Por: Alejandro Ramírez
Llevamos más de 1 año del “nuevo” gobierno en Medellín, pero subsisten los problemas del primer día y peor aún, aquellos de los que adolece la cosa pública en los países subdesarrollados. Cuando un discurso promocionaba a la novata administración en contra de lo que peyorativamente denominaron “la vieja política”, las actuaciones que emanan del piso doce del palacio de la Alpujarra dan muestra al país, como si de una clase magistral se tratara, de lo que viene aparejada con ésta. Un excesivo clientelismo, cuya cuota inicial deja compromisos millonarios por más de 4500 millones de pesos al año a la alcaldía en rimbombantes secretarías, todo para cumplirle a los acreedores, quienes lo ayudaron a elegir.
Y si el clientelismo con desmedida burocratización, en oposición a la moderación, a lo simple y lógico, golpean la austeridad de entidades públicas en época “de vacas flacas” de cuenta de una grave pandemia, no es menos grave que el alcalde le sume el terrible vicio de la politización, precisamente a entidades que, como las empresas públicas, deberían mantenerse ajenas al tramite de los intereses políticos. No sólo le incumplió a los ciudadanos al seleccionar al gerente de las empresas públicas “a dedo”, cuando había prometido en su campaña hacerlo a través de una reconocida firma caza-talentos, en un llamativo gesto de meritocracia: cuando no había transcurrido un año de su gestión, se dio cuenta que el nombrado a dedo, mentor suyo, “no le copiaba”. Los cambios abruptos que sobrevienen en las Empresas Públicas de Medellín, dejándola en evidente riesgo de perder el grado de inversión, no son un hecho menor. En lo que va de este gobierno y cuando la Antioquia se encuentra a la espera de generar el 75% de la energía del país, una vez entre en funcionamiento el proyecto Hidroituango, fue el alcalde quien radicó de manera subrepticia ante el Concejo de Medellín, un proyecto para cambiar el objeto social de las empresas públicas: le incluyó de manera exótica -y quien sabe en representación de qué intereses- la venta de seguros y de turismo, algo tan absurdo que obligó su retiro días después ante la presión de la ciudadanía.
Las graves denuncias de pérdida de autonomía hechas por el gerente saliente, quien narró detalladamente cómo se busca desde el despacho del alcalde Quintero incidir en las decisiones de EPM, demuestran el quiebre del gobierno corporativo, asegurando el deterioro en la calidad de las decisiones. Queda claro que la defensa de la autonomía de las empresas públicas no se ha hecho con el ánimo de omitir decisiones equivocadas, ni encubrir intereses de grupo económico alguno, lo que en todo caso estaba en las manos de una junta directiva igualmente alejada de la política; refleja además una necesidad de mantenerla por fuera de las contingencias a que pueden verse sometidos intereses tan importantes, por los cambios que cada 4 años precave la dinámica de la democracia.
Si bien los medellinenses quieren la revocatoria de este alcalde, quien por sus ademanes y polémicos cuestionamientos en su mediática carrera a la alcaldía, tenían previsto como una persona de riesgo, ello no le da sustento para que a cada señalamiento que hace la ciudadanía, reivindique una lucha política. Vencer la politización que denunciamos, tristemente arraigada en la sociología de lo público en Colombia, tan avanzada y grave como un cáncer que carcome a su paso más de 50 billones de pesos al año – según cálculos de los entes de control – es un propósito tan serio y determinante que no admite estos ambages. La destrucción de valor público no se puede ocultar tras el encono o la enemistad política.
La historia de los emprendimientos con el patrimonio público en Colombia tiene un sinnúmero de fracasos por el clientelismo y politizados manejos. Una señal de advertencia frente a lo que está sucediendo con las empresas públicas no puede ser descartado por entes de control, ni el ejecutivo. Lo más triste de este episodio de Daniel Quintero versus él mismo, es que las nuevas generaciones, aun cuando se muestran férreos en campañas anticorrupcion, no se libran de los terribles yerros que nos sumen en el subdesarrollo, condenando a la ineficiencia de lo publico y signando el deterioro de las más importantes empresas.
