción de que los principales problemas nacionales encuentran su solución en una acción cada vez más extensa y tutelar del Estado. La entrega de un millón de hectáreas de tierra, la ampliación de transferencias monetarias a los adultos mayores y la creación de un «subsistema de protección» integral para las víctimas responden a razones ideológicas y a una determinada comprensión del ciudadano y de la sociedad.
La premisa parece ser que amplios sectores de la población no pueden desenvolverse satisfactoriamente en los espacios ordinarios de la vida económica y social sin la asistencia permanente del aparato estatal. El problema de esta visión no radica en su intención moral —que puede ser perfectamente legítima— sino en su antropología implícita: el peligro de concebir al ciudadano como un sujeto menesteroso de protección y no como un ser libre y protagonista de su destino.
Esta visión choca frontalmente con lo que Roger Scruton denominaba la «persona soberana». Para él, la libertad real no es aquella que el Estado otorga, sino la que el individuo ejerce a través de la responsabilidad personal y la pertenencia a comunidades intermedias como la familia, la iglesia o las asociaciones vecinales. El filósofo inglés advertía que reemplazar estas lealtades locales por una «ciudadanía abstracta» bajo el control del Estado es un camino seguro hacia el despotismo, pues el poder absoluto no se confronta con individuos aislados, sino con organizaciones independientes.
En este mismo sentido, el proyecto de Cepeda refleja una lógica que Jaime Guzmán Errázuriz, en su momento, criticó con lucidez. Al analizar la realidad chilena previa a 1973 dijo que «el Estado ha ido invadiendo y controlando progresivamente los más variados campos de la actividad nacional (…) dotado para ello de un poder sin contrapeso, se ha convertido potencialmente en una especie de árbitro supremo del destino de cada ciudadano y de cada agrupación humana».
La advertencia merece ser tomada en serio. Toda expansión estatal puede justificarse inicialmente en nombre de objetivos nobles. No obstante, cuando el Estado deja de auxiliar para comenzar a sustituir, las consecuencias son graves. La responsabilidad individual se debilita, la iniciativa privada se retrae y la sociedad civil pierde gradualmente la capacidad de resolver por sí misma los problemas que antes enfrentaba con solvencia y autonomía.
Este es el riesgo del programa de Cepeda: un Estado que no se limita a auxiliar, sino que suplanta a la familia, a la empresa y al individuo, convirtiéndolos en perpetuos beneficiarios de un sistema que les dice cómo vivir, cómo producir y, mediante los informes de la Comisión de la Verdad en colegios y universidades, hasta cómo pensar y cómo relacionarse con su propia historia.
Frente a esta concepción, emerge una alternativa radicalmente distinta: la candidatura de Abelardo de la Espriella. Su programa —articulado bajo la consigna de pasar de «administrar escasez a desatar abundancia»— descansa sobre una convicción elemental: las sociedades prosperan únicamente cuando la libertad económica, la propiedad privada y la iniciativa individual disponen del espacio suficiente para desplegarse.
El planteamiento posee una gran coherencia. La reducción de ministerios, la eliminación masiva de cargos públicos, la simplificación regulatoria y la disminución de la carga tributaria expresan una determinada confianza en la capacidad creadora de la sociedad cuando se encuentra menos constreñida por el poder político.
La intuición coincide con una enseñanza clásica de Lord Acton: la libertad es el bien político supremo y la condición necesaria para el desarrollo de las virtudes humanas. Un Estado que todo lo da, todo lo planifica y todo lo regula no forma ciudadanos. Forma dependientes. Y la dependencia prolongada, tanto en las personas como en las naciones, termina produciendo una sutil minoría de edad.
En este orden de ideas, la trampa del paternalismo político es que se disfraza de solidaridad, aunque su efecto práctico sea una nueva forma de esclavitud: la dependencia estatal. El proyecto de Iván Cepeda, al concebir al ciudadano como un menor de edad perpetuo, al tutelar su economía, su seguridad y su memoria, nos ofrece un futuro de estabilidad precaria a cambio de nuestra libertad y nuestra responsabilidad.
La alternativa que representa Abelardo de la Espriella es, en esencia, un llamado a la mayoría de edad. Es la apuesta por una Colombia donde el trabajo es el verdadero motor de la movilidad social, donde la seguridad no es un negocio del Estado sino un derecho que permite el ejercicio pleno de la libertad, y donde la fe y la familia son los cimientos de una sociedad fuerte.
Epílogo: Por todo lo anterior, adhiero a la candidatura de Abelardo de la Espriella, convencido de que representa una defensa más firme de la libertad, la responsabilidad individual y la cohesión social que la alternativa que hoy encarna Iván Cepeda.
